El Ministro de Defensa, Jorge Taiana, firmó una resolución para establecer «nuevos mecanismos de compensación» en adquisiciones de bienes y servicios para esa área durante negociaciones con empresas extranjeras con el fin de «maximizar las inversiones del Estado» y de «obtener el mayor beneficio económico posible» para Argentina.
Las nuevas pautas suscritas para los Acuerdos de Cooperación Productiva (ACP), también conocidos como «Offsets», deberán ser contempladas por el Ministerio de Defensa, sus organismos y las Fuerzas Armadas «en beneficio de la industria nacional ante la adquisición e incorporación de capacidades, material y sistemas de armas de origen extranjero», informó la cartera castrense en un comunicado.
De esa manera, se busca «maximizar las inversiones del Estado» en la adquisición de bienes y servicios de origen extranjero destinados a esa área con el fin «de obtener el mayor beneficio económico posible», se detalló.
Además, en el documento se explicó que las exigencias de los ACP «es una práctica ampliamente extendida en el ámbito de la Defensa a nivel mundial» y que en Argentina «múltiples iniciativas han intentado regularla».
En ese sentido, se consideró a la resolución firmada como «un avance fundamental para convertir las grandes adquisiciones en Defensa en un incentivo a la capacidad productiva del país y las empresas de alta complejidad».
La norma internacional prevé que, en el caso de las incorporaciones de nuevo material adquirido en el exterior, se priorice a aquellas que «aporten nuevos desarrollos y transferencia tecnológica», explicó el texto.
Además, se detalló que ese Programa «va en línea con los principios» del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que apuntan «a la necesidad de la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa».
A la vez, se promueve «la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico», se busca «incrementar las acciones de investigación y desarrollo» en el sector público como privado, y se tiene como fin «mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional».