El éxito en la vigilancia fronteriza muestra cómo se abre una ventana a la compleja red de rutas ilegales que utilizan los miembros de bandas criminales de alcance continental para evadir la Justicia. J. F. P. V., un hombre de 35 años con un historial de violencia marcado en su propia piel, se encuentra hoy bajo protocolos especiales de detención en la Delegación Ituzaingó de la Prefectura Naval Argentina, mientras el Estado acelera los mecanismos para su expulsión definitiva.
Quienes han tenido contacto directo con este hombre, desde su captura el pasado 20 de diciembre, coinciden en una descripción: es una figura intimidante. Su cuerpo es un mapa de una vida dedicada a la marginalidad y el conflicto armado. En el rostro, de manera desafiante, luce varias frases tatuadas y el resto de su fisonomía exhibe una iconografía recurrente en el mundo del crimen organizado venezolano: armas, calaveras y símbolos deportivos que las agencias de inteligencia, como el Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, asocian directamente con la simbología del Tren de Aragua.
Más allá de la tinta, su cuerpo cuenta una historia de supervivencia brutal. Los médicos que lo examinaron tras su detención contabilizaron al menos 20 cicatrices de heridas de arma blanca y, lo más impactante, una bala alojada en su abdomen desde hace años. Ante las consultas de las autoridades, el sospechoso intentó justificar estas marcas alegando que perteneció al Ejército venezolano, una explicación que no guarda coherencia con sus registros delictivos internacionales ni con su comportamiento esquivo.
La captura se produjo en el puerto de Ituzaingó, un punto estratégico en la frontera con Paraguay. J. F. P. V. pretendía cruzar el río Paraná hacia la localidad paraguaya de Ayolas, utilizando una vía fluvial. Esta elección no fue casual; las islas Apipé Grande y Chica, situadas frente a Ituzaingó, crean un laberinto de canales que suelen ser utilizados para el tráfico de personas y mercancías.
Al momento de ser interceptado por la Prefectura Naval, el hombre mostró un «certificado de extravío» de documentación, emitido apenas un día antes (el 19 de diciembre de 2025) por la Policía de Corrientes. Según su versión, había llegado a la zona tras pasar por Puerto Iguazú, Misiones, donde denunció haber sido víctima de un robo. Sin embargo, su nerviosismo y la falta de consistencia en su relato levantaron las alarmas de los efectivos.
A pesar de las evidencias, el sujeto se negó a declarar. Su defensa ahora cuenta con un plazo de 15 días hábiles para impugnar la orden de expulsión dictada por Migraciones el pasado 23 de diciembre. Dada la peligrosidad del mencionado y sus antecedentes de homicidio intencional en Venezuela (que datan de 2013) y porte de armas (2012), la Justicia ha dictado una prisión preventiva que vence el 26 de febrero.
Actualmente el edificio de la Prefectura en Ituzaingó, ubicado en la calle Centenario al 1600, se ha convertido en un búnker; se han reforzado las guardias y se han implementado perímetros de seguridad para evitar cualquier intento de rescate o fuga, dado que el Tren de Aragua es conocido por su capacidad de corromper estructuras o realizar ataques armados para liberar a sus integrantes.
El intercambio de información ha sido clave. Gracias a las huellas dactilares y la consulta al Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) de Venezuela, a través de Interpol, se logró confirmar su identidad real, algo que las bases de datos locales (como el Sifcop o la Policía Federal) no habían podido detectar inicialmente debido al ingreso ilegal del sujeto.
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El recorrido de un prófugo continental
Lo que hace de J. F. P. V. un caso de estudio para la seguridad regional es su impresionante trayectoria migratoria irregular. Según sus propias declaraciones, abandonó Venezuela en 2017 y desde entonces ha transitado de manera ilegal por casi todos los países de la región: Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Pero su periplo no se limitó a Sudamérica. El 16 de junio de 2024 fue arrestado en Estados Unidos tras ingresar ilegalmente por la frontera con México. En aquel entonces afirmó que vivía en Canadá con su pareja, sin embargo, las autoridades canadienses de la ciudad de Peel, Ontario, ya tenían un pedido de arresto en su contra por delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.
Finalmente, el 25 de enero de 2025, Estados Unidos procedió a su expulsión formal bajo la carátula de «riesgo para la seguridad pública». La inteligencia estadounidense confirmó que sus tatuajes coincidían plenamente con los patrones estéticos de los soldados del Tren de Aragua. A pesar de haber sido deportado, el hombre logró reingresar a Sudamérica y, mediante un paso clandestino en la provincia de Salta, se infiltró en territorio argentino con el objetivo final de llegar a Paraguay o reubicarse en la región.
La detención de J. F. P. V. en Corrientes no es un hecho aislado, sino parte de una preocupación continental. El Tren de Aragua nació en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, bajo el liderazgo de Héctor «Niño» Guerrero. Lo que comenzó como una banda carcelaria dedicada a la extorsión se transformó en una corporación criminal con presencia en más de siete países, dedicada al tráfico de drogas, la trata de personas, el sicariato y el tráfico de armas.
En Argentina la organización ha sido clasificada recientemente como una entidad terrorista. Esta designación permite que casos como el de este sujeto sean tratados con una severidad mayor, activando protocolos de seguridad que involucran a la Unidad Fiscal Federal de Corrientes, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones.
El proceso judicial en la ciudad de Corrientes ha sido tenso. Al ser llevado ante el juez federal de Garantías, Gustavo Fresneda, el sospechoso intentó una maniobra dilatoria clásica: afirmó que no conocía a su defensora oficial, Rosana Marini, y que no entendía de qué se lo acusaba. No obstante, minutos después se contradijo al reconocer que sí había mantenido contacto con la letrada.