Solo por el efecto inmediato que ya tuvo, el diálogo que acaban de iniciar el oficialismo y la oposición de Venezuela se presenta más promisorio que sus cinco infructuosos antecedentes bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por más que aún no se haya abordado una posible salida a la crisis política del país y que las partes no hayan dejado de lado la retórica propia de un enfrentamiento duro y prolongado.
Las conversaciones que las delegaciones encabezadas por el oficialista Jorge Rodríguez y el opositor Gerardo Blyde mantuvieron el 25 y el 26 de noviembre en la Ciudad de México ya tuvieron una consecuencia directa y otra indirecta.
La directa la confirmó el miércoles Maduro: «Se ha logrado firmar un acuerdo para repatriar 3.000 millones de dólares para invertirlos en electricidad, en agua, en educación, en salud y en mitigar los daños de las lluvias torrenciales», dijo en conferencia de prensa.
El mandatario agregó que esperaba recuperar más de 24.000 millones de dólares bloqueados en el exterior por las sanciones o medidas coercitivas unilaterales, que cifró en 763.
Ese dinero, correspondiente a activos del Estado venezolano que están congelados en diversos países debido a las sanciones aplicadas por ellos en los últimos años, no será administrado por el gobierno de Maduro sino por la ONU, aclaró Blyde, quien subrayó que aún no había «una cifra exacta».
«Estamos coordinando cifras y fondos, se irán inyectando de manera progresiva; no hay una cifra exacta, los montos que se han dicho por ahí, que han ido desde 2.600 hasta 3.000 millones de dólares, hasta ahora corresponden a especulaciones», explicó.
La consecuencia indirecta del comienzo del diálogo fue la firma de contratos entre la petrolera estatal venezolana Pdvsa y la privada estadounidense Chevron, después de que Washington aliviara el mismo sábado algunas de sus sanciones.
«Hoy hemos suscrito importantes contratos para la continuación de las operaciones y las actividades de producción de esta empresa estadounidense, Chevron, que en abril de 2023 arriba a sus 100 años de presencia productiva en Venezuela», expresó ayer el ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, tras la firma en un acto oficial, en el que estuvieron presentes también el presidente de Chevron para Venezuela, Javier La Rosa, y Asdrúbal Chávez, jefe de la petrolera estatal.
Acuerdos como ese le permitirán a Venezuela recuperar la producción de crudo, que cayó de un pico de 2,86 millones de barriles diarios en 2015 a 650.000 barriles en 2021, según el sitio especializado Statista.com, pese a seguir teniendo las mayores reservas mundiales.
La esperanza se abrió en México
Presentado como la reanudación de las conversaciones que las partes mantuvieron entre agosto y octubre de 2021, también en México, y que fueron interrumpidas por el gobierno de Maduro, el diálogo recién iniciado tiene, sin embargo, condiciones muy diferentes de contexto a las de entonces, tanto dentro de Venezuela como en el mundo.En materia interna, la oposición siguió debilitándose debido a la pérdida de su mayoría parlamentaria a comienzos de 2021 y a la falta de resultado de todas sus estrategias para forzar la salida del chavismo, lo que derivó en una fragmentación creciente y en el desdibujamiento definitivo del «gobierno interino» encabezado por Juan Guaidó, sospechoso además de corrupción incluso entre sectores políticamente afines.
En el exterior, esa misma inefectividad para lograr un cambio de régimen fue diluyendo muchos apoyos a la oposición, mientras que la invasión de Rusia a Ucrania, con la consiguiente necesidad de reemplazar el suministro de petróleo ruso, forzó a Occidente -sobre todo, a Estados Unidos- a revisar pragmáticamente su relación con Caracas.
Con todo, el diálogo apenas comienza y, en el mejor de los casos, es mucho lo que deberán conversar y negociar las partes para llegar a una solución satisfactoria para ambas. Y es mucha, también, la desconfianza mutua.
Maduro se reunió con miembros de la oposición y acordó que se instalarán mesas de trabajo que durante 30 días debatirán una agenda de temas.
«Estamos negociando con los representantes de los secuestradores; se autodenominan la Plataforma Unitaria este grupo de partidos políticos de la derecha golpista, intervencionista, progringa y terrorista que ha habido en Venezuela», calificó Maduro a los interlocutores del chavismo en la misma conferencia de prensa del miércoles.
La postura de la oposición
La oposición, mientras tanto, fluctúa entre los sectores que directamente se oponen al diálogo, los que desconfían de sus posibilidades e incluso los que participando de las conversaciones también se refieren a la contraparte en términos inamistosos.
Entre los primeros se destacaron el exalcalde exiliado Antonio Ledezma, de la Alianza Bravo Pueblo (ABP), quien opinó que «es un diálogo manipulado por la tiranía a su antojo», y el exdiputado Enrique Ochoa Antich, del Movimiento al Socialismo (MAS), para quien las negociaciones son, «al final de cuentas, entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos».
A su vez, el exdiputado Freddy Guevara, de Voluntad Popular (VP, el partido de Guaidó) y uno de los delegados de la oposición en México, dijo al explicar cómo se administrarán los fondos descongelados que «no serán entregados a la dictadura».
Las mayores presiones sobre los representantes opositores se centran en dos aspectos aún no abordados en el diálogo: la situación de los presos que consideran políticos (277 en total, entre ellos 154 militares y 13 mujeres, según el último informe de la ONG Foro Penal, al lunes pasado) y, si no el adelantamiento, al menos las garantías de que las elecciones presidenciales previstas para 2024 sean transparentes.
«Ahora es que viene un proceso de negociación fuerte, se firmó este acuerdo y ahora entramos en agenda política; debemos asegurar que en esta otra etapa podamos conseguir condiciones políticas para que se produzca la alternabilidad democrática y el cambio de modelo político, no perdemos ese foco», aclaró Blyde.
En ese contexto, Maduro se reunió con miembros de la oposición y acordó que se instalarán mesas de trabajo que durante 30 días debatirán una agenda de temas.
«Nos hemos dado 30 días para poder definir los más importantes temas en el área económica, social, política y electoral (…) Y que de esos 30 días salga un documento donde podamos presentarle al país en qué estamos de acuerdo los sectores de la oposición venezolana y los sectores de la Revolución Bolivariana», explicó Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Pero si bien la situación es compleja y es mucho lo que falta conversar, este diálogo, apenas comenzado, ya fue más productivo que sus cinco antecesores bajo el gobierno de Maduro -los de 2014 y 2016 en Caracas, el de 2017-2018 en Santo Domingo (República Dominicana), el de 2019 en Bridgetown (Barbados) y el de 2021 en México-, todos los cuales duraron apenas un puñado de reuniones y no modificaron la situación de cada uno de esos momentos.