El lunes de esta semana, Tiempo informó sobre una medida anunciada por el oficialismo porteño en el último encuentro que mantuvieron funcionarios de la cartera de Seguridad de la Ciudad con vecinos de Balvanera. Durante la reunión, confesaron que el próximo paso es trasladar los paradores para las personas en situación de calle fuera del distrito porteño.
La iniciativa fue informada el pasado jueves 9 de abril en el encuentro “La Seguridad en tu Barrio» que se realizó en el Centro Galicia (Bme. Mitre 2552). La encargada de anunciar la medida fue Patricia Cuellar, jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad.
Tras la información publicada en este medio, la Legislatura porteña exige respuestas al macrismo sobre esta inminente medida.
“Informe si existe un proyecto para relocalizar los Centros de Inclusión y/o paradores para personas en situación de calle fuera del territorio de la Ciudad”, indaga el Pedido de Informe (PDI) presentado en el Parlamento porteño. “¿Cuál es el organismo del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la elaboración, implementación y seguimiento de dicha iniciativa: el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, u otro?”, increpa.
“Es lamentable que la situación de las personas vulneradas en sus derechos, muchos de ellos en situación de calle en los últimos dos años, producto de las políticas económicas, como acaba de demostrar un estudio realizado por el Ministerio de Capital Humano Nacional, sean expulsadas del distrito y tomadas por un área de seguridad y no por desarrollo social”, señaló a Tiempo el diputado porteño Matías Barroetaveña, de Fuerza por Buenos Aires (FxBA), que presentó el PDI.
Entre otras cuestiones, Barroetaveña indaga sobre la “localización geográfica dónde se prevé instalar los Centros de Inclusión: si en el conurbano bonaerense, en el interior de la Provincia de Buenos Aires, u otras jurisdicciones del país” y que indique “si se han suscrito o se prevé suscribir convenios interjurisdiccionales al respecto.
Además, el legislador del peronismo solicita al gobierno porteño que indique cuál es la normativa —ley, decreto, resolución o disposición— que ampara o que se invocará para justificar la relocalización de servicios de asistencia social fuera del territorio de la Ciudad.
“Esto se suma también al circo armado por el propio jefe de gobierno y el ministro de Desarrollo Social cuando decían que la política hacia las personas en situación de calle tenía que ser financiada por la provincia porque las personas venían de la provincia”, dijo Barroetaveña a Tiempo y termina: “Eso supone un desconocimiento absoluto de la realidad metropolitana en que, entre otras cosas, fue respondida también por la provincia diciendo que la ciudad se haga cargo también de sus recursos en una discusión que no conduce a ningún lado. Nosotros presentamos el primer informe para que nos digan si esto fue una manifestación de la persona, si esta es una política pública y cómo se daría esa política y dónde se instalarían esos centros, lo cual evidentemente debería ser consensuado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con los municipios.”