Titulada «ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos» y firmada el 1 de diciembre por el presidente Joe Biden, la norma fue presentada ante el Congreso en 2023 por demócratas y republicanos, entre estos últimos Marco Rubio, futuro jefe de la diplomacia estadounidense y acérrimo crítico del gobierno comunista cubano.
En concreto, la nueva ley prohíbe a los tribunales y agencias federales de Estados Unidos reconocer las marcas consideradas «confiscadas ilegalmente» por el gobierno cubano durante las nacionalizaciones que siguieron a la revolución de 1959, «a menos que el propietario original» haya consentido su uso.
Durante la presentación del proyecto de ley, los congresistas mencionaron específicamente el caso del ron cubano y, en particular, su marca insignia Havana Club.
Esta marca ha sido objeto de una batalla legal de varias décadas entre Cuba, cuya empresa Cuba Ron es socia del grupo francés Pernod Ricard desde 1993, y el gigante estadounidense Bacardí, heredero de la empresa familiar de Santiago de Cuba, cuyos activos fueron nacionalizados por Fidel Castro.
Havana Club se comercializa en 125 países a través de una organización llamada CubaExport. Pero no en Estados Unidos, debido al embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.
A pesar de esta excepción, Cuba logró registrar la marca en Estados Unidos durante 20 años desde 1976, lo que Bacardí impugnó a partir de 1995. Bacardí comenzó entonces a vender su propio ron en Estados Unidos bajo la marca Havana Club.
Para Bacardí, aunque su ron se fabrica en Puerto Rico, tiene raíces cubanas, pues sigue la receta original creada en 1934 por la familia Arechabala, exiliada después de la revolución y que perdió sus derechos sobre la marca en 1974.
Desde entonces, la disputa comercial no ha cesado. Dado el auge del mercado del ron, hay mucho en juego.
Según un recién informe de la consultora Research and Markets, con sede en Dublín, se prevé que el mercado mundial del ron crezca «a una tasa anual media de 7,7% entre 2024 y 2031», pasando «de 19.100 millones de dólares en 2024 a 32.200 millones en 2031».
En 2016, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, siglas en inglés) renovó por otros 10 años el registro de la marca Havana Club para CubaExport, pero la promulgación de la nueva ley podría dificultar la renovación del registro en 2026.
Como era de esperar, Bacardí «se congratula» por la adopción del texto, en una breve declaración enviada a la AFP, mientras que Pernod Ricard expresó su «decepción» por una legislación que «pone en duda sus derechos de larga data sobre la marca Havana Club en Estados Unidos».
Aunque el embargo le impide vender botellas de Havana Club en ese país, el grupo francés cree que algún día se levantarán esas sanciones y será penalizado si su marca ya es utilizada por un competidor en ese mercado.
Para John Kavulich, director del Consejo Comercial Cuba-Estados Unidos, con sede en Nueva York, «se trata de un éxito inmensamente rentable para Bacardí», pues «se ha gastado poco dinero» en grupos de cabildeo «para lograr el objetivo» de promulgar una ley favorable a sus intereses que, subraya, ha suscitado poco debate entre demócratas y republicanos.
Tras el breve deshielo iniciado con Barack Obama (2009-2017), seguido de la línea dura adoptada bajo el primer mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), con un reforzamiento de las sanciones, la administración demócrata de Joe Biden ha hecho poco por flexibilizar las medidas de su predecesor, cuya política hacia Cuba podría endurecerse de nuevo.
La Habana denunció enérgicamente la nueva ley como «una patente de corso que ensancha el camino para consolidar el robo de marcas cubanas legítimamente registradas» en Estados Unidos.
«Una vez más, el Gobierno de Estados Unidos brinda espacio a los intereses oscuros de los sectores anticubanos más agresivos», denunció el gobierno cubano.