Mientras el gobierno intenta apropiarse del debate sobre proyectos de endeudamiento familiar para desactivar a la oposición en el Congreso, el oficialismo decidió abrir este martes la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que analiza los decretos presidenciales. El cuerpo debe considerar 186 decretos, facultades delegadas y vetos parciales que se acumularon en los últimos años, dictados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Tras medio año sin trabajo parlamentario en la comisión, los libertarios propusieron comenzar con el análisis de una veintena de decretos de necesidad y urgencia (DNU) referidos a la nomenclatura común del Mercosur. Sin embargo, el peronismo pidió poner en tratamiento el DNU 941/2025 que, entre otras cuestiones, habilita a efectivos de inteligencia a arrestar a civiles en zonas de riesgo.
En el marco del encuentro, la senadora Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) explicó que avanzar en los decretos vinculados al Mercosur “representa un debate estratégico institucional para nuestro país, para que no existan vacíos normativos y haya reglas claras; además, en el Congreso se están llevando a cabo muchos acuerdos internacionales”. La titular de la Comisión sugirió trabajar en reuniones de grupos de asesores, por bloques, para analizar los aspectos técnicos.
A su turno, la diputada de Unión por la Patria Teresa García se refirió a la necesidad de tratar tres decretos de necesidad y urgencia firmados por Javier Milei. “Las facultades a los servicios de inteligencia, el ingreso de tropas extranjeras, el avance sobre las facultades del Poder Judicial”, indicó la vicepresidenta de la comisión.
“Todos ellos tienen un componente de vulnerar la Constitución. El ingreso de tropas es materia del Congreso. En cuanto a la materia migratoria, tiene directamente afectación sobre las personas, no se sabe cuál es el alcance del decreto y pone en vulnerabilidad a las personas para acceder a los instrumentos que tiene el Estado para resolver sus vidas”, añadió García.
Por su parte, la diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria) solicitó que se trate el decreto 312/25, de facultades delegadas, porque elimina el Fondo Fiduciario de Manejo del Fuego que emana de la Ley 26.815.
“Me interesa particularmente porque hace poco este Senado trató la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en la cual el conjunto de senadores resolvió excluir del proyecto las modificaciones que se iban a incorporar respecto al manejo del fuego. El Poder Ejecutivo no puede encontrar un atajo para legislar en una materia que el Senado ya rechazó”, agregó Siley.
En otro orden, el oficialismo en el Senado, tras la reunión de la mesa política que se desarrolló esta tarde en la Casa Rosada, avanzará el próximo miércoles 9 de septiembre con una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales para volver a activar el debate sobre el proyecto de reforma política del gobierno.
El encuentro en la Rosada fue encabezado por Karina Milei (La Libertad Avanza) y contó con la presencia de Martín Menem (La Libertad Avanza), presidente de la Cámara Baja, y de Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), jefa de bancada de La Libertad Avanza en el Senado. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli (Pro); el vicejefe Ignacio Devitt (Pro); el secretario de Prensa, Fabián Fernández; el asesor Santiago Caputo (La Libertad Avanza); y Eduardo “Lule” Menem (La Libertad Avanza).
La eliminación de las elecciones PASO sigue siendo motivo de disputa en la Cámara Alta con los aliados, sobre todo radicales y del PRO, por lo que el jefe de Gabinete, Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para destrabar el tema y conseguir el apoyo de los espacios provinciales.
Para ganar tiempo de negociación, según pudo saber Tiempo, la comisión que preside el fueguino Agustín Coto (La Libertad Avanza) planea un calendario de trabajo extenso con varias reuniones informativas e invitados.
Por otro lado, Bullrich se prepara para dictaminar este miércoles el Súper RIGI, que saldrá con dos modificaciones pedidas por los aliados, por lo que el texto volvería a Diputados, donde no cayó bien la negociación de la jefa del bloque libertario del Senado.
Entre los cambios, se reforzaría la obligación de que los grandes proyectos incluidos en el Súper RIGI compren bienes y contraten servicios de empresas argentinas. Además se establecerá que los grandes proyectos de inteligencia artificial cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para no generar una sobredemanda en las provincias.