La organización criminal captaba víctimas mediante perfiles falsos y simulaba causas penales para exigir dinero. La investigación se profundizó tras el suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos, dejando al descubierto una red de extorsión digital con base en penales bonaerenses.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, brindaron detalles sobre la desarticulación de la banda conocida como la «Pyme del delito». Según informaron las autoridades, esta banda es la responsable de haber extorsionado a Rodrigo Gómez, un joven soldado de 21 años que se quitó la vida el pasado 16 de diciembre mientras cumplía funciones en la Quinta Presidencial de Olivos. La organización criminal se valía de teléfonos celulares dentro de las prisiones para captar personas a través de perfiles ficticios en plataformas digitales, desplegando maniobras de hostigamiento que incluían falsas acusaciones legales.
La mesa de exposición estuvo integrada también por los responsables de las fuerzas: el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el Comandante General de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.
El engaño y el modus operandi de la red
La investigación, que incluyó 55 días de escuchas telefónicas y múltiples allanamientos, reveló que la banda utilizaba la aplicación Evermatch para contactar a sus víctimas. Bajo la identidad falsa de «Julieta Ayelén Cardozo», los delincuentes iniciaban un vínculo que rápidamente derivaba en una pesadilla. Una vez establecido el contacto, un supuesto comisario —cuya identidad era usurpada por los criminales— se comunicaba con los damnificados para acusarlos de mantener conversaciones con una menor de edad.
Para profundizar la presión psicológica, el líder de la banda enviaba audios simulando ser la madre de la supuesta niña afectada, amenazando con realizar denuncias penales. En el caso del soldado Gómez, el pánico y el acoso sistemático lo llevaron a transferir un total de $1,4 millones de pesos, repartidos en cuatro envíos a diversas billeteras virtuales en un lapso de apenas 24 horas. Según los investigadores, el objetivo de la banda era utilizar la vulnerabilidad de las personas para exigir sumas millonarias, manejando también una red de «viudas negras» y un mercado de compra y venta de armas ilegales.
Allanamientos en el conurbano
El operativo policial incluyó allanamientos simultáneos en objetivos vinculados a la organización en las localidades de Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande. Asimismo, se realizaron procedimientos dentro de la Unidad Carcelaria N.º 36 de Magdalena. Como resultado, se identificó como cabecillas a Tomás Francavilla (TMF) y Mauricio Duarte Areco (MJDA), mientras que KMS fue señalado como integrante de la banda. También fueron detenidas Iara Cosentino (IAS), Karen Cufré (KYC), CAM y EYT, quienes cumplían el rol de recaudadoras fuera del penal.
Por su parte, la jueza Arroyo Salgado destacó el trabajo coordinado entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal. La magistrada advirtió sobre el peligro del uso irrestricto de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios, calificando al dispositivo como un «arma letal» en este contexto. En la misma línea, Manuel Adorni enfatizó que no se puede permitir que los internos posean estas herramientas para gestionar empresas delictivas desde sus celdas.
UN CELULAR EN MANOS DE UN PRESO ES UN ARMA
Desarticulamos una banda que operaba desde cárceles bonaerenses como una verdadera pyme del delito: creaban perfiles falsos en aplicaciones de citas, armaban causas penales simuladas, amenazaban y extorsionaban a sus víctimas. Además,… pic.twitter.com/LngTEvZoqY
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 9, 2026
Cabecillas y estructura desde la prisión
La justicia identificó como líder de la estructura a Tomás Francavilla, un joven de 22 años con antecedentes por robo a mano armada que comandaba las acciones desde su celda. El «doble comando» en la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena se completaba con su compañero de celda, Mauricio Duarte Areco, de 24 años, quien también posee una condena previa por robo agravado. Estos internos dirigían las operaciones mientras sus parejas se encargaban de la logística externa.
Iara Cosentino, novia de Francavilla, y Karen Cufré, pareja de Duarte Areco, fueron señaladas como las principales responsables de cobrar los botines. Ellas, junto a otros familiares, operaban las cuentas donde se depositaba el dinero de las extorsiones. La fluidez en la comunicación entre los reclusos y las mujeres en el exterior era fundamental para coordinar los retiros de efectivo. Como resultado del operativo, tres internos fueron trasladados a una cárcel federal bajo régimen de Alto Riesgo, donde permanecen aislados e incomunicados, mientras que otras cuatro personas fueron detenidas fuera de los penales.
El caso que conmocionó a la Quinta de Olivos
Rodrigo Andrés Gómez, oriundo de Formosa, se desempeñaba como soldado voluntario del Ejército Argentino afectado a la custodia del predio presidencial. Su hallazgo sin vida con un impacto de bala en la cabeza en su puesto de guardia generó una investigación inmediata a cargo del Juzgado Federal de San Isidro. Junto a su cuerpo, el joven dejó un escrito que hacía referencia a «policías corruptos», lo que inicialmente orientó las pesquisas hacia su entorno digital y económico. El peritaje del teléfono móvil de la víctima fue la pieza clave que permitió reconstruir el calvario de acoso psicológico y financiero al que fue sometido.
Con información de Infobae, BAE Negocios y NA.