Una grave denuncia por el presunto abuso sexual de una niña de 5 años alojada en un hogar de menores de ciudad de Corrientes sacudió el ámbito de la opinión pública. La presentación fue impulsada de manera formal por la abogada Vanesa Blanco, quien ejerce la representación legal de los progenitores de la menor damnificada. Según la versión proporcionada por la letrada, el hecho habría sido advertido y detectado semanas atrás por diferentes organismos estatales y gabinetes interdisciplinarios que intervienen en la contención de los menores, aunque hasta la fecha de radicación de la denuncia no se habrían adoptado medidas de resguardo urgentes ni acciones legales concretas para proteger a la víctima.
El trasfondo del caso se remonta a septiembre de 2025, momento en el cual una disposición dictada por la Justicia de Familia determinó la separación de un grupo de siete hermanos de su seno familiar de origen debido a una situación de vulnerabilidad. Como consecuencia de aquella medida, los menores fueron distribuidos en tres establecimientos asistenciales distintos de la capital correntina. La niña afectada en este caso fue derivada al Hogar Sagrado Corazón, donde permanece alojada en la actualidad junto a dos de sus hermanas. Desde noviembre de ese mismo año, la defensa de los padres venía requiriendo formalmente ante los tribunales correspondientes el establecimiento de un régimen de vinculación periódica. La abogada aclaró que la estrategia no apuntaba a una restitución automática e inmediata de los menores al hogar de origen, sino a garantizar el derecho elemental de los progenitores de ver a sus hijos, mantener un contacto fluido y supervisar su estado general de salud y bienestar.
La detección del presunto abuso se produjo de manera indirecta y en el ámbito escolar al que asistía la menor. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, una docente de la institución educativa encendió las alarmas al observar una serie de dibujos realizados por la niña de cinco años, en los cuales se apreciaba con claridad la figura de un hombre con los genitales marcadamente resaltados. Ante este indicador, se dio intervención inmediata al equipo de psicólogos escolares, quienes procedieron a realizar entrevistas formales y un seguimiento técnico de la menor.
Los informes psicosociales que posteriormente llegaron a conocimiento de la familia revelaron una supuesta irregularidad en el funcionamiento diario del hogar de menores. Según lo expresado por Blanco, los documentos técnicos detallan que una operadora de cuidados de la institución solía retirar a la niña de cinco años durante los fines de semana con la supuesta finalidad de realizar actividades de recreación. Lo grave del escenario radica en que estas salidas particulares se habrían llevado a cabo sin la debida autorización judicial y careciendo del aval formal y reglamentario de la dirección del establecimiento de menores. Durante esas salidas, la niña era trasladada a una vivienda de carácter privado. Durante las entrevistas psicológicas, la menor logró identificar a una persona de sexo masculino que se encontraba vinculada a esas jornadas fuera del hogar, señalando además que se trataba de una casa particular donde concurría en compañía de la cuidadora mencionada.
Respecto de la realidad de la familia biológica, se supo que la separación de los menores se originó a partir de un severo cuadro depresivo que afectó a la madre tras dar a luz a siete hijos en un lapso muy breve. No obstante, la defensa remarcó que la mujer se encuentra actualmente bajo un estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico para revertir dicha situación.