Rosario, una ciudad paralizada por el miedo a los narcos

“Esto es simple: vos matás a la dueña de una granja y no te va a dar pelota nadie; matás a un taxista, a un colectivero o alguien de algún servicio público y tenés a todos en vilo. Lograron parar la ciudad: no hay colectivos, no hay taxis. El año pasado, algunas escuelas no abrían porque las tiroteaban o por miedo a que lo hicieran…”.

La sentencia que ilustra la situación que vive Rosario es de un policía que custodia el edificio de la Gobernación de Santa Fe. Si las bandas del crimen organizado buscaban eso mediante la escalada de violencia que azotó la ciudad durante la semana pasada, lo lograron. Con creces, y a costa de inocentes.

Rosario, ciudad de casi un millón y medio de habitantes, la tercera ciudad más grande del país, amaneció este lunes prácticamente paralizada. No funcionan los colectivos ni trolebuses, tampoco los taxis.

Además, no hay recolección de residuos; las estaciones de servicio limitaron su atención; los establecimientos educativos no abrieron, tanto primarios como secundarios y terciarios.

La Universidad de Rosario dejó a consideración de cada facultad abrir sus puertas o no; los centros de salud y hospitales prestarán atención mínima.

Mientras se espera cómo van a instrumentar el envío de las Fuerzas Armadas, rige un Comité de Crisis.

La ciudad ya estuvo paralizada gradualmente desde el jueves y durante el último fin de semana. El jueves hubo paro de taxis, como respuesta a los asesinatos de dos taxistas, no para robarles, sino para dejar un mensaje a las autoridades.

El jueves por la tarde balearon a sangre fría a un chofer de trolebús: como no había taxis, el blanco fue otro trabajador del transporte, un servicio público. El viernes y el sábado hubo paro de colectivos: la ciudad, de habitual ajetreo, estaba mermada.

Mientras las autoridades se abocaron desde el jueves a establecer medidas de seguridad, tales como un Comité de Crisis y la organización de mayores operativos (con la llegada de más agentes de fuerzas federales que aún se aguarda).

También, a organizar allanamientos para dar con los autores de los crímenes de los taxistas y de sus cómplices (que se cuentan por veintenas en ambos casos).

El sábado por la noche asesinaron a quemarropa a Bruno Nicolás Bussanich (25), playero de una estación de servicio de la zona oeste. Mientras, el chofer de trolebús Marcos Iván Daloia (38) agonizaba en el Hospital Clemente Álvarez, que finalmente murió el domingo.

En medio de todo esto, balearon escuelas, comisarías y un penal. Todo indicaría, según hipótesis de rosarinos de a pie, de taxistas y de las mismas autoridades, que el estado de terror que reina en la ciudad es producto de una represalia que las bandas narco tomaron por los operativos a lo Bukele en la prisión de Piñero.

Luego de que se conocieran las primeras consecuencias de las requisas (es decir, las muertes de los taxistas Diego Alejandro Celentano, de 32 años, y Héctor Raúl Figueroa, de 42), allanamientos culminaron con tantos detenidos como armas y municiones, teléfonos, motos y otros insumos del crimen organizado.

Por tal motivo, las autoridades municipales, provinciales y nacionales acordaron un Comité de Crisis para intentar dar una solución. Sin embargo, la violencia no hizo más que escalar.

Además del ataque a un chofer de trolebús y a un playero, y las balaceras en edificios públicos, el sábado por la tarde se colgó una bandera con amenazas al gobernador Pullaro y otras autoridades, como el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

«Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros hijos y familiares… van a seguir las muertes de inocentes: taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes«, se leía la bandera de la amenaza, en Circunvalación y Boulevard Oroño.

Horas más tarde, otro mensaje intimidatorio: “Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni (…). No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando a la familia. Pullaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes«.

“Preparen los cajones”, advierte otra de las amenazas sembradas en los clubes de fútbol infantil.

El sindicato de los docentes públicos, AMSAFE, emitió un comunicado este lunes para expresar las medidas adoptadas (un paro de, al menos, 24 horas) y las preocupaciones por la situación.

“La situación en Rosario es realmente gravísima. Cuatro trabajadores asesinados en pocos días son la expresión brutal de grupos narco criminales que parecen actuar sin que el Estado pueda ponerle límites. Nos solidarizamos con las familias y los compañeros de las víctimas”.

También rechazan la publicidad que se hizo sobre las requisas en el penal de Piñero por parte de las autoridades: tildaron esa acción como una provocación.

El Gobierno nacional, por su parte, emitió otro comunicado para marcar a quiénes cree que están detrás de los crímenes y el escarmiento: “Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles: quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos”.

Mientras se aguarda la llegada de más fuerzas de seguridad, incluido el Ejército, la ciudad está parada.