Mientras el peronismo parlamentario acumuló derrotas, ambigüedades y escasa capacidad para frenar el programa de Javier Milei, el movimiento obrero organizado consiguió poner límites concretos mediante paros, presentaciones ante la justicia y una destacada presencia de nuevos dirigentes frente a la discusión pública. Sin embargo, la resistencia por sí sola no resuelve el problema estratégico, es conocida la frase de John William Cooke sobre la necesidad de contra-atacar para vencer. Se impone, naturalmente, entonces, la discusión de cómo volver a producir un proyecto de desarrollo, con crecimiento, inclusión y trabajo que sea efectivo en la administración económica.
En ese vacío político e intelectual, la Provincia de Buenos Aires busca ensayar algo más que una defensa. La creación del Consejo Bonaerense del Trabajo puede leerse como un intento —todavía embrionario— de transformar la capacidad sindical de bloqueo al avance libertario, en una discusión programática sobre la tríada: Trabajo/Industria/Estado.
I. La oposición más eficaz al gobierno de Milei no estuvo en el Congreso
Hay un dato político que el peronismo institucional todavía no termina de metabolizar: hasta ahora, los límites más concretos al programa de Milei no los impuso el Congreso, sino el movimiento obrero organizado. Mientras buena parte de la oposición parlamentaria osciló entre derrotas legislativas, acuerdos contradictorios y una dificultad persistente para construir mayorías estables, la CGT consiguió algo menos espectacular, pero más eficaz: interrumpir, ralentizar o encarecer el avance de la ofensiva libertaria mediante una combinación de paros generales, presentaciones judiciales y presión social re-instalando la agenda del trabajo y la producción contra la del emprendedurismo digital y la financiarización para unos pocos.
Las primeras barreras reales al proyecto de desregulación laboral no se levantaron en Diputados ni en el Senado. Se levantaron en la calle y en los tribunales. Y ese hecho obliga a revisar una hipótesis incómoda: el peronismo conserva representación social y territorialidad, pero hace tiempo perdió una parte decisiva de su capacidad para producir una idea económica ordenadora.
La primera hipótesis para explicarlo la dió Miguel Angel Pichetto en una entrevista reciente a Infobae: “La Renovación significó que el peronismo deje de ser un partido autoritario de los sindicatos, y se transforme en un partido razonable de la democracia”. Lo que para Pichetto es un valor en sí mismo, en términos prácticos significó el alejamiento de la Confederación General del Trabajo de imponer la agenda económica del Partido Justicialista y, por ende, su rumbo económico en la gestión de gobierno.
II. Paros, tribunales y barricadas
La secuencia es conocida pero significativa. El primer paro general convocado por la CGT contra el gobierno de Milei ocurrió apenas 45 días después de su asunción, el más temprano desde el retorno de la democracia. Luego llegaron nuevas huelgas nacionales que consolidaron un ritmo de conflictividad sindical poco habitual para un gobierno en sus primeros años.
Ese ciclo de protestas no derrotó al mileísmo, pero sí obligó a modificar el ritmo de varias reformas. La estrategia sindical combinó huelga general, movilización y judicialización de las medidas laborales más agresivas. Esa combinación permitió frenar parcialmente el capítulo laboral del DNU 70/23 y judicializar aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
III. Una división de tareas dentro del movimiento obrero
En ese proceso también conviene desmontar una simplificación habitual. El Frente Sindical Unidad, que nuclea a los sindicatos que se pueden pensar como más combativos, dentro de CGT, y otros que son miembros de la CTA, no actuó contra la CGT; en los hechos, complementó su estrategia. Así lo sostuvo, en Radio Con Vos, recientemente, el dirigente metalúrgico Abel Furlán, figura clave de este agrupamiento político-sindical.
Mientras la conducción cegetista priorizó la herramienta institucional del paro nacional y la batalla judicial, el sindicalismo más combativo aportó mayor presencia callejera, adhesión militante y presión territorial.
Más que una disputa estratégica, lo que se observó fue una división de tareas dentro del mismo campo sindical. La CGT funcionó como articuladora institucional del conflicto; los sectores más movilizados reforzaron la presión social. Ese equilibrio —siempre inestable— permitió sostener simultáneamente negociación, institucionalidad y conflicto.
Muchas de las críticas lanzadas a la CGT, aunque quienes las enarbolan no lo admiten, y en muchos casos si quiera lo advierten, contienen un sesgo de clase. Las críticas por izquierda suelen ser análogas a los argumentos de las patronales para cuestionar la organización realmente existente de la clase obrera argentina. Muchas de estas críticas, a su vez, suelen ignorar un dato central: el movimiento obrero ha desplegado, frente al actual gobierno, un repertorio de medidas extraordinariamente amplio para una administración que aún no cumplió tres años.
El problema de fondo no es que la CGT no haya actuado. El problema es otro: su capacidad para impedir o demorar reformas todavía no se traduce en una propuesta general de reorganización del trabajo y la producción. Lo que por otra parte, no le corresponde a una central de trabajadores, ni a dos, sino, justamente a la política.
IV. El vacío programático del peronismo
Justamente cuando uno vuelve los ojos hacia la política, y cesa en la crítica a las centrales obreras, aparece el verdadero problema de fondo. La crisis del peronismo no es únicamente electoral. Es, sobre todo, una crisis de concepción económica. El movimiento conserva sindicatos, intendencias, gobernaciones y capacidad de movilización. Pero hace tiempo perdió una parte significativa de su capacidad para producir un horizonte de desarrollo, producción y desarrollo que sea coherente y sostenible en el tiempo.
El debate abierto por el mileísmo -aunque formulado desde una perspectiva radicalmente liberal- vuelve a colocar una pregunta estructural: qué hacer con el trabajo en un capitalismo atravesado por plataformas digitales, informalidad estructural y fragmentación productiva. Allí donde el libertarismo propone una modernización basada en la desregulación, el peronismo todavía busca una respuesta que combine innovación con derechos. Y aunque encuentre dificultades para presentar ideas de conjunto, lo busca a partir de sus facciones.
V. El ensayo bonaerense
Desde esa perspectiva, lo que comienza a ensayarse en la provincia de Buenos Aires merece ser observado con atención. Bajo la conducción del ministro de Trabajo Walter Correa -quien tiene origen sindical- la administración de Axel Kicillof comenzó a recoger algunos de los reclamos históricos del sindicalismo productivista: abrir una discusión estratégica sobre trabajo, industria y desarrollo.
La propuesta de regulación del trabajo en plataformas anunciada por el gobernador bonaerense en la apertura de sesiones legislativas bonaerenses apunta precisamente a actualizar derechos laborales frente a nuevas formas de empleo. Allí donde el discurso libertario iguala modernización y desprotección, la iniciativa provincial intenta construir una regulación adaptada a las transformaciones del mundo laboral.
Por otra parte, la flamante creación del Consejo Bonaerense del Trabajo forma parte refuerza la idea que más que iniciativas aisladas, estamos frente a una estrategia: el organismo convoca a sindicatos, empresarios, municipios y al Estado provincial a discutir políticas laborales y productivas con una perspectiva territorial.
En términos históricos, la iniciativa evoca inevitablemente al Congreso de la Productividad del primer peronismo. No como una repetición mecánica de aquella experiencia, sino como una tentativa de reconstruir una conversación estratégica entre trabajo, capital productivo y Estado en un contexto económico profundamente distinto. Las fuentes de la cartera laboral hablan de un intento por construir un esbozo para un “plan quinquenal” de gobierno”.
VI. Entre el gesto y el programa
El desafío, sin embargo, es evidente. La Argentina está llena de mesas tripartitas que produjeron diagnósticos lúcidos pero escasos resultados. El Consejo Bonaerense del Trabajo podría convertirse en una instancia meramente consultiva. O, por el contrario, podría transformarse en el punto de partida de una discusión más ambiciosa sobre el modelo productivo argentino.
Todo dependerá de si ese espacio logra discutir algo más que la administración de la emergencia: productividad sin precarización, regulación del trabajo en plataformas, formación laboral, política industrial y articulación con el sistema científico.
VII. La pregunta abierta
Si la CGT demostró que es posible poner límites al avance de la desregulación, la pregunta que empieza a abrir Buenos Aires es si también es posible construir una alternativa político-económica sustentable al modelo de Milei. El sindicalismo puede frenar reformas, pero difícilmente pueda reemplazar a la política. Sin embargo, la política tampoco es capaz de producir una estrategia económica sin el movimiento obrero, al menos no debería serlo desde la concepción estrictamente peronista.
Tal vez por eso una de las discusiones más interesantes de esta etapa no se esté dando en el Congreso ni en las cúpulas partidarias, sino en el intento de articular sindicatos, empresarios y Estado alrededor de una nueva conversación sobre desarrollo.
Si ese intento prospera, el Consejo Bonaerense del Trabajo podría convertirse en el primer ensayo serio de una modernización laboral progresiva para el siglo XXI. Si fracasa, confirmará un diagnóstico más inquietante: que el peronismo todavía sabe defender, pero aún no ha encontrado la forma de volver a proponer.