Las calles y rutas de Bolivia viven horas decisivas. Ayer el gobierno de Rodrigo Paz Pereira lanzó el operativo «Corredor humanitario», una acción conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas destinada a desbloquear carreteras cerradas desde hace once días por organizaciones campesinas y sindicales que reclaman la renuncia presidencial.
Más de 2.500 policías y 1.000 militares fueron desplegados en accesos estratégicos hacia La Paz, Oruro y la frontera con Perú. Según las autoridades, el objetivo es permitir el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible, además de liberar el paso de ambulancias y turistas varados. Desde el Ejecutivo insistieron en que no buscan enfrentamientos, aunque la presencia militar incrementó la tensión en distintos puntos del país.
Las protestas son encabezadas por la Central Obrera Boliviana y la Federación Tupac Katari, que responsabilizan al gobierno por la crisis económica y social. A esto se suma una movilización de seguidores de Evo Morales que avanza hacia La Paz y prevé llegar el lunes.
En medio del conflicto, Paz Pereira endureció su discurso y denunció intentos de «desmontar» la democracia boliviana. Durante una actividad organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el mandatario aseguró que quienes busquen quebrar el orden constitucional «se van a ir a la cárcel», al tiempo que acusó a sectores radicales de promover una estrategia de desestabilización apenas seis meses después de su llegada al poder.
En paralelo, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo reclamaron diálogo y corredores humanitarios, mientras ocho países latinoamericanos expresaron preocupación por la situación y rechazaron cualquier intento de desestabilización institucional.