La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación realizó este martes una reunión en la que concluyó que hubo un gran incremento de la represión y persecución a la protesta social desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023. De la misma, participaron los organismos de control, las militancias, invitados de organizaciones sociales, sindicatos, centrales gremiales y personas que enfrentan procesos penales por causas «armadas».
El cónclave fue coordinado por el diputado nacional, presidente de la Comisión y nieto restituido número 75, Horacio Pietragalla Corti.
El Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronunciaron su preocupación sobre la restricción del derecho a la protesta social que hay en Argentina. Durante la reunión, funcionarios del oficialismo expresaron agravios e insultos y se retiraron de la sala a los gritos.
Todos entendieron que desde la asunción al poder de Milei, la represión en la protesta social ha mostrado un crecimiento exacerbado contra los más desprotegidos. Lo hizo acompañado de la implementación de sus políticas económicas de ajuste estructural y recortes de derechos, impactando directa y negativamente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
«Manifestarse contra las políticas de ajuste que aplica el gobierno de Milei es un derecho constitucional y lo vamos a seguir defendiendo con todas las herramientas que estén a nuestro alcance», aseguró el diputado Pietragalla Corti. Y completó: «Vamos a continuar reuniendo evidencia para interpelar a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva».
Además, señalaron que la respuesta del gobierno ante el reclamo del pueblo ha sido la represión y persecución, violando así todos los principios internacionales que protegen el derecho a la protesta social y la libertad de expresión; atacando a las y los trabajadores de prensa. Las víctimas directas de estas políticas represivas han sido principalmente los jubilados, los colectivos de discapacidad y los trabajadores.
Contra los desprotegidos
La represión se desató de manera sistemática y furiosa tras la puesta en vigencia del “Protocolo Antipiquete” por parte de la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Al que todos los organismos de Derechos Humanos señalan como «inconstitucional, anticonvencional e inhumano». En la reunión también estuvo La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
En representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estuvo Rodrigo Pomares, quien detalló: «La represión en la protesta social es de carácter selectivo, siempre atacan cuando se manifiestan los sectores más desprotegidos, por ejemplo, los jubilados, los discapacitados y los colectivos de trabajadores que reclaman».
Milei aplica el uso desmedido de las fuerzas policiales estatales en protestas pacíficas, las que son reprimidas con balas de goma y gases lacrimógenos por fuera de los estándares internacionales de control y protección. También han ocurrido detenciones masivas y arbitrarias, la apertura de procesos judiciales y el ataque a periodistas que realizan la cobertura para asegurar la información seria sobre lo que está pasando.
En esta línea, cabe destacar que los organismos de Derechos Humanos han advertido que la implementación de estas políticas represivas va en contra de todos los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos porque ponen en riesgo libertades y derechos fundamentales de las personas y destruye todos los símbolos de la democracia.
Martina Noailles estuvo representando al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa): «La represión es parte de un plan sistemático de ataque a la prensa, que quiere limitar el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y lo que es mucho peor, el derecho a la información», apuntó.
Continuó ahondando. «Es el derecho que tiene el pueblo de poder informarse, porque la base de la democracia es poder informarnos. La prensa tiene un rol fundamental en eso, entonces la represión se une a la persecución que estamos viviendo las y los trabajadores de prensa. La sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada, 60 periodistas no pueden entrar a hacer su trabajo».
Noailles concluyó: «Hay una criminalización, denuncias penales y civiles contra compañeras y compañeros por lo que escriben, por lo que dicen y por lo que investigan. Son todas denuncias que después quedan en la nada, la mayoría son sobreseídos o las causas se archivan, está claro que buscan disciplinarnos; pero no lo vamos a permitir».
También estuvo Fabian, el padre de Pablo Grillo, el fotoperiodista que recibió un balazo en la cabeza mientras realizaba una cobertura, entre muchas otras víctimas de la represión estatal -cada una de ellas contó su experiencia- que está ejecutando el gobierno libertario.