El miércoles último en medio de la habitual marcha de los jubilados y de la movilización de la CGT para adelantar su pronunciamiento por el Día de los Trabajadores (que se celebró el jueves), la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento de un proyecto de reforma del sistema jubilatorio argentino; una iniciativa que todos los sectores político tienen en agenda por considerarlo indispensable, pero sin embargo no logran ponerse de acuerdo sobre cómo y cuándo hacerlo. A la falta de voluntad para los consensos mínimos hay que sumarle un exagerado ego político, además, por supuesto, de la ausencia de un objetivo concreto.
¿Para qué quieren reformar el sistema previsional? Esta es la pregunta que los actores de la política argentina evitan responder.
El gobierno de Javier Milei viene meneando la posibilidad de impulsar un proyecto, ahora está obligado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que lo puso por escrito en el texto del acuerdo que se firmó recientemente y que significó el desembolso de una suma millonaria de dólares para salvar del incendio a la administración libertaria.
El PRO (es decir el macrismo), los radicales, hasta los kirchneristas, incluso los representantes de partidos que componen el denominado bloque federal en la Cámara baja del Congreso justifican la necesidad de una reforma previsional. Pero, la pregunta sigue sin respuesta: ¿para qué?
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