Transcurrieron dos décadas desde que en 2006 debatimos y sancionamos la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). Actuamos conscientes de estar votando una norma pionera y de avanzada que exigió un enorme coraje político para empezar a romper paradigmas y preconceptos que nos habían mantenido paralizados hasta entonces.
En aquel momento histórico, para lograr los consensos necesarios debimos ceder en que la ESI no fuera declarada de orden público nacional, pero sostuvimos con firmeza la convicción de que debía aplicarse en todos los niveles educativos sin excepción.
Federalizarla era urgente. Su transversalidad era clave: era verdaderamente un abre caminos. Entendimos que poner esa herramienta a disposición de la sociedad era un paso irreversible hacia la equidad de género, que luego daría un profundo sentido al grito de “Ni Una Menos” y resignificaría el rol de la escuela para que fuera no solo espacio, sino también brazos y oídos de nuestras infancias y juventudes.
Años más tarde, durante el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2018, la ESI volvió al centro de la escena parlamentaria. Desde el nucleamiento transversal de diputadas conocido como «las sororas», impulsamos la reforma para declararla de orden público y garantizar su cumplimiento obligatorio en cada provincia, entendiendo que la educación sexual y los derechos reproductivos son tramos de un mismo camino de salud pública y prevención.
Sin embargo, en el camino nos topamos con las contradicciones de sectores conservadores y religiosos que, tras haber usado paradójicamente a la ESI como justificativo para oponerse al aborto, rompieron los consensos cuando buscamos modificar la ley para hacerla obligatoria en todo el país. Las presiones generaron confusión mediática y frenaron la llegada del proyecto al recinto. Rechazaron la IVE, frenaron la ESI, y muchos de ellos ahora apoyaron del desmantelamiento de todas las politicas de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, el programa nacional de HIV y todas las herramientas que habíamos logrado construir para frenar el embarazo adolescente.
Estadística mata relato
Pero frente a la polarización, los datos de la realidad derrumban cualquier relato fundamentalista.
La ESI ha demostrado ser la herramienta estatal más eficaz en la prevención y detección del abuso sexual infantil: entre el 70% y el 80% de los niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años entrevistados en salas especializadas pudieron identificar y relatar que eran víctimas de abuso gracias a lo aprendido en sus clases de ESI.
A su vez, cerca del 80% de las denuncias registradas por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires se generaron tras abordar la temática en el ámbito escolar.
En materia de salud reproductiva, su aplicación acompañó una reducción histórica del 67% en el embarazo adolescente, pasando de 107.109 casos en 2005 a 35.292 en 2024.
Asimismo, la mitad del estudiantado afirma reconocer situaciones de violencia entre pares a partir de estas herramientas, alcanzando un contundente 86% de valoración positiva entre los jóvenes por su utilidad para evitar la discriminación y la violencia.
Frente a esta evidencia incontestable, el contexto actual nos confronta con un preocupante retroceso: asistimos a una profunda desfinanciación y vaciamiento operativo del Programa Nacional de ESI por parte del Gobierno Nacional y al resurgimiento de discursos que pretenden tildar de «adoctrinamiento» lo que es, estrictamente, protección de derechos, prevención de abusos y educación sanitaria.
Cabe destacar que es todavía un enorme pendiente lograr la federalización del impacto positivo de la Ley ESI. Y en la actual coyuntura la preocupación se profundiza: su aplicación depende más aún del criterio del educador frente al aula que de la institución en la que se desempeña y la provincia donde esto sucede, generando además una carga más para esos docentes.
En un escenario atravesado por cifras alarmantes de suicidio adolescente y violencia de género, las escuelas no pueden cerrar sus puertas; deben mantenerse con oídos y brazos dispuestos para la escucha activa y la contención.
A dos décadas de aquel hito fundacional, comprendemos con más fuerza que nunca que la ESI y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo forman un binomio inseparable de soberanía corporal y justicia social: educar para decidir, prevenir para no abortar, y abortar de manera legal para no morir.
Garantizar herramientas para construir vidas dignas y libres de violencias nunca puede significar adoctrinar. Por el contrario, la verdadera libertad radica en dar herramientas para decidir.
La ESI no es una concesión partidaria ni un ítem negociable de la grieta: es un derecho conquistado, un pilar indivisible de los derechos sexuales y reproductivos y un deber indelegable del Estado que tenemos que defender sin dar un solo paso atrás.
Como sociedad seguimos siendo llamados a integrar la mejor red de protección que tejemos entre todos para que cada niño, niña y adolescente crezca sabiendo que su cuerpo es suyo, que su voz importa y que no están solos.