La Asociación Argentina de productores de Cine y Medios Audiovisuales (Aprocinema) presentó una acción de amparo contra el decreto del gobierno de Javier Milei que cambió la ley del Cine eliminando la «cuota de pantalla» y la asignación de subsidios para producciones nacionales. La iniciativa apunta a que «se declare la inconstitucionalidad del decreto como así también de toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fue dictado en su cumplimiento, en resguardo de los intereses afectados del sector de productoras que representó y sus trabajadores como la industria del Cine Nacional».
María Cristina Agüero, presidenta y apoderada de Aprocinema, advirtió en su presentación que «el Poder Ejecutivo no puede modificar la finalidad de una ley del Congreso de la Nación con excepciones reglamentarias» que, en este caso, «terminan modificando la ley de Cine en cuanto a su finalidad y bienes jurídicos que esta fomenta y protege».
El Decreto 662/24, cuya validez objeta, «reglamenta cuatro artículos de la ley para introducir nuevas restricciones y condiciones para la entrega de subsidios y modificar los criterios para la cuota de pantalla», lo que «contradice el objetivo principal de la ley del Cine, que es fomentar la producción cinematográfica nacional tomando como base la difusión de nuestra cultura a través del cine y no vista del parámetro de un negocio».
«Creer que lo nacional ‘es malo’ contra lo importado que es ‘mucho mejor’ ha atravesado toda nuestra cultura y el cine no está excluido de esto».