Casi una década después del recurso presentado por Abuelas de Plaza de Mayo, la Corte Suprema de Justicia resolvió revocar la sentencia de la Cámara de Casación Penal y dejó sin efecto el sobreseimiento de ex funcionarios judiciales que intervinieron en la apropiación del nieto Manuel Gonçalves Granada.
Se trata del ex titular del Juzgado de Menores del Departamento Judicial de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, el ex magistrado Juan Delfín Castro y los ex asesores de menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina, sobreseídos sin siquiera ser indagados.
La decisión de la Corte, que contó con los votos favorables del juez Horacio Daniel Rosatti y los conjueces Carlos Alberto Vallefin y Richar Fernando Gallego, declaró procedente el recurso de queja de la querella de Abuelas y de la fiscalía y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento que respete los principios de verdad y justicia. Los otros dos cortesanos, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, votaron en contra.
“Es una gran noticia por lo complejo del sistema en el que debimos batallar para llegar a este triunfo”, manifestó Manuel a Tiempo y destacó la “expectativa de que efectivamente empiece a suceder lo que debería haber pasado en el inicio de esta causa: que efectivamente se investigue y tengan que responder los funcionarios judiciales que intervinieron en en un proceso que terminó en una adopción con muchísimas irregularidades”. Y completó: “Básicamente el cuestionamiento es sobre lo que no se hizo”.
El nieto, hoy miembro de la comisión directiva de Abuelas, destacó la dificultad de que el Poder Judicial investigue a sus propios miembros. “Es una una situación de mucha desventaja la de tratar de hacer justicia en procesos judiciales sobre miembros del propio Poder Judicial que en este caso han estado durante muchos años dentro de esa función. Efectivamente, eso es parte de la explicación de por qué pasaron casi 20 años desde que iniciamos esta causa”, señaló.
Por último, destacó “a todos esos funcionarios que se involucraron y que trabajaron para echar luz sobre sobre toda esta situación y todas estas irregularidades”.
La novedad fue celebrada también por Abuelas en un comunicado difundido este miércoles en el que destaca que esta resolución del máximo tribunal “abre camino para que finalmente se investigue la responsabilidad y participación de magistardos/as, funcionarios/as y personal judicial en el plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado”.
“De los 140 casos resueltos hay 30 en los que personal judicial intervino a través de guardas, internaciones y adopciones. Hoy estamos un poquito más cerca de hacer justicia por Manuel y esperanzados de que este precedente traiga luz a otras causas similares, las más difíciles de desentrañar por la complicidad y el silencio. El fallo se trata de una resolución clave para las causas de lesa humanidad en el país”, añadió la institución presidida por Estela de Carlotto.
Manuel era apenas un bebé de seis meses cuando el 19 de noviembre de 1976 su mamá, Ana María del Carmen Granada, fue asesinada durante la masacre de la calle Juan B. Justo en San Nicolás, en la que también murieron el matrimonio Amestoy-Fetollini y sus dos hijos, de cinco y tres años.
Tras el ataque a la casa donde estaba, Manuel fue internado durante tres meses y permaneció a disposición del juez de menores Juan Carlos Marchetti, con la intervención del asesor de menores Juan Carlos Magni.
“A partir de ese momento se activó un engranaje de ocultamiento. A pesar de que en 1978 diversos organismos de derechos humanos acudieron al juzgado buscando a hijos de desaparecidos, Marchetti jamás informó que había tenido bajo su órbita la custodia del niño. Por el contrario, en un trámite exprés y sin agotar las diligencias necesarias para identificar al niño y ubicar a sus familiares, el 15 de febrero de 1977, el juez entregó la guarda provisoria de Manuel al matrimonio compuesto por Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, que tenían vínculos con el propio magistrado”, señaló Abuelas.
“En 1981, la pareja obtuvo la adopción plena por disposición del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Juan Delfín Castro y con la intervención del asesor de menores Francisco García Cortina. El expediente de guarda halla numerosas inconsistencias e irregularidades que permiten inferir conocimiento del juez interviniente sobre la verdadera identidad de Manuel, no obstante, hizo entrega del niño al matrimonio Novoa-Rodríguez”, añadió.
Foto: @abuelasdifusion / Twitter
A pesar de los intentos por evitarlo, en 1997 Manuel recuperó su verdadera identidad y pudo reencontrarse con su familia.
Si bien la causa por el asesinato de su madre avanzó y en 2012 fueron condenados a perpetua tres ex militares, la responsabilidad de los funcionarios judiciales quedó empantanada. El juez federal de Instrucción de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dictó el sobreseimiento de Marchetti en dos oportunidades sin siquiera indagarlo. Esas resoluciones fueron revocadas por la Cámara Federal de Rosario pero la Cámara Federal de Casación Penal decidió sobreseerlos nuevamente en 2016, bloqueando así la posibilidad de investigarlos.
La querella de Abuelas y la fiscalía debieron recurrir a la Corte para desarmar el esquema de impunidad. Tan sólo le tomó al máximo tribunal casi 10 años para emitir el fallo.