El uso de procedimientos riesgosos para realizar abortos cuando el Estado nacional garantiza la provisión de medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la práctica, la información poco clara y la utilización inadecuada de la objeción de conciencia, son parte de los desafíos detectados en un informe que analiza cómo se aplica la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).Se trata de las conclusiones del reporte ‘Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto’ presentado por el proyecto Mirar, coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, organización mundial de investigación y defensa que promueve la autonomía respecto a la salud sexual y reproductiva.
El proyecto monitorea el acceso a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo, que es ley en la Argentina desde el 30 de diciembre de 2020, y reúne opiniones de personas proveedoras de servicios de salud, activistas y abogadas de todo el país, así como información oficial.
La ley 27.610 IVE/ILE “ayudó a generar una transformación cultural que liberó al aborto del estatus de lo clandestino, no solo por el hecho concreto de estar disponible legalmente sino en el discurso social y de los y las profesionales de la salud”, destacó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del Cedes.
Sin embargo, «todavía se detectan servicios de salud en los que no se brinda información suficiente o no se hace de forma respetuosa, con escollos burocráticos o demoras», identificó el informe.
Tecnología y medicamentos
El uso de tecnología riesgosa y obsoleta es uno de los obstáculos encontrados por las investigadoras, ya que «todavía se realizan legrados para terminar el procedimiento de aborto aunque no están recomendados, mientras que resta fortalecer la utilización de la aspiración manual endouterina como una opción recomendada para los abortos o el tratamiento con medicamentos».La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR) informó que en el primer semestre de 2022 se distribuyeron 38.229 tratamientos de misoprostol, el medicamento recomendado por la OMS para realizar abortos.
El Ministerio de Salud también incluyó el combipack, régimen combinado de los medicamentos mifepristona y misoprostol «que resulta seguro y eficaz», resaltó el reporte.
«Que más personas accedan a la IVE ILE a través de procedimientos con estos medicamentos es muestra de una mejora en la calidad de la atención», añadió.
En la Argentina hay dos laboratorios que producen misoprostol para abastecer al sistema de salud público: Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, que lo hace desde el 2019, y Productora Farmacéutica Rionegrina S.E., desde el 2021.
Recientemente se sumaron los Laboratorios Puntanos de San Luis y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. Y están en marcha procesos de producción de la mifepristona en laboratorios públicos.
El ingreso del combipack «es muy promisorio para mejorar tanto el acceso como la calidad de la atención del aborto, porque el misoprostol solo es seguro pero no es lo mismo que tener el insumo combinado”, resaltó Sonia Ariza, asesora legal de la DNSSyR.
Este año, la OMS publicó las directrices actualizadas para asegurar la prestación de servicios de aborto de calidad.
Por primera vez, incluyó la autogestión del aborto con medicamentos, y a trabajadoras y trabajadores de la salud comunitaria, y farmacéuticas y farmacéuticos como proveedores capacitados para el aborto con medicamentos hasta las 12 semanas de gestación.
Problemas para el acceso
Otro escollo identificado por el reporte de Cedes e Ibis fue que hay servicios de salud en los que la ruta de la atención es poco clara, y a veces se demandan más procedimientos de los que la ley plantea.
A esto se sumó que en distintos puntos del país se detectan objeciones de conciencia «no ajustadas a la ley».
«Se trata de malas objeciones cotidianas, como por ejemplo, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos», se explicó en el reporte.
También hay zonas alejadas de las grandes ciudades donde quienes integran el equipo de salud se declaran objetores.
“Lo ideal es que una persona pueda resolver en su ámbito local la atención y no tener que irse a otra localidad porque en la suya no hay nadie que pueda brindarla. Eso hace a la calidad de la atención”, resaltó Laura Soto, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de La Pampa y una de las personas entrevistadas para el reporte.
Estas situaciones «también producen un déficit en la calidad de atención cuando los equipos de salud se sobrecargan laboral y emocionalmente».
Si bien entre la sanción de la ley y septiembre de 2022, según datos oficiales, el número de instituciones públicas de salud que provee IVE e ILE aumentó un 58%, se observan «cuellos de botella para dar respuesta oportuna», concluyó el informe.
También detectó «una falta de campañas de comunicación pública que podrían generar un aspecto positivo al ofrecer información y herramientas de decisión a quienes demandan la atención, y también una mayor red de contención para quienes ofrecen el servicio”, evaluó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.
Cedes e Ibis sostuvieron que «para mejorar la calidad en la provisión de abortos, y con ello garantizar más plenamente el derecho a decidir, debe contemplarse la perspectiva de las personas usuarias y de quienes trabajan en salud, así como articular estrategias para ampliar el acceso, erradicar las prácticas no recomendadas, potenciar las buenas prácticas y lograr una fuerte articulación con las organizaciones territoriales».
En ese sentido, propiciaron «respuestas en tiempo y forma, de manera accesible cultural y geográficamente, con información clara y una atención empática».
«Porque no solo se trata de que el derecho amparado por la ley se respete en el territorio, sino de que suceda con foco en las personas, de manera respetuosa y equitativa. El cómo también importa», concluyeron.