Energy Star funciona desde 1992 como una alianza público-privada para etiquetar electrodomésticos, productos electrónicos y edificios eficientes. Más del 90% de los hogares estadounidenses reconocen su sello. El programa también ha sido clave para acceder a beneficios impositivos y para orientar decisiones de consumo sustentables.
La posible eliminación del programa generó un fuerte rechazo tanto en sectores ambientalistas como en la industria tecnológica. “Eliminar Energy Star contradice directamente la promesa de reducir los costos energéticos para los hogares”, advirtió Paula Glover, presidenta de la coalición Alliance to Save Energy, al medio CNN. Según datos oficiales, por cada dólar invertido por el Estado, Energy Star genera un ahorro de 350 dólares para los consumidores.
El cierre no solo afectaría a consumidores: también pondría en jaque otros programas que dependen de las divisiones técnicas de la EPA, como el reporte oficial de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos y acuerdos voluntarios con empresas para reducir la contaminación.
Un estándar internacional con impacto más allá de EE.UU.
El sello no solo se utiliza en productos del hogar: también se aplica en oficinas, escuelas, hospitales y hasta centros de datos. Según datos de la propia EPA, más de 39.000 edificios comerciales han recibido la certificación Energy Star por cumplir con criterios de ahorro energético en comparación con construcciones similares.
Además, muchas empresas de tecnología y electrónica de consumo fabrican productos alineados con los criterios del programa para mantener su competitividad global, lo que amplifica el impacto del sello incluso en mercados donde no está formalmente adoptado. Por eso, su posible eliminación podría generar efectos indirectos en estándares de diseño y fabricación a nivel internacional.
Qué pasa en Argentina: sin Energy Star, pero con su propio sistema de eficiencia
Este etiquetado está regulado por la Secretaría de Energía y busca informar al consumidor sobre el consumo de energía y promover la compra de productos eficientes. Se aplica en heladeras, lavarropas, aires acondicionados y otros productos de uso doméstico.
En el caso de los edificios, existe la Norma IRAM 11900, que establece una etiqueta de eficiencia energética obligatoria para construcciones nuevas que se conecten a la red de gas natural. La clasificación también va de la letra “A” a la “H”, y busca incentivar construcciones más eficientes térmicamente.
Además, el Estado nacional impulsa programas como el PROUREE (Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía), aplicado en edificios públicos. También se promueven auditorías energéticas y capacitaciones para PyMEs, con el objetivo de reducir el consumo, los costos y las emisiones contaminantes. Aunque no se utilice el sello Energy Star, la eficiencia energética es un eje de política pública creciente en el país.
Por este motivo, el impacto de esta iniciativa de Trump no se sentiría en Argentina, a pesar de que los argentinos tienen visto el logo en distintos dispositivos hogareños, desde aquellas computadora viejas con DOS.