Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Caleta Olivia. La causa se venía instruyendo desde hacía varios meses e incluía tareas de inteligencia y vigilancia secreta. La investigación se centraba en un grupo que vendía drogas en pequeñas dosis, camuflado bajo la apariencia de la venta de comidas rápidas.
Dos de los operativos se realizaron en los carritos que estaban instalados frente a una escuela, en una zona de alta circulación diaria de alumnos, padres y residentes. Un tercer allanamiento se efectuó en una residencia del Barrio 2 de Abril, específicamente en la escalera 47, donde residían algunos de los individuos bajo sospecha. Según lo informado, los dos puestos de comida pertenecían a una pareja, con cada uno de sus integrantes a cargo de un puesto, y habrían estado coordinando la distribución de estupefacientes desde distintos puntos de la plaza.
La sorpresa fue grande entre los vecinos, quienes durante meses asistieron a los puestos sin sospechar de la actividad real que se desarrollaba.
Sustancias, dinero y equipos secuestrados
Los allanamientos realizados arrojaron resultados positivos. Los efectivos policiales confiscaron «sustancias vegetales compatibles con marihuana», un polvo blanco que resultó ser positivo para clorhidrato de cocaína, balanzas digitales de precisión, alrededor de medio millón de pesos en efectivo, 15 teléfonos celulares y tres notebooks. Todos los elementos fueron entregados a la Justicia Federal, la cual se encuentra analizando la dimensión de la red y sus posibles vínculos.
Durante el operativo, se verificó también que ninguno de los carritos poseía habilitación municipal ni la documentación sanitaria correspondiente. Por esta razón, personal de Bromatología del municipio labró las actas de infracción y procedió a la clausura inmediata de ambos puestos.
Fuentes judiciales confirmaron que un total de tres personas fueron puestas a disposición de la causa y deberán responder por la infracción a la Ley Nacional de Drogas. Se espera que en las próximas horas se tomen más declaraciones y se analicen los teléfonos confiscados, donde los investigadores tienen la expectativa de encontrar pruebas cruciales sobre las operaciones de venta y distribución.
Con información de La Opinión Austral.