En Argentina, este sábado 5 de septiembre entró en vigencia la baja de la edad de punibilidad. Lo hizo mediante la Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil, a partir de este momento, las y los adolescentes son punibles a partir de los 14 años. Una medida que retrocede décadas en la discusión académica y comunitaria sobre la problemática, fue creada por el gobierno de Javier Milei.
Cabe destacar que la punibilidad consiste en la posibilidad legal de recibir una pena o castigo por haber cometido un acto delictivo. En este marco, Tiempo dialogó con distintas-distintos profesionales que advirtieron sobre los aspectos regresivos de la norma que generarán un impacto negativo en un corto plazo y habrá más violencia.
«Lo que han hecho es un despropósito”
El presidente y referente nacional de la Confederación Socialista Argentina (CSA) Jorge Rivas, expresó su mirada sobre la nueva Ley. Abogado constitucionalista y exdiputado nacional, quien sufrió un violento robo en 2007, en el que recibió un fuerte golpe que lo dejó tetrapléjico.
Rivas sostuvo: «No hay país ni ciudad en el mundo que a través del camino de aumentar penas o bajando la edad de la punibilidad hayan mejorado los niveles de seguridad«.
El presidente de CSA retomó lo ya antes dicho por el socialista Alfredo Palacios, sobre que «el Código Penal solo se le aplica a los pobres». Y señaló la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación «para justificar la mano dura y el encierro punitivo en forma masiva».
«Una demagogia punitivista»
El exdiputado nacional también dijo que no le sorprende lo que han hecho, porque es la típica y repetida cantinela de las derechas como respuesta a la inseguridad ciudadana. Sostuvo que es una demagogia punitivista que solo tiene por objeto fidelizar electoralmente al núcleo de accionistas duros de derecha.
Continuó asegurando que también es cierto que buena parte de la sociedad, al sostener la demanda de mayor seguridad, se embandera con consignas estatutarias que solo persiguen la vendetta pública. Pero que nunca se debe descalificar ligeramente todas las demandas por mayor seguridad, «como solemos hacer desde la izquierda o el progresismo», reflexionó.
Rivas completó. «Ya que otra buena parte de la sociedad, al reclamar al Estado la debida protección de sus familias y bienes, está expresando su derecho a una mayor calidad de vida. Además, esa demanda a una mejor calidad de vida, siempre debe interpretarse como una demanda auténticamente democrática«.
«El problema son las desigualdades»
L a abogada Claudia Cesaroni, fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), sostuvo que la desigualdad de oportunidades en la sociedad es el núcleo del problema. «Es la que genera violencia en las personas de todas las edades, aún más en los niños, niñas y adolescentes», puntualizó.
Cesaroni, junto a un grupo de personas, hace décadas viene luchando contra los distintos gobiernos que pretendieron encarcelar a niños, niñas, y adolescentes. “Estamos totalmente en contra de la nueva Ley punitivista del gobierno, como estuvimos en contra de todas las iniciativas que pasaron con la intención de bajar la edad de la punibilidad”, denunció la letrada.
Para la abogada y escritora, la nueva Ley del oficialismo: “Es totalmente regresiva y represiva. La definimos como la peor de todas. Además, reinstala la lógica del Patronato de Liberados para los que no son punibles. O sea, lo hace incluso hasta en edades inferiores a la estipulada en la nueva norma”.
Luego señaló que el Estado “debería garantizar los derechos a todos los niños, niñas y adolescentes. Porque ese es el rol que le corresponde. Nuestro país tiene la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional y la Ley de Protección Integral 26.061”, argumentó y reclamó.
En relación al tratamiento mediático que hay sobre la problemática consideró que “en este tema, como todos los vinculados al delito o la llamada inseguridad o violencia interpersonal, los medios hegemónicos de comunicación construyen la figura del enemigo, un monstruo al que sólo se lo puede exterminar o encerrar”.
«La nueva Ley del Gobierno es terrorífica»
Ana Sicilia es periodista, creadora del proyecto «Libros en los pabellones» y autora de «Libris tras las rejas», en diálogo con Tiempo, expresó: «Considero que es un grave error. La nueva Ley del Gobierno es terrorífica«.
Y completó. «Pero si miramos hacia atrás, en esta joven democracia que tenemos, podemos ver que tampoco se ha encarado el asunto con una voluntad política real de transitar y atravesar la problemática de la inseguridad que es estructural en la sociedad. Tampoco se vio un ánimo de querer brindar una solución concreta al respecto«.
Sicilia señaló que es un problema que no se soluciona con parches ni con políticas que ya se sabe que no nos llevan a ningún lado; porque solo producen y reproducen más violencia. Y que basta con visitar los institutos de menores y las cárceles para darse cuenta que la desidia no es de ahora.
La periodista enfatizó: «Hubo otras gestiones progresistas que fueron mucho más inclusivas, pero es como que siempre falta un poco más. Siento que nadie ha tomado la decisión de ir a fondo para producir un verdadero cambio. Pienso que nos debemos eso como sociedad».
Foto: Comision Provincial de la Memoria
«El 70% de los chicos no vuelven a reincidir»
Marcela Velurtas, es trabajadora social de los equipos interdisciplinarios de la Justicia Nacional Penal Juvenil. La experta explicó que la nueva Ley del Gobierno no contempla ningún tipo de estrategia para encontrar una solución a la problemática y por lo tanto la considera “una política regresiva”.
Además, sostuvo que los medios hegemónicos de comunicación “lo único que buscan es rellenar la pantalla, hablan de los jóvenes en términos generales. En realidad son adolescentes. Y ahí es cuando confunden todo y los presentan como monstruos en la sociedad”. Pero lo real, «es que el 70% de los chicos no vuelven a reincidir», remarcó.
“Lo que han hecho no tienen ninguna correlación con todos los desarrollos que tienen que ver con la pediatría ni la neurociencia, respecto a la capacidad de comprender y responsabilizarse que tiene una persona a esa edad”, explicó la especialista.
Una medida de caracter regresivo
Marcela aseguró que Argentina no puede tener una política regresiva como esta, porque lo que el oficialismo hizo está observado y rechazado por todo el plexo normativo internacional. Y que, inclusive, hay una recomendación del Comité de los Derechos del Niño al Estado argentino, que la hizo a partir del proyecto que fue presentado en el 2017 por el macrismo, que en ese momento le señaló no reducir la edad de la punibilidad.
También «apuntó no adoptar ninguna medida de carácter regresivo», fundamentó la especialista. “Esta nueva Ley no solo baja la edad de la punibilidad, también endurece las penas privativas de la libertad, las amplía a periodos exorbitantes. El Fuero Penal Juvenil debería implementar un tratamiento que no sea solo sancionatorio, sino de inclusión y oportunidades”, afirmó Velurtas.
No a la baja de punibilidad
Gabriela Tozoroni, es licenciada en trabajo social, referente de Argentina No Baja y exdirectora de Establecimientos Penales Juveniles de la Provincia de Buenos Aires. Recordó que esta reforma regresiva se intentó hacer en el territorio bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.
Tozoroni continuó repasando que luego se volvieron a reagrupar en el año 2017, cuando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que conducía Germán Garabano, durante el gobierno de Mauricio Macri, junto a Patricia Bullrich en seguridad; intentaron llevar adelante un proyecto de Ley para bajar la edad de punibilidad. Hasta que finalmente, ahora logró establecerlo el gobierno de Javier Milei.
«Es un tema muy sensible. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces dejamos de ver a ese niño, niña o adolescente como sujeto de derecho o como víctima y solo lo miramos como victimario. Digo esto porque existe todo un camino para que un adolescente llegue a estar involucrado en un delito y tiene que ver con las vulneraciones de derechos«, explicó la licenciada.
Y completó: «Quizás, las nuevas generaciones junto a sus familias no fueron abrazadas por una comunidad y sus sistemas de protección, que muchas veces llegan tarde o directamente han fallado. A la vez, en términos generales, nuestros niños, niñas y adolescentes que están involucrados en una situación de delito, muchas veces son cooptados por organizaciones criminales que son dirigidas por personas adultas«.
Adolescentes víctimas del abandono estatal
También dijo que hay casos en los que el consumo problemático también genera situaciones de puntos de contacto con lo delincuencial. Y que en la actualidad, hay un Estado que se retiró las políticas de asistencia alimentaria, dejó de estar presente a través de la educación y con distintas políticas públicas inclusivas.
La licenciada mostró su preocupación porque la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se ha corrido del territorio, ya que el oficialismo ha desfinanciado todos los programas. Y cuando el sistema de protección se retira, es el Estado el que deja de estar presente.
Tozoroni concluyó: «Entonces lo que queda es el mercado regulando las relaciones sociales, ahí es cuando aparecen otros tipos de actores vinculados, en este caso, las organizaciones criminales del narcotráfico, entre otras, que terminan teniendo como rehenes a nuestros pibes y pibas en los territorios«.