El gobierno porteño sigue dejando a más familias en la calle. En esta ocasión mediante el procedimiento de un desalojo de un inmueble ubicado en San Blas 1974 (San Blas y Andrés lamas) en el barrio de La Paternal. El procedimiento comenzó a las seis de la madrugada y, según voceros oficiales del gobierno porteño, están esperando que la fiscalía envíe la orden judicial para concretar el desalojo.
El inmueble es habitado por más de 100 personas, algunas de ellas con discapacidad y decenas de niños y niñas. Al lugar se acercaron referentes políticos, vecinos y vecinas de barrios linderos y docentes de escuelas aledañas, una de ellas, casualmente, de la extinta escuela Fray Justo, establecimiento educativo que fue recientemente cerrado por la gestión de Jorge Macri.
Los legisladores de Fuerza por Buenos Aires, Delfina Velázquez y Andrés La Blunda, se acercaron al inmueble pero rápidamente la Policía de la Ciudad valló todo el lugar.
“Éste es uno más de los procedimientos absolutamente ilegales que está llevando adelante el gobierno de la ciudad para poder desalojar a familias sin tener que dar una respuesta habitacional correspondiente, violando todas las garantías de las familias porque dicen que tienen una orden telefónica de una fiscalía para ingresar al domicilio cuando no hay ninguna denuncia penal, no hay ningún delito y no dan cuenta de ninguna orden por escrito”, contó a Tiempo la diputada porteña Delfina Velázquez,
“Hacen uso de la fuerza para ingresar a los domicilios sin darle ninguna notificación y violando todos los derechos de las familias Ya ingresaron y les están diciendo que los van a desalojar”, agregó la eferente política de la Ciudad.
Emir hace 29 años que vive en el inmueble que Jorge Macri está desalojando, y su mamá hace más de 40 años que reside en el mismo lugar
“Vinieron a las 6 de la mañana 4 camionetas de infantería, 4 camionetas de una brigada de la Línea 103 de emergencias de la Ciudad. Se quisieron meter si n orden judicial y no los dejamos. Esperaron un rato pasó una hora y volvieron a reunirnos a todos y dijeron que sí, que ya había una orden de la Fiscalía número 8 y que supuestamente la orden fue por teléfono, y tampoco los dejamos pasar”, contó a Tiempo Emir
“Nos quedamos en la puerta con la puerta cerrada bueno pusieron a la Fuerza de Seguridad, nos dijeron que si no salíamos o no dejábamos que entren a sacar fotos lo iban a hacer por la fuerza, dejamos que entren sacaron fotos y demás salieron y ahora nos están haciendo la parte censal. Aparentemente dicen que nos van a reubicar en otro lado es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que nos den 200 lucas o 50 lucas por mes. No queremos eso tampoco queremos que nos lleven a ningún parador porque todos sabemos que es peor que una cárcel”, agregó.
Tiempo se puso en contacto con la Agencia Gubernamental de Control para conocer los motivos del desalojo, pero hasta el momento ningún funcionario dio respuesta a nuestro pedido.
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