El abogado que patrocina al hombre que denunció a Domingo Pacheco de haberlo violado cuando el primero era un adolescente menor de edad y el segundo un cura párroco de Esquina, doctor Carlos Coria, se refirió al pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló el fallo condenatorio a 13 años del segundo juicio por violar las garantías constitucionales, sentando un precedente para otros casos similares donde el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia ordenó hacer un segundo juicio por el mismo delito a un acusado. «La Corte lo que hace es poner en caja una situación de arquitectura judicial procesal que tiene Corrientes desde los años setenta que data nuestro viejo Código Procesal Penal que teóricamente llamamos Identidad del juzgador», es decir, la situación de todo el proceso penal llevado con Pacheco llega a punto cúlmine en Corrientes con un recurso de casación interpuesto de la defensa en donde los ministros del Tribunal Superior de Justicia en función de jueces de casación resuelven rechazar dicho recurso cuando antes ya habían intervenido en el mismo proceso penal revocando una sentencia absolutoria del primer juicio al cura Pacheco. Eso significa que se pierde totalmente la imparcialidad de los jueces que exige la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional», explicó debidamente el letrado en una larga entrevista realizada por un medio de la localidad donde tuvo origen el caso con la denuncia realizada en 2011, cinco años después de la agresión sexual cometida en el predio de una iglesia.
«Los jueces no solamente tienen que ser imparciales, sino también impartiales, es decir, no tienen que ser parte en el proceso. En la primera intervención donde revocan la sentencia absolutoria el superior en función de casación ingresó en el fondo del expediente y analizó un montón de cuestiones que sucedieron en el debate o en el juicio oral y público para tomar la decisión de revocar la sentencia y mandar a realizar un nuevo juicio», profundizó el querellante quien admitió que tras el inesperado revés no hay nada que hacer y el religioso debe recuperar la libertad una vez homologado el fallo por la Corte provincial, que suma un nuevo bochorno a su desempeño institucional que su suma a otros graves fallidos