La secretaria adjunta de La Bancaria, Shirley Bustos, reclamó por esta situación y lanzó una campaña de recolección de firmas para respaldar el pedido. “Estamos hoy tratando por todas las vías de llegar a las personas que tienen poder de decisión en esto dentro de lo que es el Banco”, expresó en Radio Kermes.
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El gobierno nacional encabezado por Javier Milei no cumplió con su compromiso de reponer la gerencia zonal del Banco Nación en La Pampa, que había sido cerrada como represalia cuando la provincia anunció un aumento en la alícuota de Ingresos Brutos para el sistema financiero.
La secretaria adjunta de La Bancaria, Shirley Bustos, reclamó por esta situación y lanzó una campaña de recolección de firmas para respaldar el pedido. “Estamos hoy tratando por todas las vías de llegar a las personas que tienen poder de decisión en esto dentro de lo que es el Banco”, expresó en Radio Kermes.
Bustos explicó que la iniciativa busca sumar el compromiso de los ciudadanos pampeanos con el Banco Nación. “Llevamos esta acción directa de juntar firmas. Hay un libro en cada sucursal de la provincia para que puedan firmar el petitorio por la reapertura de la gerencia zonal, debido a los daños que esto genera en la economía provincial, en las distintas actividades y sus ciclos productivos”, detalló.
El conflicto comenzó cuando La Pampa anunció que incrementaría la alícuota de Ingresos Brutos para nutrir un fondo de emergencia alimentaria. En respuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Banco Nación cerraron la gerencia zonal y amenazaron con clausurar otras nueve sucursales. Aunque la provincia dio marcha atrás con el aumento, lo que evitó el cierre de las sucursales, la gerencia zonal no fue reabierta.
Bustos explicó los efectos negativos que esto genera tanto para los trabajadores como para la población. “Por más que no te echen, desaparece tu lugar de trabajo. Pasás a depender de personas que no conocen tu labor, tu provincia, la economía o los clientes. Dejás de tener la autonomía que tenías como unidad de negocio”, afirmó.
Además, subrayó que los principales perjudicados son los clientes y la población pampeana. “La agilidad que tenía cualquier trámite hoy no existe. Esta decisión afecta directamente a los ciclos productivos y la economía local”, concluyó.