Jorge Ríos, el jubilado que saltó a la masiva atención pública en julio de 2020 tras abatir a un delincuente que ingresó a robar a su domicilio de la localidad bonaerense de Quilmes, falleció a los 76 años tras transitar un prolongado cuadro de deterioro en su salud, según confirmaron fuentes judiciales y allegados a su entorno familiar. El trágico episodio que marcó un punto de inflexión en su vida ocurrió en plena madrugada, cuando al menos cinco asaltantes armados irrumpieron con extrema violencia en su vivienda con claros fines de robo, desatando una pesadilla que cambiaría su cotidianidad para siempre.
Uno de los malvivientes integrantes de la banda, identificado formalmente como Franco Moreyra, lo abordó de manera impiadosa y lo atacó utilizando un destornillador para someterlo bajo amenaza de muerte y doblegar su resistencia. En un contexto de absoluta vulnerabilidad y en un intento desesperado por poner en fuga a los agresores para salvaguardar su integridad física y la de sus seres queridos, Ríos efectuó disparos defensivos con un arma de fuego desde el patio de su propiedad, logrando herir de gravedad a Moreyra, quien de todos modos logró escapar tambaleándose unos pocos metros hacia la vía pública antes de desplomarse definitivamente a causa de un shock hipovolémico derivado de los múltiples impactos recibidos en regiones vitales del tórax y el abdomen.
El derrotero judicial posterior se extendió durante casi tres agónicos años, convirtiéndose en un emblema nacional y un profundo foco de debate acerca de los límites legales de la legítima defensa, el uso proporcional de la fuerza y la creciente sensación de inseguridad urbana que castigaba a los barrios del conurbano bonaerense. En junio de 2023, a escasos cuatro días de que se iniciara el debate oral y público que iba a someterlo a juicio por el delito de homicidio agravado, el juez de garantías interviniente, doctor Rubén Darío Hernández, dictó finalmente su sobreseimiento definitivo. El magistrado fundamentó su resolución sosteniendo jurídicamente que los disparos se habían producido en respuesta directa e inminente a una agresión ilegítima desatada en el interior estricto de su casa, descartando por completo la teoría de la fiscalía sobre un supuesto remate en la calle, aunque validó que le propinó patadas en el suelo en medio del tumulto de la huida.
Paralelamente, la justicia ordinaria continuó avanzando en paralelo sobre el procesamiento y enjuiciamiento del resto de los integrantes de la banda delictiva que participaron activamente en la violenta entradera. A través de sucesivos juicios abreviados y debates convencionales, los cómplices recibieron condenas de cumplimiento efectivo y escalas punitivas menores que oscilaron entre los tres y siete años de prisión, imponiéndoseles además severas restricciones perimetrales y la prohibición absoluta de acercarse a menos de quinientos metros del domicilio y de los familiares directos del recordado vecino quilmeño, cerrando así un capítulo judicial de enorme repercusión pública que dejó una huella imborrable en la historia criminológica del país y en la memoria colectiva de la sociedad.