En pocos días, un hecho que parece menor logró atravesar el hermetismo mediático con el que cuenta el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Tras la publicación realizada por este medio el 10 de agosto pasado sobre la concesión de una bóveda del Cementerio de Recoleta para instalar un local de gastronomía, el tema fue creciendo y dejó al descubierto las irregularidades y la prepotencia con la que se maneja el GCBA en su afán por avanzar con privatizaciones en todos los sectores.
A las pocas horas, apareció una de las dueñas de la bóveda que dialogó con Tiempo y exigió saber qué hicieron con los restos de su papá que descansaban en ese lugar.
La legisladora Bárbara Rossen, de Fuerza por Buenos Aires (FxBA), presentó un pedido de informes (expediente 2487-D-2026) sobre los motivos y criterios utilizados para avanzar con la concesión. El proyecto, que cuenta con la coautoría de Francisco Caporiccio y Claudia Neira, indaga sobre la compatibilidad de esta concesión con el artículo 22 de la Ley 4977, que establece la prohibición de actividades comerciales dentro de los cementerios de la Ciudad.
Entre las preguntas se destacan: cuáles fueron los antecedentes y criterios utilizados para avanzar con la concesión y por qué se seleccionó específicamente esa bóveda; pide conocer qué reparticiones intervinieron en la decisión y cuáles fueron los fundamentos para otorgar el uso y explotación comercial del espacio.
El otro proyecto fue presentado por el radicalismo (expediente 2482-D-2026) y lleva la firma de la legisladora Manuela Thourte junto a Guillermo Suárez, y propone que el Parlamento porteño exprese su preocupación por este tema.
Para ambos legisladores, el cementerio no constituye solamente un espacio de valor turístico y patrimonial, sino también un lugar de sepultura y duelo. En ese sentido, plantean que cualquier intervención debería contemplar tanto la preservación física del patrimonio como los usos tradicionales del lugar y el respeto hacia las personas sepultadas, sus familiares y quienes concurren al predio.
Las dos presentaciones legislativas, pusieron el foco sobre las obras de adecuación de la bóveda. En ese sentido, de licitarse la bóveda, el futuro concesionario tendrá 30 días hábiles desde la toma de posesión para presentar el Plan de Obra, Adecuación y Mejoras Definitivo y luego tramitar las autorizaciones correspondientes.
Qué dijo una de las dueñas de la bóveda
Lucía Girado, una de las herederas de la bóveda que Jorge Macri licitó, dialogó el viernes pasado con Tiempo y manifestó: “Quiero saber qué hicieron con los restos de mi papá”
Según pudo averiguar, los restos de sus familiares aún siguen dentro de la bóveda. Como el espacio se encuentra ahora en manos del GCBA, a Lucía le prohíben ingresar al lugar hasta que se defina la cuestión administrativa.
Por estos días, junto a su abogado, Girado intenta frenar la concesión y que la bóveda sea devuelta a su familia.
Detalles de la licitación de la bóveda
La Licitación Pública de etapa única N° 10002-1251-LPU26, para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación con carácter oneroso de un Espacio ubicado en el interior del “Cementerio de la Recoleta”, sito en Junín N° 1.760 de la Ciudad.
Se trata de un bóveda “deshabitada” que puede ser utilizada para la instalación de un Gift Shop, un local de venta de productos alimenticios y/o bebidas y un servicio de turismo nocturno”. Los detalles de este insólito proceso de privatización se encuentran en la Disposición N° 278/DGCOYP/26, y la concesión tendrá una duración de cinco años.
De acuerdo al documento oficial, el objetivo es ampliar los servicios destinados a quienes visitan el Cementerio de la Recoleta, sin modificar el destino del espacio concesionado. Entre otras restricciones, quien se quede con la bóveda, el gobierno especifica que no podrá desarrollar actividades diferentes de las previstas sin autorización expresa del Ejecutivo porteño.
Entre otros puntos, la Ciudad aclara que no garantizará la rentabilidad del emprendimiento, por lo que el riesgo comercial quedará a cargo del futuro concesionario.
Los interesados podrán descargar gratuitamente los pliegos y coordinar visitas al espacio antes de la apertura de sobres, en los plazos establecidos por la convocatoria.
Esta nueva privatización del espacio público, se da en el marco de varias concesiones que publicó el macrismo para privatizar casi una veintena de espacios verdes públicos. Es decir, el PRO desde hace varios años intenta instalar que un cementerio debe ser considerado un espacio verde público al igual que una plaza, un parque o una plazoleta.
Si bien los cementerios poseen grandes superficies de vegetación, árboles y suelo absorbente, por lo que funcionan como infraestructura verde y refugios de biodiversidad urbana. Sin embargo, el debate técnico y social sobre si deben considerarse espacios verdes públicos (como parques o plazas) sigue abierto debido a sus restricciones de uso y su función principal.