Un matrimonio de Comodoro Rivadavia denuncia que una organización coercitiva captó a su hija cuando era menor de edad y perdieron todo contacto con ella. En ese entonces, la familia residía en Puerto Madryn. Además, fueron víctimas de extorsiones, lo que llevó a que pierdan su departamento. Responsabilizan a la Justicia Federal y Civil por su accionar y siguen reclamando soluciones.
Marcela Hernández y Eduardo Champagna, padres de Marina, denuncian la inacción judicial y exigen respuestas tras seis años sin contacto con su hija.
Fueron seis años de litigio en el fuero Penal, Civil y también en el área de Familia, donde se encontraron con respuestas totalmente negativas, que impactaron directamente sobre sus vidas. Todavía no lograron recuperar a su hija. Incluso perdieron su departamento, sumado al embargo de una herencia.
Recuperar a Marina
“Nuestro caso ya ha sido difundido en distintos medios, detallando lo sucedido a lo largo de más de seis años, desde que realizamos la primera denuncia en el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, desde el año 2019. Hemos sido afectados en el ámbito Civil, de Familia y Penal, con resultados negativos e ignorados en nuestras denuncias de asociación ilícita” expresaron los damnificados a Crónica. En la misma línea, los padres de la joven plantearon que nunca cesaron en sus intentos por recuperar a su hija y tener justicia: “nunca nos detuvimos. En el año 2023, como padres, concurrimos al Juzgado Federal número 2 de Rawson para realizar la denuncia correspondiente para recuperar a nuestra hija Marina. Viajamos de manera sistemática durante dos años, que fue el tiempo que duró la investigación”.
Pese a todo este esfuerzo, este año se enteraron (de manera informal), que la causa fue archivada sin mediar comunicación escrita, la cual tuvo que ser solicitada expresamente por el abogado de la pareja. “De lo contrario, todavía seguiríamos esperando que se expidieran”.
En este sentido, precisaron que “se realizó una investigación detallada que incluyó allanamientos, donde dos personas de nacionalidad dominicana fueron detenidos, encontrando elementos significativamente suficientes de prueba, además de testimoniales y otros elementos de valuación, en algunos casos aportados por nosotros mismos”. Los padres de Marina señalaron que, desde su punto de vista, los resultados no fueron justos y la ley no se aplicó.
“Los denunciados son de nacionalidad dominicana, radicados en Puerto Madryn, llamados A.J.L.P., sus hijos S.E.D.P. y F.D.P. y la psicóloga, E.S.C. de la misma ciudad, matriculada y en ejercicio de su profesión, a quien también denunciamos ante el Colegio de Psicólogos. Esta profesional es coautora y partícipe de todos los delitos cometidos”.
Entrando en detalle, la pareja señaló además que “cubren sus actos ilícitos tras pantallas de actividades lícitas, como vendedores de productos de purificación de agua de sistema piramidal, geriátrico, lavadero de autos, peluquerías”.
“Se quedó inmersa en ese grupo”
Mientras que el matrimonio logró alejarse de estas personas, su hija no lo logró y perdieron todo tipo de contacto con ella. Por eso hoy exigen justicia. “Nosotros como padres pudimos salir con ayuda familiar, pero ella quedó inmersa con ese grupo. Nuestra hija siempre fue una persona integrada a su familia, hermosa hija en todos los sentidos, con buenos hábitos, honesta, solidaria, excelente estudiante universitaria”. Sin embargo, todo esto cambió luego de que fueran a vivir a Madryn, continuando el vínculo con los denunciados, quienes hicieron que Marina se fuera del domicilio familiar.
“Trabajan como un grupo coercitivo, te transforman en un objeto, un ser no individual, vulneran derechos, estafan, cometen fraude, se enriquecen ilícitamente y usan pseudociencias para eliminar la racionalidad de la persona. No se deja estudiar a las víctimas porque su misión es otra”, destacaron.
Una Justicia que no convence
En cuanto a la Justicia, señalaron que “el Juzgado Civil de Puerto Madryn y el de Comodoro Rivadavia, fueron avanzando, en paralelo, ya que los denunciados, a través de maniobras fraudulentas buscaron sacarnos nuestros bienes. Debido a ello, como familia hemos perdido porque estamos a punto de dejar nuestro departamento de toda la vida e irnos a alquilar. Están dispuestos a ir por todo”, plantearon.
Así, precisaron que “una y otra vez, los padres somos ignorados. No sabemos nada de nuestra hija, no se nos informa, ni su paradero, de qué vive, en qué condiciones de salud física y psicológica está, de qué trabaja, ni ningún otro dato. El argumento de que sea mayor de edad no es condición única para casos de delitos complejos como este”. Los padres de la joven subrayaron la importancia de visibilizar esta situación y concientizar a la ciudadanía: “a cualquier familia le puede pasar, la realidad nos muestra que hay muchos casos, con características similares en diferentes lugares. Aún con todo lo vivido, estamos más fortalecidos que nunca, con más fe que nunca, porque cuando uno va con la verdad, la puede repetir mil veces igual, en cambio el mentiroso, en algún momento cambia su versión”.