Tras varios intentos de diálogo fallidos y la negativa de los sectores movilizados a buscar una salida consensuada, en las últimas horas surgió la propuesta de convocar a un referéndum para consultar a la población sobre la continuidad del mandato de las principales autoridades del país.
«No podemos permitir que la violencia derroque gobiernos (…) la autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada», manifestó el diputado Carlos Alarcón, del partido centrista Unidad.
En un texto publicado en sus redes sociales, el legislador planteó aprobar una «ley interpretativa de la Constitución» para convocar a un «referéndum revocatorio extraordinario» dentro de tres meses. «Estamos en un callejón sin salida por los bloqueos indefinidos», manifestó y justificó su propuesta a fin de evitar la escalada de violencia o un enfrentamiento entre bolivianos.
En esa misma línea se pronunció el exsenador y excandidato presidencial de izquierda Andrónico Rodríguez, quien sugirió hacer la consulta ciudadana porque considera «urgente encaminar soluciones inmediatas por la vía democrática».
El tema ha generado debate en Bolivia. Mientras algunos buscan soluciones que vayan más allá del uso de la fuerza y el diálogo, que no ha dado resultado hasta ahora, otras voces han rechazado la posibilidad de acortar el mandato de Paz, que inició hace casi siete meses.
Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, descartó impulsar la propuesta porque está fuera del marco constitucional, que establece la realización de revocatorios después de la mitad del mandato. Con las leyes vigentes, la consulta ciudadana podría realizarse recién a partir del 8 de mayo de 2028.
«Estamos en absoluto desacuerdo con pedidos que vayan en contra de lo que manda la Constitución. Pero, al mismo tiempo, existe una situación en la que el Gobierno tiene que resolver los problemas que conflictúan a la población», manifestó Del Granado.
La medida de presión se ha tornado insostenible para el país. Fuera de las pérdidas millonarias que representa para sectores estratégicos como la industria y el transporte, la población de La Paz y El Alto padece las consecuencias de un cerco prácticamente total: escasez de alimentos, de medicamentos, interrupción en el transporte público, falta de combustible, encarecimiento de productos básicos y la suspensión de algunos servicios de salud y de las clases escolares presenciales.