Las reiteradas fugas de presos de distintas dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires aceleraron la preadjudicación de las obras para concluir la construcción del Penal de Marcos Paz, con el objetivo de trasladar a miles de personas que están privadas de su libertad en el distrito porteño. En la edición impresa de este domingo, Tiempo publicó un informe en el cual especialistas y vecinos de diferentes barrios analizaron el detrás de las fugas de presos en CABA: complicidades, inoperancia y mala gestión, entre los principales motivos.
Bajo el título “completamiento y finalización del Complejo Penitenciario Federal VII – Localidad Ricardo Gutiérrez, Partido de Marcos Paz – Etapa 4”, el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires desembolsará a la empresa Criba SA la suma millonaria de $96.984.788.780,00. Así, lo indica la Licitación Obra Pública / Preadjudicación N° 45/MIGC/24, publicada en el Boletín Oficial porteño.
En el mes de mayo, a cinco meses de haber asumido como Jefe de Gobierno, Jorge Macri decretó “la emergencia edilicia de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la CABA”, por el término de 12 meses.
La obra en el penal de Marcos Paz
La firma de ese decreto se dio de manera precipitada, dado que, ya en abril de este año, se contaban unas 12 fugas durante 2024 (más de dos fugas por mes). Cabe destacar que la última fuga de presos se produjo este fin de semana. El escape se registró en el Centro de Contraventores de Nueva Pompeya y ocurrió después de que 11 detenidos lograran fugarse de la Alcaidía 4 Bis de Barracas, el sábado 23 de noviembre.
Durante la firma del decreto de emergencia edilicia en comisarías porteñas, el Ejecutivo porteño anunció que retomaba las obras para terminar el complejo de Marcos Paz, al cual le resta entre un 30% y 40%, según fuentes judiciales. El objetivo es trasladar a unos 1.800 detenidos en la cárcel de Devoto. En ese momento decía que “las obras estarán terminadas a finales de 2025 y habilitará 2.200 plazas”.
En ese contexto, también se había mencionado la construcción de la Alcaidía Central en la zona sur de la Ciudad, en la Comuna 8 (Avenida 27 de Febrero y Cámpora). También la colocación de celdas modulares en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita; y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas.
Inseguridad y fugas en CABA
En el informe que salió publicado el domingo pasado en la edición impresa del diario, varios vecinos y especialistas analizaron la ola de inseguridad en CABA y las fugas de presos en las diferentes dependencias policiales.
Para la abogada Natalia D´Alessandro, integrante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), el tema central es que “ninguna policía, ni la de CABA, ni la Federal, ni las provinciales, tiene entre sus funciones la custodia de detenidos. Si la tienen es por un tiempo muy corto, por un plazo de 24 o 48 horas, que es el tiempo que la mayoría de los códigos procesales autorizan al Poder Judicial para resolver la situación de una persona. La función primogénita de las policías no es el cuidado y la custodia de detenidos”.
Para la especialista, después existe otra cuestión “el Servicio Penitenciario Federal depende de (Patricia) Bullrich y está la decisión política de que la Ciudad tenga su propio servicio penitenciario, que es lo que tiene que pasar. Tiene que tener cárceles propias en donde tenga al cuidado de las personas que estén detenidas bajo su jurisdicción y no que estén dentro de las comisarías”, agrega.
Respecto al incremento de la inseguridad y la creciente fuga de presos en la Ciudad, hay quienes analizan otras cuestiones, pero tampoco obvian el mal desempeño.
“No se descarta la ineptitud, pero me parece que juegan más las complicidades”, analiza en diálogo con Tiempo María del Carmen Verdú, titular de la Correpi. Para la abogada especialista en Derechos Humanos, la inseguridad en la CABA no se debe a la falta de oficiales. “Acá tenemos entre 800 y 900 policías cada 100.000 habitantes, mientras que la ONU sugiere 300 cada 100 mil. El hecho es que si tenés gente presa en lugares no preparados, todo puede fallar. Más del 90% de las personas alojadas en comisarías y alcaidías de CABA están a disposición de la justicia federal. Tenés gente cumpliendo preventivas y hasta condenas en comisarías y alcaidías que están destinadas a permanencias breves”, remarcó Verdú. Y remató: “las comisarías de CABA no están pensadas para alojamiento. Las celdas no tienen baños. Los policías llevan y traen presos de a uno, cruzando varias oficinas para ir a los baños. Así todo puede fallar”.