Nuevas e irregulares maniobras rodean la situación de Fernando Cerimedo en Bolivia. Nadia Beller, expareja del consultor y víctima del intento de femicidio por el que permanece detenido, denunció públicamente que el imputado dispone de un teléfono celular dentro del penal de máxima seguridad de Chonchocoro. A través de la plataforma encriptada Telegram, el empresario mantendría comunicaciones y coordinaría acciones sin ningún tipo de control institucional ni judicial.
El expediente contra el estratega mediático se inició tras el ataque a Beller, tras el cual la Justicia acumuló chats y pruebas que señalaban la contratación de dos sicarios colombianos. La detención de Cerimedo cuando intentaba abandonar el territorio boliviano derivó en la apertura de cuatro causas penales: la tentativa de femicidio, episodios previos de violencia de género, enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, las investigaciones quedaron virtualmente paralizadas luego de la intervención de la DEA y del gobierno de Rodrigo Paz, que desmantelaron el equipo fiscal original encabezado por Roger Mariaca y detuvieron a los investigadores.
En este escenario de parálisis judicial, Beller advirtió sobre la reactivación de la línea telefónica argentina de Cerimedo dentro del penal. La denunciante planteó que existen dos hipótesis sumamente graves: o las autoridades penitenciarias le facilitaron un nuevo dispositivo con esa misma línea, o la propia Fiscalía —ahora bajo la conducción de José Urioste— le devolvió ilegalmente el teléfono original que debía estar resguardado para los peritajes correspondientes. Asimismo, calificó como una «cortina de humo» la versión oficial sobre una supuesta interceptación preventiva de un celular que intentaban filtrarle.
La gravedad del uso de telefonía dentro de Chonchocoro trasciende el contacto con el exterior. Según remarcó Beller, la disponibilidad de un dispositivo encriptado coincide con las alertas presentadas por el senador Leonardo Roca respecto de movimientos sospechosos en la cold wallet (billetera virtual de criptomonedas) vinculada a Cerimedo. La víctima alertó que la continuidad de estas operaciones financieras permite el manejo de recursos económicos desde la celda en complicidad con el régimen penitenciario.
Por otro lado, la denuncia pone de manifiesto el riesgo directo para la integridad de la víctima y el correcto avance del proceso penal. Beller sostuvo que el consultor utiliza este canal sin auditoría para coordinar estrategias con los propios sicarios involucrados en la causa, quienes han difundido material audiovisual en redes con el objetivo de desvirtuar su responsabilidad en el ataque.
Frente a la falta de custodia sobre las pruebas y la designación de autoridades judiciales afines al Poder Ejecutivo boliviano, la querella cuestionó la imparcialidad del proceso y el encubrimiento institucional. La denuncia concluye exigiendo el esclarecimiento inmediato sobre quién proporcionó o devolvió el dispositivo al imputado, advirtiendo que la falta de garantías pone en riesgo la preservación de las evidencias y la seguridad de la víctima.