El asesinato de Cecilia Emilce Lezcano, de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la localidad correntina de Alvear el 16 de julio, dio un giro judicial y probatorio de proporciones colosales cuando la magistratura provincial resolvió imputar formalmente en calidad de coautora penal del delito a la novia del principal sospechoso. La acusada, una menor de 17 años, quedó vinculada de manera directa al expediente criminal luego de que los peritajes informáticos y forenses practicados por los peritos sobre los teléfonos celulares secuestrados destaparan una red escalofriante de conversaciones de mensajería instantánea que demostró, sin margen de duda, que el ataque había sido meticulosamente planificado de antemano y paso a paso entre ambos.
Pese a la extrema gravedad de los cargos legales imputados y al pedido formal y expreso formulado por la querella particular para que la menor fuera alojada de manera preventiva en un instituto especializado de menores, la jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Durand, dictó el beneficio procesal de prisión domiciliaria para la joven imputada. En el marco de las mismas diligencias procesales, la magistrada dispuso el inmediato secuestro preventivo de los dispositivos móviles pertenecientes a los padres de la adolescente con el único y claro objetivo de determinar si existieron maniobras de encubrimiento familiar orientadas a entorpecer el descubrimiento de la verdad u obstaculizar el accionar de la Justicia en los primeros momentos cruciales posteriores al hallazgo. De este modo, la pareja quedó formalmente procesada bajo la calificación legal de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, enfrentando una pena de cumplimiento efectivo de máxima gravedad institucional.
El análisis pormenorizado y minucioso de la mensajería instantánea extraída del aparato telefónico del principal sospechoso, identificado en la causa como J. -un compañero escolar de la propia víctima-, permitió al titular de la vindicta pública, el fiscal de Santo Tomé Facundo Cabral, reconstruir con precisión quirúrgica la cronología del horror. Los registros digitales señalan sin ambigüedades que el plan criminal comenzó a gestarse y afinarse al menos desde la tarde del 14 de julio, es decir, casi 48 horas antes de que la joven fuera degollada en la vía pública. En dichos intercambios textuales, la novia consultaba de manera insistente si las directivas acordadas seguían en pie, mientras que J. ratificaba sus oscuras intenciones, llegando incluso a alardear con total frialdad sobre supuestos antecedentes violentos y prometiéndole a su pareja que jamás la dañaría a ella. Las deliberaciones criminales incluyeron la selección y el uso alternativo de armas blancas y de fuego, la previsión de llevar ropa de repuesto para cambiarse tras consumar la agresión y los métodos más macabros para ocultar el cadáver, tales como sepultarlo bajo una gruesa capa de tierra y maleza o incluso cubrirlo con restos de un animal muerto para despistar por completo a los sabuesos policiales.
La madrugada trágica del 16 de julio, en el horario comprendido entre las 3.16 y las 4.28, J. ejecutó la agresión homicida en las inmediaciones de la abandonada estación de trenes de la localidad.
Entre los elementos secuestrados se destacan numerosos «ladrillos» compactos que contenían una sustancia vegetal que resultó ser marihuana.