La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tomó ayer viernes una decisión clave con respecto al juicio por YPF: aceptó la solicitud de la Argentina y suspendió la orden que obligaba al Estado a entregar el 51% de la petrolera a manos de los fondos Burford e Eton Park hasta que se resuelvan las apelaciones. Además, aceptó que el gobierno de Donald Trump presente sus documentos como «amigo de la corte».
El 30 de junio pasado, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar las acciones de YPF a los fondos demandantes como forma de pago de la sentencia de primera instancia, que fijó una indemnización de US$16.100 millones más intereses a favor de Burford y Eton Park.
La defensa argentina apeló la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal para frenar la transferencia de las acciones. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Estados Unidos la sentencia de primera instancia no se suspende automáticamente cuando se apela: es el juez quien decide si concede o no esa medida.
«La República Argentina recibió una muy buena noticia como consecuencia de un escrito que presentó el Estado junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos», dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en juicios que enfrenta la Argentina en el exterior.
«Uno de los argumentos que utilizó la República Argentina fue decir que no puede entregar las acciones de YPF por muchos motivos, principalmente porque necesitaría la aprobación del Congreso y segundo porque es un país amigable a los Estados Unidos y no puede meterse con la soberanía de nuestro país. La verdad es que fue un fallo de cuatro líneas y no sabemos el razonamiento detrás de ese fallo», agregó.
El artículo 10 de la Ley 26741, que habilitó la expropiación de YPF, establece que el Estado argentino no puede transferir las acciones sin autorización previa del Congreso.
La noticia fue largamente celebrada en el Gobierno. «Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos», sostuvo la Procuración del Tesoro.
Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones en paralelo: por un lado, la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park; por otro, el reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF