La comunidad educativa de Corrientes se vio alterada en los últimos días debido a una serie de mensajes intimidatorios que advertían sobre posibles ataques armados en diversos establecimientos escolares de Capital y Bella Vista. Estas amenazas, que circularon inicialmente a través de grupos de WhatsApp y mediante pintadas encontradas en los sanitarios de instituciones emblemáticas como el Colegio Nacional y el Instituto Roubineau, generaron una profunda inquietud entre los padres, alumnos y docentes. Ante la gravedad de la situación, las autoridades provinciales desplegaron un dispositivo de seguridad sin precedentes para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y llevar tranquilidad a las familias.
El jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, tomó un rol protagónico en la gestión de esta crisis y brindó detalles precisos sobre los avances de la investigación. El funcionario confirmó que las fuerzas de seguridad han logrado individualizar a seis estudiantes como los presuntos responsables de emitir las amenazas en la capital provincial. Según las investigaciones preliminares, estas acciones no serían hechos aislados ni reflejarían una voluntad real de cometer delitos de sangre, sino que formarían parte de un peligroso reto viral que circula en la plataforma TikTok.
Esta tendencia, que ya ha provocado situaciones similares en otras jurisdicciones del país, puso en alerta a las fuerzas policiales, obligándolas a activar protocolos de actuación inmediata en estrecha coordinación con las autoridades educativas.
Leguizamón explicó que la problemática tiene un alcance preocupante, abarcando un total de 13 establecimientos educativos en toda la provincia, divididos entre seis colegios de Capital y siete instituciones localizadas en el interior provincial. En cada una de estas escuelas donde se formalizaron las denuncias correspondientes y se judicializaron los hechos, la Policía implementó operativos de presencia constante.
El jefe de la fuerza subrayó que desde las primeras horas de la jornada se dispuso un despliegue operativo exhaustivo. Este esquema incluyó controles rigurosos en los accesos a los edificios escolares, donde los agentes policiales realizaron una revisión a cada estudiante al momento de ingresar a las instalaciones. Esta medida intentó descartar el ingreso a los establecimientos de cualquier elemento peligroso y, fundamentalmente, transmitir un mensaje de control y seguridad ante el clima de incertidumbre reinante.
El comisario también aclaró detalles sobre los autores identificados hasta el momento, precisando que se trata de varones adolescentes. A pesar de la naturaleza intimidatoria de los mensajes, el jefe policial puntualizó que los menores permanecen asistiendo a clases de manera regular, aunque se encuentran bajo un estricto seguimiento por parte de la Justicia. La causa se encuentra bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Troia, quien tiene a su cargo la responsabilidad de determinar las implicancias legales para los estudiantes y, por extensión, para sus tutores legales. Se aguardan definiciones judiciales adicionales que podrían derivar en nuevas medidas según sea necesario para encauzar la situación y prevenir futuras conductas de esta índole.
La coordinación entre la Policía de Corrientes y el Ministerio de Educación ha sido fundamental para mantener la operatividad del sistema escolar. El protocolo de seguridad se diseñó para brindar una respuesta rápida y eficaz logrando contener el pánico social derivado de los anuncios de tiroteos, los cuales, de acuerdo a agencias noticiosas, no solo se registraron en Corrientes (Ver nota lateral).
Si bien las autoridades han enfatizado que el origen de estas amenazas parece estar ligado a dinámicas de redes sociales, el impacto en la comunidad ha sido patente.