Diez policías cordobeses fueron separados preventivamente de la fuerza de seguridad provincial, en el marco de una investigación administrativa interna que se lleva debido a la falta de asistencia a Valentín Blas Correas (17) cuando aún estaba con vida tras ser baleado durante un control de seguridad realizado en la capital provincial en agosto de 2020, informaron este lunes fuentes de esa institución.La decisión fue adoptada por el Tribunal de Conducta Policial a partir de una presentación que realizó el pasado miércoles ante ese organismo la mamá del adolescente asesinado, Soledad Laciar (44).
La semana pasada, la actual jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, había declarado como testigo en el juicio que se realiza a 13 efectivos por el crimen del adolescente, oportunidad en la que dijo ante los miembros del tribunal técnico de enjuiciamiento y del jurado popular que sentía “vergüenza” por el comportamiento de los efectivos tras ver las imágenes del operativo.
«Todo lo que hizo la policía lo hizo mal”, dijo entonces la comisaria general, que alentó a Laciar a realizar la presentación ante el Tribunal de Conducta Policial para que se investigue a los efectivos que “nada hicieron por salvarle la vida” a su hijo cuando, tras ser baleado, agonizaba en el interior del Fiat Argo en el que se trasladaba a amigos y que fue interceptado en la intersección de Chacabuco y Corrientes.
“Lo dejaron morir. No hubo ni un poco de sensibilidad ni valor por la vida humana. Son policías deshumanizados que no tienen valor por la vida. Solo recibimos maltrato por parte de ellos”, había manifestado Laciar en dialogo con Télam luego de reprochar que no le realizaron maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) ni acercarlo a algún centro asistencial de salud.
El organismo de conducta policial decidió pasar a «situación pasiva» a diez de los efectivos señalados como presuntos responsables de no haber atendido a Blas, quienes permanecerán apartados de la fuerza mientras se instruye el sumario administrativo interno.
En tanto, la representación legal de la familia de la víctima evalúa la posibilidad de presentar la denuncia ante la justicia para que se instruya otra causa penal.
“Lo dejaron morir. No hubo ni un poco de sensibilidad ni valor por la vida humana. Son policías deshumanizados que no tienen valor por la vida. Solo recibimos maltrato por parte de ellos”
Por otra parte, el próximo martes a las 14 se realizará la 15° audiencia del juicio que comenzó el 7 de setiembre para continuar con la recepción de las pruebas testimoniales y documentales.Hasta la fecha ya declararon 34 testigos y restan alrededor de 65 para cerrar la etapa de pruebas testimoniales, informaron fuentes judiciales.
El hecho
El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas se hallaba en el Fiat Argo junto a sus cuatro amigos y al llegar al barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los efectivos había desenfundado un arma.
Dos policías dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.
Ambos llegaron al juicio como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de ‘falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público’, ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber «plantado» un arma con numeración ‘limada’ para simular un enfrentamiento con los chicos.