«Para Jacques Lacan, la vergüenza es un principio regulador de la convivencia humana, un límite a la barbarie, una de las bases fundamentales de la conciencia moral y la ética, sobre las que se constituye el sujeto del inconsciente. Cuando este principio se fractura, como ocurre bajo el paradigma del neocapitalismo salvaje, el horror sale a la luz». — Fragmento de un artículo de Gustavo Dessal publicado en Página/12 el 4/9/26.
La impunidad como discurso: la agresión desde la cúspide estatal
El Poder Ejecutivo nacional ha convertido la vulgaridad y la agresión verbal en un dispositivo premeditado del gobierno. Lejos de responder a meros exabruptos individuales o a un estilo personal disruptivo, la violencia discursiva se despliega hoy como una estrategia orientada a erosionar la deliberación democrática y naturalizar la violencia simbólica desde la máxima jerarquía del Estado.
La máxima autoridad del Poder Ejecutivo ha instalado en la escena pública argentina un fenómeno trascendental: la utilización sistemática de un lenguaje atravesado por la obscenidad, el insulto directo y la denigración. Este uso opera como una herramienta estratégica de dominación y sometimiento, más que como un exceso retórico involuntario.
Desde la asunción de la actual gestión gubernamental, la narrativa oficial sostiene un patrón donde el grito, la humillación del adversario y la obscenidad reiterada no se atenúan en nombre de la responsabilidad institucional, sino que se erigen en marcas identitarias del ejercicio del poder. La institución presidencial se convierte en escenario; el aparato del Estado, en plataforma de choque.
Este fenómeno no responde a una simple querella sobre «malas formas» o normas de etiqueta política. La vulgaridad lingüística y la agresión sistemática bloquean de forma deliberada la argumentación compleja. Al reducir el intercambio político a consignas descalificatorias y enunciados obscenos, se imposibilita la elaboración analítica y el debate democrático sustentable.
El arma de la descalificación masiva y la creación de enemigos
Uno de los rasgos más alarmantes de esta dinámica es su carácter metódico y su precisa orientación hacia la construcción de enemigos internos. La retórica del Poder Ejecutivo ha nominado una interminable nómina de adversarios —etiquetados de forma simplificada y despectiva— en una operación discursiva que despoja a la sociedad de su complejidad y reduce a los colectivos sociales a categorías desechables.
El Efecto multiplicador de la palabra oficial: La jurisprudencia argentina ha establecido con claridad que la palabra de las máximas autoridades posee un peso institucional y un alcance comunicativo que no pueden equipararse a los de un ciudadano común. Su instrumentación para incitar el repudio público altera las bases de la libertad de expresión.
El periodismo y la prensa libre se han consolidado como un blanco preferencial de esta artillería verbal. Un hito ejemplar de esta escalada fue la denuncia penal interpuesta por la organización Reset Republicano tras un discurso del titular del Poder Ejecutivo en el colegio ORT ante estudiantes de 4º y 5º año. En dicho episodio, se señaló la utilización de un espacio escolar para menores con el objetivo de desplegar una arenga proselitista, agraviar a opositores e instar a un auditorio adolescente al hostigamiento público contra la prensa.
La denuncia remarca que, al emplear la infraestructura de comunicación estatal para propagar visiones de superioridad ideológica e instigar a menores a participar en actos de censura o rechazo público, la máxima magistratura excede los límites constitucionales de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico.
Violencia sexual y ejercicio asimétrico del poder
Resulta de particular gravedad la recurrencia de metáforas vinculadas a la violencia sexual en la oratoria presidencial. En un riguroso análisis publicado por el diario Perfil, se fundamentó que la violencia y el abuso sexual constituyen crímenes de poder ejercidos a través de la sexualidad: una dinámica de dominación y sometimiento en un vínculo profundamente asimétrico donde quien ostenta la fuerza ejerce el dominio sobre quien se encuentra en una posición de vulnerabilidad.
En este marco, afirmaciones oficiales que apelan a figuras como «el Estado es un pedófilo frente a niños envaselinados» no solo implican una banalización inaceptable de la violencia sexual contra las infancias, sino que delatan el síntoma de una cultura política que ha desgastado su función de contener y sublimar los impulsos, reemplazándola por la descarga directa e intempestiva.
Quien detenta el poder formal parece actuar bajo una sensación de impunidad absoluta, dando rienda suelta a impulsos donde la dominación se concibe desde un paradigma patriarcal y autoritario de sometimiento al más débil.
Una tecnología de gobierno y la degradación institucional
La vulgaridad discursiva en el Ejecutivo no es un rasgo anecdótico: constituye el núcleo rector de una nueva racionalidad política. El volumen elevado, la agresividad y la obscenidad cumplen la función política de desactivar el pensamiento crítico y activar respuestas primarias de seducción ciega o profunda hostilidad.
Esta dinámica genera un severo empobrecimiento de la esfera pública. El odio, el desprecio y la burla se naturalizan como formas ordinarias de interacción política. En este sentido, la vulgaridad no opera como una fuerza disruptiva o antihegemónica, sino que resulta profundamente funcional a un modelo que ya no busca convencer mediante razones, sino neutralizar cualquier disidencia.
Asimismo, alrededor del Poder Ejecutivo se ha consolidado un ecosistema digital integrado por funcionarios, militantes y redes automatizadas que amplifican y radicalizan esta violencia discursiva. El esquema opera en bucle: la cúpula emite enunciados provocadores, los actores digitales los potencian y las plataformas los monetizan.
En conclusión, el uso impune del lenguaje por parte del Poder Ejecutivo trasciende la figura coyuntural de un mandatario y amenaza las bases mismas de la convivencia democrática. Si la crisis del lenguaje es, simultáneamente, la crisis de las instituciones y del pacto social, su deterioro sistemático marca de forma ineludible la pérdida de la calidad democrática de toda la nación