DESDE SU FUNDACIÓN EN 1986, EL INSTITUTO HA REUNIDO EDUCACIÓN, TERAPIA Y CONTENCIÓN EN UN MISMO ESPACIO, ACOMPAÑANDO A CIENTOS DE ALUMNOS Y SUS FAMILIAS A LO LARGO DE LOS AÑOS.
Textual
Luciana Merlo
Coordinadora Pedagógica.
Cuatro décadas es el reflejo del esfuerzo de cada docente, profesional y familia que confió en nuestro proyecto.
El 40° aniversario del Instituto Privado de Educación y Capacitación (Ipec), en Corrientes, encuentra a la institución lejos de cualquier celebración. Referente histórico en la atención interdisciplinaria de personas con discapacidad, el instituto atraviesa una situación financiera crítica que compromete su funcionamiento y expone una problemática estructural que afecta a todo el sector.
Fundado en 1986 por Alicia Buti y Ernesto Desimoni, el Ipec fue pionero en la provincia al concentrar en un mismo espacio servicios terapéuticos, educativos y de contención. Su propuesta respondió a una demanda concreta: evitar que las familias debieran peregrinar por distintos centros para acceder a prestaciones básicas.
Cuatro décadas después, esa estructura -que hoy involucra 82 cargos y atiende a más de 300 alumnos en siete modalidades- depende casi exclusivamente del financiamiento de obras sociales. La ausencia de aranceles directos por parte de las familias, característica de este tipo de instituciones, deja al sistema expuesto a los retrasos en los pagos, un problema que se agravó en los últimos meses.
En ese contexto, programas nacionales como Incluir Salud registran demoras significativas, lo que impacta de manera directa en la cadena de funcionamiento: salarios, servicios básicos, transporte y continuidad de tratamientos.
«La ecuación es inviable si no se regularizan los pagos», advierte la coordinadora pedagógica a NORTE de Corrientes, Luciana Merlo. En el último mes la institución solo pudo cubrir el 25% de los haberes, una situación inédita en su historia reciente.
El cuadro no es aislado. Instituciones similares en todo el país enfrentan dificultades análogas, lo que vuelve a poner en discusión el esquema de financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad y la sostenibilidad de los prestadores.
Mientras tanto, la respuesta inmediata en el Ipec provino de su propia comunidad. Familias, profesionales y colaboradores impulsaron iniciativas solidarias -rifas, ventas y colectas- que permitieron sostener parcialmente la operatoria diaria. La escena, aunque destacable por su nivel de compromiso, evidencia el grado de fragilidad al que ha sido llevado el sistema. En paralelo, se articula una estrategia para obtener recursos extraordinarios.
Con el acompañamiento del vicegobernador Pedro Braillard Poccard se organizó una gala benéfica para el 13 de mayo en el Teatro Vera. El evento reunirá a artistas locales, entre ellos Los Alonsitos, y busca cubrir compromisos inmediatos mientras se aguarda una normalización de los flujos de pago. Más allá de la coyuntura, el riesgo es concreto. Un eventual cierre implicaría la interrupción de tratamientos para cientos de personas y la pérdida de empleo para los profesionales, además de desarticular una red de contención construida a lo largo de 40 años.
El caso del Ipec sintetiza una tensión mayor: la distancia entre el reconocimiento formal de derechos en materia de discapacidad y las condiciones reales para garantizar su cumplimiento. En ese cruce, instituciones claves quedan expuestas a crisis recurrentes, con escaso margen de maniobra. A cuatro décadas de su creación, la institución no solo conmemora su trayectoria, también enfrenta una instancia decisiva que trasciende lo institucional y remite, en última instancia, a las prioridades del sistema.
El posible debilitamiento o cierre de un espacio como el Ipec no implica únicamente la interrupción de una prestación educativa o terapéutica: supone un retroceso concreto en los procesos individuales de cada niño, niña y joven que allí asiste.
En el campo de la discapacidad, la continuidad de los tratamientos es un factor determinante. La interrupción, incluso por períodos breves, puede derivar en pérdida de habilidades adquiridas, dificultades en la regulación emocional y un impacto directo en la autonomía alcanzada tras años de trabajo sostenido. A esto se suma un aspecto menos visible pero igualmente crítico: el Ipec funciona como un espacio de socialización y pertenencia. Para muchos estudiantes es el ámbito donde construyen vínculos, desarrollan rutinas y encuentran estabilidad.
La ruptura de ese entorno no solo afecta a los concurrentes, sino también a sus familias, que dependen de esa red para acompañar los procesos cotidianos. En ese sentido, el riesgo no es únicamente institucional, sino profundamente humano, con consecuencias que exceden lo pedagógico y alcanzan la calidad de vida de toda una comunidad.
Servicios esenciales en riesgo: convocan a protesta nacional
Organizaciones del sector de discapacidad convocaron a un cese de actividades y movilización en reclamo por la crisis que atraviesan las prestaciones en todo el país. La medida se realizará el próximo miércoles 22 a las 11 frente al Ministerio de Salud de la Nación y es impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a entidades de distintas provincias.
Según informaron desde el Foro, la protesta se enmarca en un contexto crítico para las instituciones y prestadores del sector, marcado por atrasos en los pagos, acumulación de deudas y falta de actualización de aranceles. Estas irregularidades, aseguran, ponen en riesgo la continuidad de los servicios esenciales y el acceso a derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Los representantes de las organizaciones advirtieron que la falta de medidas concretas por parte del Estado nacional agrava el escenario y compromete el funcionamiento de múltiples espacios dedicados a la atención, educación y acompañamiento de personas con discapacidad.
«La situación es insostenible: muchos prestadores no pueden cubrir salarios, mantener servicios básicos ni garantizar la continuidad de los tratamientos. Esto no solo afecta a los trabajadores, sino principalmente a las personas que dependen de estas prestaciones para desarrollar su autonomía y calidad de vida», señaló un vocero del Foro.
De acuerdo con los datos aportados, miles de prestadores en todo el país sufren retrasos en los pagos y la acumulación de deudas, lo que impacta de manera directa en la calidad y la regularidad de los servicios. La falta de actualización de los aranceles complica aún más la situación, dejando a muchas instituciones con recursos insuficientes para sostener sus programas.
La jornada de protesta contará con la participación de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del sector e integrantes de instituciones de distintas regiones del país. El objetivo es visibilizar la crisis estructural, poner en agenda la situación del sector y exigir respuestas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento efectivo de derechos.
Desde el Foro subrayaron que, más allá de la protesta, es necesario que el Estado implemente medidas inmediatas y sostenibles que incluyan actualización de aranceles, pagos regulares y apoyo a las instituciones que atienden a miles de personas con discapacidad en todo el país.
«La movilización es un llamado a la acción: no podemos permitir que la crisis administrativa y financiera se traduzca en la interrupción de servicios esenciales que sostienen vidas, aprendizajes y proyectos de miles de personas», concluyeron.