Cuando se critica los resultados del capitalismo, la gran mayoría de los argumentos apuntan a la explotación de los trabajadores por parte de los emprendedores, o sea a la injusta distribución de los frutos de una tarea que debe ser considerada como colectiva, con determinadas jerarquías internas.
Extendiendo la mirada, también aparece la crítica paralela a la concentración de poder al interior de sectores y en el conjunto de la actividad económica.
No es de extrañar entonces que buena parte de las propuestas progresistas para cambiar el escenario tengan que ver con aplicar impuestos a los que más tienen para con eso dar subsidios al consumo o a las necesidades de los que menos tienen, buscando acercarnos a la ya mítica “justicia social”.
La mayoría parece estar de acuerdo en admitir como inexorable que el capitalismo genere ganadores, cada vez menos y más grandes, a los cuales luego se debe extraer una parte de sus hiper beneficios para aportar a una vida digna para los demás.
Como han dicho en Argentina muchos, hasta varios líderes populares, en diversos momentos de la historia, todo capitalista pone su empresa porque quiere ganar plata y bienvenido que ganen mucha. Lo importante es que distribuyan una parte significativa.
En tal marco, ¿que lugar ocupan en la conciencia colectiva y en el plano normativo, las asociaciones sin fines de lucro (ASL)?
Cualquier abogado o contadora a quien pidas opinión te dirá que los estatutos de las ASL pueden prever la producción y distribución de bienes o servicios, pero que eso es una actividad secundaria. Lo habitual es que un grupo de gente se vincule, pague una cuota social y realice desde tareas de beneficencia, hasta actividades de recreación, que si generan ingresos no pueden ser distribuídos como beneficio y mucho menos como honorarios de la comisión directiva. Estos aspectos son los que las leyes buscan controlar.
Este tratamiento convalida todo lo anterior: La ausencia de opciones para emprender una actividad que no sea ganar toda la plata posible y hacer luego con ella lo que se quiera.
¿Y si se construye un camino alternativo, en que se premia producir algo que tenga por objeto atender una necesidad de la comunidad y la retribución por ello no sea considerada lucro?
¿Por qué no lo sería?
Porque la retribución de quienes trabajen, en cualquier categoría, estaría por encima de cierto mínimo y por debajo de cierto máximo, que permita comparar esos ingresos con sueldos razonables en el espacio del capitalismo tradicional.
Porque la retribución de quienes hayan aportado capital estaría por debajo de cierta tasa real máxima anual.
Porque todo excedente respecto de los dos ítems anteriores sería destinado a la reinversión productiva en el país.
Cualquier grupo productivo que cumpla con las tres condiciones enunciadas sería así miembro de una categoría diferente: estaría motivado por atender necesidades comunitarias, podría exhibir ese atributo como valor cultural, social y económico positivo, y poca duda cabe que contribuiría una mejor vida general. Dejaría de ser, como ahora, una suerte de cruzado ético, limítrofe con el predicador, al cual además, desde las regulaciones, se lo desconfía todo el tiempo como capitalista que oculta sus intenciones de evadir alguna norma.
¿Con qué beneficio colectivo?
El primero, el más relevante, sería dar forma concreta a una motivación para producir, que sea diferente al lucro, término que en el sistema vigente le da aval a un emprendedor para que sea hoy productor, mañana importador o inversor pasivo financiero en su país o en el exterior, solo en función de maximizar el “lucro”.
Hoy eso despoja a la producción de cualquier connotación social, ya que el objeto es personal (acumular dinero), admitiendo como posible y hasta inexorable que eso implique perjudicar a otros, a muchos otros.
Detrás de conseguir ese derecho comienza una batalla cultural menos desequilibrada que la actual, en que se considera obvio perseguir el lucro.
El segundo beneficio, que se concretará cuando el sector público entienda que debe ocuparse de apuntalar la iniciativa, será poder pensar las asociaciones sin fines de lucro como ámbitos donde los promotores pueden sustentar su vida cotidiana trabajando en ellas.
Eso hoy está expresamente vedado y condena a una suerte de doble vida. Por un lado hay que llevar un plato de comida a casa y por otro lado hay que ocuparse en una asociación, lo cual implica enorme pérdida de energías, confusión absoluta de metas y una ratificación indirecta de que el lucro es el camino.
El tercero de una lista más larga de beneficios es la creación de un campo fértil para la cooperación, en un tejido social donde la confrontación y la competencia son la norma. Si se trabaja detrás de atender necesidades comunitarias, parte del esfuerzo se aplicará necesariamente a buscar formas eficientes de lograr esa meta, la gran mayoría de ellas no confrontativas con otros emprendimientos sin fines de lucro.
Todo lo anterior construye un entramado productivo en la base social, que se constituye en una economía popular con mucho menores posibilidades de fracaso que las estrategias implementadas en los últimos 20 años, en que básicamente se consideró que los excluídos por el capitalismo salvaje volverían a sumarse si se les subsidiaba equipamiento básico y alguna formación técnica, despreocupándose de la cadena de valor donde se intentaba trabajar, quien o quienes la controlaban y cómo funcionan los mecanismos de sometimiento al interior de cada cadena específica.
Con los recaudos señalados, hasta se podría hablar de Asociaciones de Producción para el Progreso Compartido, ligando conceptualmente esta forma de producir con la iniciativa comentada en la columna anterior de esta serie, abriendo así un frente de discusión ideológica que sale por arriba de la mera resistencia o el aguante, para convertirse en una propuesta de forma de trabajo digno que supera al neoliberalismo, aunque deba coexistir con él seguramente mucho tiempo.
Hasta pronto.