Manuel Ramón Saavedra tenía 57 años. Era bibliotecario y vivía en Caballito junto a su esposa y sus dos hijas. Trabajaba en la Biblioteca Nacional y desde 1975 se desempeñaba en comisión en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde estaba a cargo de la Biblioteca de Botánica.
En la madrugada del 15 de julio de 1977 fue secuestrado de su casa por un grupo de tareas. Días después, el Director del Museo informó en una nota confidencial a las autoridades lo sucedido. Sin embargo, en enero de 1978 fue cesanteado.
«Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director para llevar a su conocimiento que el día viernes 15 del corriente mes, la hija del Señor Manuel Ramón Saavedra avisó que el referido empleado había sido detenido ese mismo día a las 3 de la mañana por fuerzas de seguridad», decía la carta.
Manuel permanece desaparecido y su legajo tardó décadas en ser reparado. Recién en marzo de este año quedó asentada la verdadera causa de su interrupción laboral: la desaparición forzada.
«Manuel no abandonó su trabajo, no dejó de concurrir porque quiso, no incumplió con sus obligaciones laborales; fue secuestrado y desaparecido», cuenta Clara Guareschi, Secretaria Adjunta de la Junta Interna de ATE Biblioteca Nacional y una de las impulsoras de este proceso de reparación junto a trabajadores y trabajadoras del sector, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales.
La reparación del legajo de Manuel es una de las más de 200 que se realizaron en la Administración Pública Nacional a partir de la política de reparación documental impulsada en 2012 con el Decreto 1199 de Cristina Fernández de Kirchner, según datos de Construyendo memoria. Historias laborales de trabajadoras y trabajadores estatales víctimas del Terrorismo de Estado, publicado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público en 2022.
El Decreto señalaba la responsabilidad del Estado en corregir esos legajos, convocaba a actores no estatales a iniciar estos procesos y establecía que las reparaciones debían avanzar incluso a pesar de no existir documentación escrita, con testimonios orales.
Las reconstrucciones no solo implican borrar la versión de la Dictadura y dejar registro de lo que efectivamente pasó. Los actos de reparación, además del fuerte simbolismo, tienen efectos en la familia, en los compañeros y lugares de trabajo, y permiten recuperar la historia de aquellos trabajadores y trabajadoras no solo como víctimas sino también como sujetos políticos.
En el caso de Manuel, único trabajador de la Biblioteca Nacional desaparecido, “el proceso de reparación de su legajo implicó recuperar quién había sido Manuel como trabajador, las tareas que había realizado, sus vínculos, su recorrido y su lugar dentro de la institución”, cuenta Guareschi.
Foto: Gentileza Florencia Settepani
Ya desde antes del Golpe de Estado de 1976, Manuel participaba activamente en la denuncia de los crímenes de lesa humanidad y luego integró la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, desde donde denunció públicamente el secuestro de su compañero de trabajo Martín Toursarkissian, ocurrido 10 días antes de su desaparición.
“La reparación en este sentido no cerró solamente una deuda: abrió también una investigación sobre la propia historia de la Biblioteca y sobre otros trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido perseguidos, desplazados, declarados prescindibles o forzados a abandonar sus puestos de trabajo durante el terrorismo de Estado”, agrega Guareschi.
Encuentro de juntas internas
El relato de la historia de Manuel se dio en el marco de un encuentro de las Juntas Internas y Comisiones de Memoria de CNEA, ANSES, Conicet y Biblioteca Nacional donde se compartieron experiencias y saberes, métodos de búsqueda, archivos, obstáculos y aprendizajes en los procesos de recuperación y reparación de legajos.
El encuentro se desarrolló el pasado martes 1° de septiembre en ATE Nacional y fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos en el marco de las actividades por los 50 años del Golpe genocida.
La puesta en común permitió dimensionar el alcance que tuvo la persecución dentro del propio Estado, ampliando la mirada hacia aquellos trabajadores que debieron renunciar o exiliarse —interna o externamente—, fueron despedidos o vieron interrumpidas sus trayectorias profesionales, laborales, científicas y sindicales durante aquellos años.
En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fueron secuestrados durante la dictadura 32 trabajadores, de los cuales 20 permanecen desaparecidos y dos fueron asesinados. Pero la trama represiva, explicaron Marina Carpano y Marcia Ortiz Arriaga, trabajadoras del organismo e integrantes de su Junta Interna, fue mucho más extensa: 107 trabajadores fueron declarados prescindibles, otros 120 fueron cesanteados y alrededor de 370 presentaron sus renuncias en un contexto de persecución política e institucional.
Carpano y Arriaga desarrollaron el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la CNEA, creada en 1984 por sus trabajadores y reconocida recién en el año 2023, para sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia dentro de la institución.
Gracias a la investigación de los propios trabajadores, se pudo conocer la existencia de más de 500 “legajos paralelos” y llevar adelante la reparación de cinco legajos en 2014 y otros 11 en octubre de 2023.
Foto: Gentileza Florencia Settepani
Por su parte, Sabrina Tuffo, Secretaria Pro-Gremial de ATE ANSES, contó la experiencia dentro del organismo previsional, que tuvo la dificultad adicional de que ANSES no existía ni con el nombre ni con la estructura actual. La búsqueda, impulsada desde las y los trabajadores, requirió cruzar legajos, resoluciones y distintos archivos institucionales, pero también recurrir a organismos de Derechos Humanos, familiares y ex compañeros y compañeras.
“Muchas veces un nombre conducía a otro. Una fotografía, el recuerdo de alguien que había compartido una oficina o una mención en una resolución podían abrir una nueva línea de investigación”, relató Tuffo.
Así, en 2009 se colocó la primera placa recordatoria en el edificio de Avenida Córdoba 720, con los nombres de María Susana Leiva de Bogliano, Adrián Claudio Bogliano, Estela Gache, Fernando Villanueva, Graciela Valdueza de Villanueva, Carlos Mario Frigerio y José Abelardo Luna.
Un año después, fueron colocadas Baldosas por la Memoria en el mismo edificio y fueron agregados otros cuatro compañeros desaparecidos: Roberto Repetto, Gustavo Adolfo Ponce de León, Héctor Veloz y Marcela Cristina Goeytes.
A partir de 2012, con la nueva norma, la Junta pidió la reparación de los legajos, que finalmente se llevó adelante en octubre de 2015 con el agregado de otros cuatro compañeros desaparecidos: Mónica Irma Cassano, Carlos Alberto Hobert, Osvaldo Enrique Medina y Enrique Carlos Povedano.
En todos los casos las y los trabajadores se encontraban despedidos y dados de baja por “ausencias injustificadas”.
Para CONICET, uno de los primeros desafíos fue construir la nómina. La comunidad del organismo estaba compuesta por investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativos que muchas veces tenían, además, pertenencia a universidades u otros institutos. Fue necesario cruzar el Archivo General del CONICET, fichas, legajos y resoluciones con archivos de otras instituciones y con materiales aportados por las familias.
En algunos casos existía un legajo que podía ser reparado; en otros hubo que reconstruir prácticamente desde cero la pertenencia de la persona al organismo y su trayectoria, incorporando fotografías, documentos, testimonios y semblanzas biográficas.
Los primeros ocho legajos fueron reparados en 2022 y luego se sumaron otros siete. Pero la Comisión de la Memoria decidió desde un comienzo no limitar su investigación a quienes habían sido asesinados o permanecían desaparecidos: también incorporó a exiliados, cesanteados, exonerados y a quienes debieron abandonar becas, investigaciones o carreras científicas como consecuencia de la persecución.
María Josefina Lamaison, integrante del equipo de la Comisión de la Memoria del CONICET, sistematizó luego parte de esa experiencia junto a Santiago Garaño en Legajos recuperados. Manual de reparación y homenaje a víctimas del terrorismo de Estado, con el objetivo de que otras instituciones puedan emprender procesos similares. El manual puede descargarse gratuitamente.
Pese a las diferencias entre cada organismo, detrás de todas las experiencias aparece un rasgo común: la búsqueda empezó y se sostuvo, en gran medida, desde abajo. Trabajadores que preguntaron por quienes habían ocupado antes esas oficinas, compañeros que conservaron papeles durante décadas, jubilados que aportaron recuerdos, familiares que abrieron sus archivos y sindicatos que reclamaron que los expedientes avanzaran. En algunos casos existió una política institucional que acompañó; en otros, fueron las organizaciones gremiales las que debieron empujar prácticamente todo el proceso.
Las experiencias también habilitaron una misma reflexión sobre el presente, atravesado nuevamente por los mismos ataques a la clase trabajadora y especialmente a las y los trabajadores estatales, que en la última década pasaron de grasa militante durante el macrismo a héroes en la pandemia para terminar siendo “prescindibles” y principal variable de ajuste del mileísmo, con salarios dramáticamente a la baja, despidos, vaciamientos, cierres de proyectos y reducción de áreas.
“A 50 años del Golpe genocida, reparar estos legajos es mucho más que corregir una mentira administrativa; es reconstruir quiénes eran esos trabajadores y trabajadoras, sus historias, sus luchas y sus acciones políticas. Es volver a inscribir esas trayectorias en sus lugares de trabajo y en nuestra memoria colectiva”, afirmó Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional.