En su reciente visita a una fábrica de equipo militar, reabierta luego de tres años de inactividad, frente a un público compuesto por militares y empresarios y con la presencia del sindicato metalúrgico liderado por el PSTU (Partido Socialista Unificado de los Trabajadores), el presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva justificó el aumento de la inversión en defensa con el argumento de que “Nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que un buen día Paraguay decidió invadir Brasil.” Si bien no señaló de manera precisa a Paraguay como iniciador de la Guerra de la Triple Alianza (la invasión podría interpretarse como respuesta a una agresión), así la entendieron muchos, particularmente en Paraguay, con justa razón.
Como historiadores que investigamos esta guerra y en diálogo con colegas de los cuatro países implicados, queremos aportar algunas reflexiones.
La guerra de la Triple Alianza (1864-1870) fue el conflicto bélico más sangriento de Nuestra América y un episodio bochornoso: dos repúblicas (Argentina y Uruguay) aliadas a una monarquía esclavista, heredera de la colonización lusitana (Imperio de Brasil), contra una república hermana, en momentos en que México enfrentaba la invasión francesa y la Corona española recuperaba la dominación de la República Dominicana y atacaba a las repúblicas del Pacífico.
La crisis uruguaya tras la invasión de Venancio Flores, en abril de 1863, y el conflicto en Mato Grosso fueron los “motores” de la escalada bélica que rápidamente se extendió a toda la cuenca platina.
La cuestión de la responsabilidad del conflicto (quién lo inició y en qué fecha) fue motivo de agrias discusiones cuando aún no se habían enfriado los cadáveres en las trincheras, y —como puede apreciarse— la polémica no se agotó. Algunos consideran que la firma del tratado secreto de la Triple Alianza (1º de mayo de 1865) señala el punto de partida, pero tiene un antecedente en las negociaciones de Puntas del Rosario (18 de junio de 1864) entre los países aliados y el diplomático británico Edward Thornton. Hay muchos historiadores argentinos que señalan que fue el ataque paraguayo a Corrientes (13 de abril de 1865); sin embargo, la supuesta “neutralidad” argentina ante la crisis en la República Oriental del Uruguay solo parecía pretender impedir que Paraguay asistiera al gobierno legítimo de Montevideo, mientras permitía a Brasil y Argentina apoyar a los golpistas “colorados” de Venancio Flores. Bajo este razonamiento, el ataque a Corrientes remite a acciones bélicas previas. Mayoritariamente, los brasileños aducen la captura, por parte de Paraguay, del vapor brasileño Marqués de Olinda (12 de noviembre de 1864) y la ocupación del sur de Mato Grosso (23 de diciembre de 1864), pero del lado paraguayo se responde que aquella captura ha sido la respuesta a la invasión brasileña a Uruguay (12 de octubre de 1864): Asunción había advertido que, cualquier incursión del Imperio en territorio oriental, sería considerado casus belli -es decir, motivo de guerra- (nota del Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay al Imperio, 30 de agosto de 1864). Y agregan que el sur de Mato Grosso se encontraba en disputa y neutralizado, razón por la cual no podían radicarse nuevos asentamientos, según el tratado firmado tras la frustrada invasión brasileña a Paraguay, en 1855, y que Brasil había incumplido en febrero de 1862, lo que generó protestas diplomáticas y enfrentamientos militares.
Como se puede ver, hay fechas de inicio para todas las preferencias, y las distintas historias nacionales y corrientes historiográficas se aferraron a alguna de ellas, reforzando nacionalismos de diversos contenidos y perdiendo de vista la dimensión regional, global e histórica del conflicto.
Pero cabe destacar que esta guerra tiene como telón de fondo causas profundas (originadas en el período colonial), intermedias (durante la etapa rosista y la política “legionaria” antirosista) e inmediatas (a las que ya nos referimos, en vísperas de la guerra). La libre navegación de los ríos interiores, la presión del capitalismo mundial, en plena expansión, para abrir mercados y eliminar proteccionismos, el alineamiento de las elites gubernamentales de los países aliados con potencias europeas y la necesidad paraguaya de acceder al mercado externo sin limitaciones fueron factores que azuzaron los conflictos.
La idea de una agresión brutal e injustificada por parte de Paraguay frente a un Imperio brasileño liberal y desguarnecido y a una Argentina gobernada por el “Partido de la Libertad” que era neutral, progresista y ajena a los conflictos de los países vecinos no condice con la realidad histórica, y responde más bien a la violencia política constitutiva de los Estados nacionales y las lógicas civilizatorias impuestas por las elites liberales ilustradas sobre las vidas y bienes de todas aquellas comunidades políticas preexistentes y resistentes a aquella imposición, extensamente identificadas con la “barbarie” en la literatura política, y en continuidad con la práctica de la colonización ibérica pero con un giro legitimante en la antinomia “civilización vs. barbarie”, a tono con el discurso y las prácticas “modernas” que acompañaron la etapa preparatoria de la fase imperialista a nivel planetario con el consecuente colonialismo y el racismo de la segunda mitad del siglo XIX.
Así, podemos ver que el Mato Grosso brasileño estaba preparado para la guerra varios años antes, con pertrechos, arsenales y fábricas militares para una acción defensiva-ofensiva por tierra y por río, y destinando esclavos a tal fin. Pero ante el avance paraguayo abandonaron posiciones de manera vergonzosa por temor al estallido social en su retaguardia: indios, esclavos, obreros y plebe urbana eran, en realidad, los “enemigos” del ejército imperial esclavista y de los terratenientes locales; se trataba de un ejército entrenado en la represión de una parte importante de la población brasileña para gloria de una minoría artificialmente ennoblecida. Obviamente, los comandantes que huyeron ante los paraguayos, aun contando con recursos para resistir, fueron premiados con títulos de nobleza.
Por su parte, el ejército argentino sostuvo la guerra externa a la par de una feroz “guerra de policía” contra las provincias federales: reclutamiento forzoso, fusilamientos, degollaciones y torturas fueron la norma, todo ello festejado y alentado por la prensa liberal. “¡Guerra de policía! Curioso barbarismo”, exclamaba un exiliado Juan Bautista Albedi. “En todo el país se hablaba, como de lo más natural, de exterminio y de muerte: reinaba el extravío en las ideas”, señalaba Julio Victorica. Por su parte, el embajador británico en Buenos Aires, George Buckley Mathew, indicaba al gobierno argentino el porcentaje de tropas que debía retirarse del frente paraguayo para reprimir la revolución varelista en las provincias. Y las voces que se levantaban contra estos atropellos eran desterradas o encerradas en un insalubre pontón en el puerto de Buenos Aires.
Y en la etapa final de la guerra, un cruento genocida francés, el conde d’Eu, a la sazón yerno del emperador brasileño, comandó una campaña de exterminio contra la población paraguaya, mientras en Buenos Aires se remataban los bienes saqueados en Asunción para “poner en valor” las mansiones de la oligarquía porteña.
Estas prácticas no eran novedad en nuestras sociedades, pero ahora adquirían dimensiones inusitadas y se proyectaron hacia la guerra externa e interna, con un discurso que la justificó, la instigó y la encubrió, montando así una operatoria de deshumanización del contrincante que habilitó al exterminio.
El esfuerzo bélico implicó emisión monetaria y el recurso a préstamos con la banca británica, y el impacto económico de la guerra y la deuda externa pesaría más fuerte sobre las espaldas del pueblo, y no sobre las de la clase dirigente.
Nada glorioso hay en estas acciones de armas. No fue nuestra guerra sino una guerra contra los pueblos del Plata. Ni el gobierno liberticida de Mitre ni el imperio esclavista de Pedro II representan a los pueblos argentino y brasileño.
A mediados del siglo XX fueron ganando terreno interpretaciones distintas de la Guerra de la Triple Alianza; por ejemplo, aquellas que emergieron en el contexto de la devolución de trofeos de guerra a Paraguay por el gobierno de Perón, con la premisa de que no fue la guerra de los pueblos sino la guerra de los gobiernos. En Argentina, esa coyuntura dio inicio a una renovación historiográfica que complejizó su análisis, alejándose de los discursos legitimadores de la tradición narrativa mitrista y de los relatos militaristas o en clave diplomática. Pero en Brasil, la pesada herencia imperial-oligárquica dejó su huella indeleble, a pesar de voces disidentes como la de Raimundo Teixeira Mendes, el creador de la actual bandera brasileña, quien sostenía la responsabilidad del emperador esclavista por el desencadenamiento de la guerra y del exterminio.
Pasado un siglo y medio, los crímenes de esta guerra comenzaron a analizarse en el marco del Parlasur mediante las audiencias realizadas, en 2022, en Argentina, Uruguay y Paraguay. Lamentablemente, la presión bolsonarista disuadió a colegas brasileños de participar. Retomando palabras del Relatorio del Parlasur: “es importante enfatizar que la verdad y la justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza, lejos de ser una cuestión del pasado, es imprescindible para construir una América Latina con memoria de su pasado, para no volver a repetir la misma tragedia –como algunos autoritarios nostálgicos y otros desmemoriados siguen proponiendo– que causó un verdadero genocidio”.
Brasil tiene derecho a defenderse; Argentina, Uruguay y Paraguay también. Mejorar las defensas de nuestros países hoy no requiere revivir las reyertas del pasado, impulsadas por intereses imperiales y oligárquicos, sino pensar en cuáles son los desafíos para la construcción de un modelo de país que incluya a las mayorías populares, defienda nuestra soberanía, apueste por un proyecto de desarrollo autónomo y realice la justa crítica a la historia en común.