La Justicia prosigue con la pesquisa por la causa de las estafas con terrenos en la zona de Santa Ana de los Guácaras, luego de los resonantes allanamientos en la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, que terminaron con sus máximas autoridades presas. Ahora se sumó el arresto de un empresario local, que de acuerdo a la acusación que sostiene el fiscal de Instrucción Nº 6, Gustavo Roubineau, habría tomado participación directa en un tramo del complejo proceso criminal -calificado por el representate del Ministerio Público como asociación ilícita- orquestado por dos escribanas cercanas al poder político (una de ellas prófuga hasta el momento) y funcionarios del Poder Ejecutivo, puntualmente empleados de dichas reparticiones y sus respectivos directores: Narciso Toffoletti y María Demetrio.
En una reciente resolución, la jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas, dispuso la detención de otro de los implicados en la causa Catastro y Registro de la Propiedad. «Se trata de Gerardo Berman», aseguraron informantes con acceso al expediente. De lo informado surge que Berman estaría acusado de «adulteración de documentación pública en la causa que se investigan irregularidades en la Dirección de Catastro y Registro de la Propiedad».
Hace dos semanas, agentes de la Prefectura Naval Argentina allanaron por orden de la magistrada la sedes gubernamentales, así como algunos domicilios particulares, en total fueron cinco allanamientos y siete aprehendidos. Al día siguiente, ante la jueza González Cabañas, seis se ampararon en el derecho constitucional de abstenerse a declarar en su contra, pero una acusada decidió declarar y rechazar plenamente los cargos: la doctora Mercedes Arostegui, jefa de Legales de Catastro. Meses antes, en febrero, al iniciar la causa la jefa del Departamento Jurídico Administrativo de la misma área, la doctora Liliana Ortiz, había sido detenida junto a otras personas, entre ellas la notaria Gladys Báez, quien ya contaba con antecedentes en otros casos resonantes de corrupción. Ambas habían sido alojadas en el Instituto Pelletier de la ciudad de Corrientes, donde funciona la Unidad Penal Nº 3, cárcel para mujeres. En tanto otros imputados permanecen en libertad, el más conspicuo sin duda es el fiscal ante el Tribunal Oral Penal Nº 2, Gustavo Schmitt, quien persiste en su cargo.
La causa tomó estado público a principios de 2022 cuando la jueza González Cabañas ordenó a la PNA los primeros allanamientos, donde se produjeron una serie de detenciones, entre ellas la de Ortiz y Báez. El caso fue escalando y se filtró parte de la documentación probatoria que motivó al fiscal Roubineau a profundizar en la investigación y llegar a acusar a su colega Schmitt y a las máximas autoridades de dos importantes estamentos estatales. Las pruebas hasta ahora reunidas dan un grado de certeza importante respecto a maniobras fraudulentas entre distintas esferas gubernamentales, así como del sector privado para poner constituir la «asociación ilícita» que facturó millones de pesos con la venta de terrenos con títulos de propiedad apócrifos pero certificados y autentificados por Catastro y el Registro de la Propiedad, tal como el propio doctor Schmitt lo resaltó en su defensa pública en mayo. s