Con veinte ex militares, penitenciarios, agentes de inteligencia y policías imputados, este martes 20 desde las 9 inicia en la ciudad de Córdoba el mayor juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia desde la megacausa La Perla-La Ribera (2012-2016). Se trata de la denominada “Causa Gutiérrez” -rebautizada Gutiérrez-Di Santo- un expediente que resulta de cinco causas acumuladas por delitos ocurridos en ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del sur provincial.
A esta instancia oral y pública que se desarrollará en la sala mayor de los tribunales federales de la ciudad de Córdoba se llega gracias a la tenacidad militante de los organismos de Derechos Humanos, y una instrucción de doce años. Con hechos que tuvieron su epicentro en la ciudad de Río Cuarto, fue la madre de Plaza de Mayo Susana Dillon la que ya en 1984 presentó junto al Foro por los Derechos Humanos de Río Cuarto y otros organismos de alcance nacional, el primer listado de desaparecidos vinculados a la zona.
La larga impunidad en los 90 y el devenir de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia post 2003 tuvo al activo militante local sosteniendo la lucha en las calles, con marchas y actos públicos. Otros hitos relevantes fueron en 2008 la creación de la Comisión Municipal de la Memoria y la posterior conformación de la Mesa de Juicio y Castigo. Doce años atrás, en 2014, se inicia de oficio la entonces Causa Gutiérrez, dando comienzo a una instrucción que recuperó el trabajo acumulado durante décadas por el movimiento de derechos humanos de Río Cuarto e información de otros juicios por delitos de lesa humanidad.
En calidad de querellantes fueron admitidas la Municipalidad de Río Cuarto, el sobreviviente Juan Muzzolón y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Cuarto, al tiempo que ganaba vigor la lucha por la recuperación del ex centro clandestino Buen Pastor, objetivo alcanzado en 2025.
A horas del inicio del juicio, la APDH local destacó que “luego de 50 años, por primera vez un grupo de represores vinculados al aparato genocida de Río Cuarto será llevado a juicio oral”. Y lamentó que “el retardo de las causas por crímenes de Lesa Humanidad generó escenarios de impunidad biológica a lo largo de la prolongada instrucción. Uno de ellos fue Hugo Roberto Aspitia, ex segundo jefe de Inteligencia de la Unidad Regional Sud de la Policía; otro Miguel Ángel “Gato” Gómez, uno de los torturadores locales”.
Mientras el ya condenado Gustavo Alsina fue apartado del proceso, los imputados que llegan a juicio son Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Enrique Monez Ruiz, Carlos Yanicelli, Juan Molina, Ricardo Lardone, José Yañez, Adolfo Etchehun, Carlos Quevedo, Daniel Di Santo, Juan Carlos Nieto, Roberto González Fossat, Rubén Principi, Miguel Salinas, Ramón Navarro, Arnoldo López, Carlos Pérez, Miguel Pérez y Carlos Regueira. De ellos, seis son ex policías provinciales y federales que serán juzgados por primera vez, y que permanecen en libertad, lo cual ha generado cierto temor en algunos de los sobrevivientes querellantes.
Entre otros delitos, se juzgarán los de Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos agravados, Abuso deshonesto agravado e Imposición de tormentos agravados seguidos de muerte, en perjuicio de 78 víctimas, más de 60 sobrevivientes.
Entre las personas secuestradas, torturadas y/o desaparecidas figuran Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Gladys Comba. Se ventilarán también ataques contra familias enteras, en un juicio que incluye el caso de Alberto Pinto, profesor de la UNRC, que falleció en la Cárcel de La Plata fruto de las torturas desde su detención en la UR9 de la Policía de Río Cuarto, la Cárcel de Río Cuarto, la UP1 y la UP9 La Plata y los traslados respectivos, sin atención médica pese a padecer epilepsia.
El tribunal estará conformado por la presidenta Carolina Prado y sus colegas María Noel Costa y Julián Falcucci, y habrá querella de la vaciada subsecretaría de Derechos Humanos nacional.
“Este juicio tiene una mayoría de hechos vinculados con personas víctimas de Rio Cuarto y con actividades de la UNRC, lo que demuestra el ataque perpetrado contra la población civil de la segunda ciudad más importante de Córdoba” graficaron desde la APDH. A su vez, desde la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba llamaron a llenar la sala principal de los tribunales, para “abrazar a los sobrevivientes y demostrar que el silencio nunca va a ganar”. “El terrorismo de Estado se juzga hoy porque no bajamos los brazos. Frente a los intentos de dar vuelta la página y los discursos que niegan nuestra historia, respondemos con la tenacidad de la memoria colectiva”, completaron.
Como ocurre en los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en las distintas provincias argentinas, habrá transmisión en vivo a través del medio especializado La Retaguardia.