«Es muy triste ver cómo actúa la policía, que en muchos de los casos son víctimas de un sistema de no funciona y a la gente buena también lo van contaminando de a poco«, dijo a Télam Soledad Laciar (44), madre de la víctima.
Y agregó: «Sé que es muy difícil cambiarlo pero no imposible y esa es mi lucha.»
La mujer, quien concurre diariamente a las audiencias del proceso de enjuiciamiento que realiza en los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba, reiteró que a su hijo Blas «lo dejaron morir» cuando el vehículo en que se movilizaba con sus amigos fue interceptado en la intersección de Chacabuco y Corrientes, luego de ser baleado cuando evadieron un control policial.
«Todavía respiraba. Estaba vivo. Sin embargo los policías ocuparon su tiempo en ver cómo inculpaban a los jóvenes en vez de salvarle la vida a Blas. Nadie lo atendió, nadie lo revisó. Lo dejaron morir», reprochó Soledad al rechazar los informes médicos que sostienen que en ese lugar ya estaba sin vida.
Por su parte, Camila Toci (19), una de las amigas que se movilizaba en el auto, había manifestado en este juicio que Blas respiraba, que estaba vivo y que los policías no lo atendieron a pesar del insistente pedido para lo hagan.
Mientras tanto este martes se realizó la 12da. audiencia del debate luego del cuarto intermedio impuesto el 6 de octubre y se retomó la recepción de pruebas testimoniales.
Una de los testigos, Romina Laciar (40), tía de Blas, expuso ante los miembros del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular que el crimen de su sobrino les «cambió a todos en la familia».
«Nos destruyó. Es mucho el sufrimiento y nada volvió a ser igual», expresó y agregó: «Blasito era la vida para mi mamá y mi papá. Tenía un vínculo muy especial.»
La mujer señaló que su sobrino «merecía vivir y no le dieron esa oportunidad».
En tanto, Gabriela Correas (59), quien se desempeña en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y es hermana de Fernando Blas Correas, el papá de la víctima, reprochó severamente al Gobierno provincial por el «desamparo» de los organismos competentes que «no cumplieron en ningún momento con la asistencia ni contención en el difícil momento que atravesamos como familia, aun cuando nada va a reparar el dolor».
«Blas fue ejecutado. Lo mató el Estado. Todos en la familia fuimos víctimas de violencia institucional por parte del Estado provincial», dijo con fuerte tono crítico y consternación.
Además, exigió que la provincia que adhiera a la ley nacional 27.372 de Asistencia a las Víctimas que fue sancionada y promulgada en 2017.
Luego declararon Florencia Moriconi (48), actual pareja del papá de Blas, el agente Exequiel Henot (31) y la oficial Natalia Márquez.
Tras estos testimonios se dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 para escuchar, entre otros, a la jefa de la Policía de Córdoba, comisario Liliana Rita Zárate Belletti.
«Es muy triste ver cómo actúa la policía, que en muchos de los casos son víctimas de un sistema de no funciona y a la gente buena también lo van contaminando de a poco».Soledad Laciar
Mientras que se fijó para el 26 de octubre a las 9 la comparecencia testimonial de quien fuera ministro de Seguridad en la fecha del crimen, Alfonso Mosquera, y del entonces subdirector de Seguridad de la capital, Gonzalo Cumplido.
El hecho ventilado en el debate ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas (17) se hallaba en el Fiat Argo junto a sus cuatro amigos y, cuando circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.
Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria; y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.
Ambos llegaron al juicio como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».
Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber «plantado» un arma con numeración «limada» para simular un enfrentamiento con los chicos.