Luego de varias dilaciones, aplazamientos y demoras, la Justicia Federal de Santa Fe dará comienzo este martes, 5 de mayo, al proceso oral y público de la causa conocida como Laguna Paiva II, en la cual se investigan crímenes y abusos cometidos contra las infancias en el contexto del plan sistemático de terrorismo de Estado desarrollado por la última dictadura cívico militar.
En este juicio de lesa humanidad se ventilarán delitos como los de privación ilegítima de la libertad, tormentos y abusos sexuales padecidos por 16 niñas y niños que estuvieron cautivos en centros clandestinos de detención ilegales. Una vez más, el exjuez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa estará sentado en el banquillo de los acusados en un caso en el que se investigan violaciones a los derechos humanos. “En esta oportunidad, Brusa llega imputado de haber participado activamente en los operativos que se llevaron a cabo contra los menores que figuran como víctimas. En otras investigaciones que se siguieron en su contra se analizó su complicidad como juez con el aparato represivo, pero acá se analizará su rol operativo”, señaló a Tiempo Argentino Federico Pagliero, abogado y representante de la querella que sigue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Santa Fe.
También se encuentran acusados en este expediente los expolicías, Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti.
El expediente se encontraba elevado a juicio desde 2024, y recién en octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó fecha para que las audiencias comenzaran el 29 de abril. Sin embargo, semanas atrás se informó que el comienzo del proceso se adelantaba para el 28 del mes pasado, pero días antes del inicio surgió una nueva postergación. Es que Cayetano Valdez revocó el poder que tenía su abogado defensor y ante este pedido se resolvió el inicio de juicio para este martes.
Así lo dispusieron los magistrados que integran el TOF, Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, que estarán a cargo de las audiencias.Esta causa es una derivación del juicio de “Laguna Paiva” (una localidad de Santa Fe) o conocida también como “Chartier”, en referencia a Germán Raúl Chartier, quien supo ser jefe de informaciones de la Policía de Santa Fe, y era una de los imputados en ese proceso.
En ese juicio, concluido en julio de 2021, recibieron condenas seis policías provinciales por delitos de lesa humanidad, por tormentos y secuestros agravados sufridos por un grupo de militantes políticos y sindicales secuestrados en el verano de 1980. El objetivo de esa patota conformada por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía provincial fueron un grupo de militantes y activistas sindicales que formaban parte de la agrupación “La Lucha”, que desarrollaba sus actividades en el Frigorífico Nelson, ubicado en Laguna Paiva. Se trataba de una organización de superficie que respondía al PRT, brazo político del ERP.
Durante las audiencias de “Laguna Paiva” se dieron a conocer numerosos crímenes sufridos por los integrantes de ese grupo de perseguidos políticos, pero también contra sus familiares e hijos, quienes padecieron abandonos, abusos y privaciones ilegítimas de la libertad en comisarías, centros clandestinos y otras instituciones del Estado.
“A lo largo del juicio de Laguna Paiva nos dimos cuenta que había delitos contra las infancias que no se habían procesado nunca como tales y que debían ser investigados en otra causa”, indicó Pagliero.
Durante meses, organismos de derechos humanos de la provincia y familiares de las víctimas se movilizaron en reclamo del comienzo de este proceso oral y público que se demoraba por varios motivos que daba la Justicia Federal de Santa Fe. “Hace unos días estuvimos reunidos con las víctimas en Laguna Paiva y muchos tienen ganas de declarar, de contar qué es lo que vivieron. Hubo una movilización muy importante por parte de ellos para que este proceso se pudiera llevar a cabo”, remarcó el letrado.
LAS INFANCIAS COMO OBJETIVO DE LA REPRESIÓN
Desde el golpe de Estado de marzo de 1976, Arnaldo Catalino Páez y su familia vivieron en una suerte de exilio interno y debieron establecerse en varios lugares. En el verano de 1980, estaban establecidos en Lima, en la provincia de Buenos Aires. Hasta allí llegó una patota del D-2 de la Policía de Santa Fe. En esa localidad se encontraban Arnaldo Catalino, su compañera, Juana Tomasa Medina, y sus hijos, entre ellos Mario, quien trabajaba con su padre en un horno de ladrillos. Una patota se los llevó a los tres. Entre los integrantes del grupo de represores estaban el entonces Brusa (condenado en varias causas de lesa humanidad) y Riuli, un represor que durante años animó fiestas y celebraciones populares como una especie de actor de variedades que supo adquirir alguna celebridad entre los vecinos de Laguna Paiva.
Arnaldo Catalino, Juana Tomasa y su hijo fueron trasladados al centro clandestino de detención del D-2. En ese lugar, en medio de los vejámenes y los abusos, Mario cumplió 15 años. Él y su madre recuperaron la libertad después de algunos meses. Pero el padre de la familia resultó blanqueado tras innumerables sesiones de torturas. Estuvo preso en Trelew, Rawson y Coronda. Denunció su caso, pero no pudo ver a sus captores condenados. Murió en 2016.
“Después de tantos años, llegó el momento de que se haga justicia y estos represores paguen por todo lo que nos hicieron cuando éramos chicos. Necesitamos cerrar esta historia con una condena”, le contó meses atrás a Tiempo Argentino Mario Paez, que aún vive en Laguna Paiva y es una de las víctimas. Todos los familiares de Arnaldo Catalino estuvieron en la mira de la patota y varios brindaron testimonios declararon en el juicio de Laguna Paiva. En ese debate se detalló el caso de María Ceferina Paez, hermana de Arnaldo. La secuestraron en Esperanza, Santa Fe en febrero de 1980. También raptaron a su marido, Luis Medina. Los cinco hijos de la pareja quedaron abandonados, desamparados sin nadie a cargo. Uno de los hermanos, Mario, un día se sintió mal y debió ir acompañado de una hermana para que lo operaran del apéndice. Los represores iban a la casa donde estaban los chicos solos, desamparados y los amenazaban. Un día se llevaron a una de las hermanas y la violaron durante días, con promesas sobre la liberación de sus padres. La víctima tenía sólo 14 años.
OTRA CAUSA QUE AVANZA EN MENDOZA Y UN NUEVO PARADIGMA
Laguna Paiva II no es la única causa en la que se analizan delitos de lesa humanidad sufridos por las infancias. En marzo pasado, el titular del Juzgado número 1 de Mendoza, Leopoldo Rago Gallo, dictó el procesamiento de 15 exintegrantes de la Fuerzas Armadas y de Seguridad por crímenes cometidos en perjuicio de 56 niñas y niños en la región cuyana, durante los tiempos del terrorismo de Estado. La investigación es impulsada por la Oficina de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, dependiente del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. En el expediente se instruyen denuncias sobre delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica. Entre los procesados se encuentran antiguos miembros del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Mendoza; y exmilitares de la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea.
Esta causa que se tramita en Mendoza y la de Laguna Paiva II pueden dar comienzo a un nuevo paradigma en materia de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, como sucedió hace unos años con las denuncias por delitos sexuales padecidos por personas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de detención ilegal de la última dictadura.“Con esta investigación se trata de darle visibilidad a casos que se conocían de otras causas. Es algo parecido a lo que ocurrió con los casos de delitos sexuales.
«Queremos cubrir el aspecto de lo que sufrieron las niñas y niños en los operativos en los cuales resultaron secuestrados sus padres”, fundamentó en diálogo con este medio el fiscal federal de Mendoza Daniel Rodríguez Infante, cuando se iniciaban los primeros requerimientos de esta causa.