El ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, pegaron hoy el faltazo a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, a la que habían sido citados para que rindieran cuentas sobre el escándalo del presunto pedido de coimas por parte de altos funcionarios del Gobierno que revelaron los audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo.
«Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir», anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, a la que no asistió ningún integrante del oficialismo ni sus aliados.
El diputado tucumano señaló que «no es la primera vez» que ministros de este Gobierno dejan las sillas vacías ante distintas citaciones a la Cámara de Diputados.
Yedlin recordó que además de producir leyes, «uno de los objetivos» de los legisladores es «controlar al Poder Ejecutivo» y para desempeñar esa función existen «herramientas» como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político «en última instancia».
Ante la ausencia de los funcionarios del Gobierno, la comisión se abocó a discutir el amplio abanico de proyectos vinculados a esclarecer este caso de presunta corrupción que comprimete, entre otros, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El diputado opositor explicó que como «la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas, no «va a quedar más alternativa que en la próxima sesión» se mocione un emplazamiento.
A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (Unión por la Patria) resaltó el «contraste obsceno» entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre coimas superiores a los 500 mil dólares.
Como muestra del cuadro de situación, el legislador opositor advirtió que «una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes» y que «las acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobran 2900 pesos por hora a cobrar 3.100 pesos».
«Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1500 pesos en lugar de trasladarlos cinco veces por semana, los traslada dos», lamentó.
Además, alertó que los hogares y centros de día están todos a punto de cerrar» porque están desfinanciados.
En otro orden, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad «se hicieron mal» y pusieron «en estado de desesperación a muchísimas personas».
«Del total de las bajas que se dieron, 110 mil, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio. El 40% de los telegramas y las cartas documento no llegaron a destino por algo muy básico y elemental y es que se tomó el domicilio original», cuestionó Arroyo, que explicó que se omitió el hecho de que muchas personas se fueron mudando desde que tramitaron originalmente el certificado en Discapacidad hasta la actualidad.
El ex ministro de Desarrollo Social aseguró que «si algo es fácil en el siglo XXI es dar con una persona», y sin embargo la ANDIS decidió «no cruzar la base de datos ni con el registro civil ni con Renaper» para verificar si en el medio no hubo cambios de domicilio en la población de beneficiarios.
«40% de pifie hubo. Está claro que la auditoría se hizo mal, no hay debate sobre eso. Pusieron en desesperación a la mayoría de las personas», reprochó, y le advirtió al Gobierno que una vez que el Senado rechace el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, no será «opcional» el cumplimiento de la norma y debe «ponerse en marcha de inmediato».
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta enfatizó que con Javier Milei «la corrupción avanza» y habló de una «enorme estafa» del Gobierno a las personas con discapacidad.
«Estamos hablando de un Gobierno que dijo que venía a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros, utilizando los mismos métodos de la casta que tanto denunciaban: coimas, sobreprEduardecios. Está claro que son recontra casta», denunció la referente de Izquierda Socialista.
«¿No era que el que las hace las paga? ¿Eso es para algunos y otros no? ¿Para Karina la cajera no cuenta que el que las hace las paga? ¿Para el clan Menem tampoco? Porque la verdad que sacarle la plata a los discapacitados para que se la quede el Triángulo de Hierro del Gobierno es algo absolutamente repudiable», lanzó.
Para De Mendieta, «la ruta del dinero de Karina Milei es la punta del iceberg o el primer capítulo de una temporada que va a tener un montón de capítulos».
Juan Marino (Unión por la Patria) recriminó la decisión de Lugones y Vilches de desistir de la invitación a dar explicación en «una situación gravísima».
«Lo que se destapó es que había una red de corrupción que terminaba en Karina y los Menem que se estaba robando plata en medicamentos para personas en discapacidad en un contexto en que venimos de derrotar el veto a la ley de Discapacidad», reconstruyó el legislador opositor.
El diputado de UP denunció el «espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo con nuevos casos que surgen todos los días» y que «no por casualidad todos terminan en Karina y los Menem».
«Habíamos tenido la estafa Libra, el contrato entre Banco Nación y Tech Security, las valijas que pasaron sin control de la aduana por Aeroparque, la venta de candidaturas, el pedido del retornos a cambio de cargos en Anses y el Pami, la versión de que quizás Milei habría cobrado coimas por la participación en el evento de la Iglesia portal del cielo en el Chaco, y ahora surge lo de la obra social de la UATRE y la lista sigue», enumeró.
A la vez, Marino señaló que en paralelo a las coimas, los programas de la ANDIS, como el «Incluir Salud», están «paralizados».
«Todos los días nos llegan denuncias de familias y personas con discapacidad que no están recibiendo su medicación, su tratamiento y los subsidios para el transporte», alertó.
Por último, Marino le pidió a sus pares que se sumen a un «proceso colectivo» para «depurar democráticamente la ANDIS, que no sea rehén de la red de corrupción de Karina y los Menem y que se ejecuten todos los programas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad».
Esteban Paulón (Encuentro Federal) consideró que «estamos ante un escándalo de enormes proporciones, moral».
El legislador socialista denunció «un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder».
«Este es el Gobierno de las auditorías. Le quiere poner auditoría a todo. Faltan auditorías a las baldosas. A los que no auditan es a los que venden medicamentos al Estado, a los funcionarios que evidentemente facilitaban y aceitaban con una manito de la droguería los contratos para la compra de la medicación», cuestionó.
El referente socialista planteó la necesidad de crear una comisión investigadora en este tema «por la gravedad, porque cada peso que no fue a un medicamento y que fue al bolsillo de algún funcionario o empresario indebidamente es un peo menos en una prestación que las familias desesperadamente necesitan».
«Más allá de que reconocer la pronta y certera acción de la Justicia en este caso, que casi no le ha dado tiempo a cubrirse a quienes están involucrados en este escándalo, aquí también tenemos que determinar las responsabilidades políticas», consideró.
«¿Por qué el Gobierno tiene que dar explicaciones urgentes? Porque Karina es Javier. El propio presidente ha dicho uqe él es indivisible de su hermana, que no hay proyecto político sin su hermana. Y si sobre su hermana hay un estado de sospecha lo que aquí está en juego la institucionalidad y la credibilidad de la palabra presidencial», concluyó Paulón.
Sabrina Selva (Unión por la Patria) le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que comunique al Senado el rechazo al veto de la ley de emergencia en Discapacidad así el pleno de ese cuerpo lo puede tratar.
«Me parece paupérrimo que tengamos constantemente que emplazar comisiones para obligar a los diputados del oficialismo a ponerse a laburar, indicó la dirigente del Frente Renovador.
La legisladora de la oposición señaló que el Gobierno «ni siquiera desmiente los audios de Spagnuolo» y acotó que Karina Milei tardó menos en «desmentir el valor de su reloj que en desmentir el cobro de coimas».
Leandro Santoro (UP) calificó de «insólito» que Lugones y Vilches no se avinieran a comparecer ante la Cámara de Diputados, siendo que «desde hace una semana que no se habla de otro tema» que el de las coimas en la ANDIS.
«Quedó demostrado que la audtoria que hicieron sobre el sistema de pensiones fue una auditoría corrupta porque en lugar de buscar quienes habían sido las personas que no calificaban para recibir las pensiones, tomaron la decisión de mandar un telegrama diciéndoles a las personas con discapacidad que si querían seguir cobrando la pensión tenian que hacerse preentes en la agencia», señaló.
E indicó que «usaron una base de datos desactualizada porque tenían un solo fin político: llevar adelante un ajuste cruel, insensible».
«Para colmo de males ellos fundamentan políticamente este ajuste brutal diciendo que lo hacen para luchar contra la corrupción. Y hace una semana nos vinimos a enterar que en realidad mientras ellos ajustaban a las personas con discapacidad, estaban robando en las compras y contrataciones con empresas privadas que vendían medicamentos a la agencia», siguió el diputado de Unión por la Patria.
Para Santoro, «si queremos ir a fondo no alcancen con que los despidan a Spagnuolo y a Daniel Garbellini» de la ANDIS.
«Es imprescindible que más temprano que tarde se hagan presente Lule Menem y Karina Milei. No se puede siempre cortar el hilo por lo más delgado», arremetió.
Por la Unión Cívica Radical estuvo presente la diputada Natalia Sarapura, quien repudió «la situación de corrupción y el hecho de que hasta este momento (desde el Gobierno) no hayan retrocedido en las decisiones que afectan los derechos de las personas con discapacidad».
Florencia Carignano (Unión por la Patria) planteó la posibilidad de citar a los responsables de la Droguería Suizo Argentina, sospechada de cobrar las coimas para entregar una parte a funcionarios del Gobierno.
En tanto, la diputada Carla Carrizo (Democracia para Siempre) expresó que le gustaría que se pudiera invitar a funcionarios de la SIGEN para que expliquen cómo se realizan los controles.