En la primera jornada de debate quedó clara la estrategia de apuntar contra la ilegalidad de la investigación paralela a la causa Sapucay.
El juicio al ex juez federal de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila por ser organizador de la asociación ilícita que recibía coimas de narcotraficantes se ha iniciado y el primer incidente han sido los planteos de la nulidad efectuados por las defensas de los siete imputados que siguen el juicio (ya que los cinco restantes acordaron recibir una pena en juicio abreviado). Por lo que siguen enjuiciados junto al otrora magistrado dos de sus secretarios, Pablo Molina y Federico Grau, los abogados Duylio Barboza Galeano, Tomás Viglione, Gregorio Giménez, además del ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone.
En el inicio del juicio las defensas plantearon una serie de nulidades que se habían presentado en etapas anteriores de la instrucción y de la llegada del caso al Tribunal Oral Federal de Corrientes, que para esta ocasión está constituido por los jueces subrogantes Juan Manuel iglesias (Chaco), Manuel Alberto Moreyra (Misiones) y Rubén Quiñónez (Formosa).
La defensora de Soto Dávila, Mariana Barbitta, planteó que hubo violación del principio de juez natural, pues la causa comenzó a ser investigada por el juez Sergio Torres cuando estaba al frente del Juzgado Federal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como lo que denominó la ausencia de pruebas directas. De acuerdo con ese planteo, de los ocho hechos que se le imputan al ex magistrado no se desprenden escuchas que refieran al supuesto delito de coimas, ni con los abogados que habrían oficiado como intermediarios ni con sus secretarios penales. Desde la defensa de Soto Dávila, asesorada además por el abogado Juan Francisco Soto Dávila, se niegan esas operaciones y se afirma que el ex juez correntino registró los índices más altos de captura de narcotraficantes, así como de secuestro de drogas en su jurisdicción.
Valeria Corbacho, defensora de Molina, planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado, sobre la base de que el inicio de la causa está basado en «legajos secretos». «Durante un año y un mes estos legajos que dieron origen a la causa, permanecieron en un éter donde se iban acumulando pruebas a las que las defensas no teníamos acceso; se sacaban y se ponían elementos que no conocemos cuando por mucho menos terminó condenado el ex juez (Juan José) Galeano», dijo la abogada.
Según la acusación, los fiscales originales del caso, Diego Iglesias, por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Carlos Stornelli por la primera instancia, les imputan haber percibido 1.345.000 pesos, sumando distintos pagos, por diversas resoluciones que representaban alivio procesal para integrantes de las organizaciones narcocriminales de Itatí. En la instancia del juicio es el fiscal Carlos Schaefer quien sostiene las imputaciones contra Soto Dávila.
La próxima audiencia está prevista para el 29 de junio por la mañana. Se prevé que el principal acusado declare en julio.
El ex titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes está procesado como líder de una organización criminal que cobraba a contrabandistas de marihuana para aliviar su situación procesal, configurando además del delito de asociación ilícita, el de cohecho pasivo agravado y prevaricato en calidad de autor, en ocho oportunidades, sostiene el Ministerio Público. Asimismo, Molina por los mismos delitos en cinco oportunidades, y Grau por otras cinco, ambos como partícipes necesarios.