Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau propuso la creación de «un sistema local de control de patrimonios ilícitos». El especialista entendió que esta herramienta contribuye a la «detección temprana» del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ante la «ineficiencia del sistema nacional».
El conferencista disertante es también director del posgrado de Prevención Global de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue invitado por la cartera provincial para disertar en este encuentro que tuvo por temática el «Narcotráfico y lavado de dinero: los nuevos desafíos en materia de políticas públicas e investigación criminal».
El experto inició su exposición explicando que «en materia de lavado de dinero, las estadísticas son insuficientes», por lo que valoró «el análisis casuístico». Por ello es que describió circunstancias del caso «El clan Álvarez Meyendorff», que se dio hace unos años en Buenos Aires con una familia colombiana de narcotraficantes.
El líder de esta banda fue detenido en Ezeiza en 2011 y extraditado en 2013 a Estados Unidos en el marco de un proceso de cooperación internacional. En abril de 2012, en la operación llamada «Luis XV» a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora N°2, se ordenaron 80 allanamientos, se realizaron 35 detenciones y se decomisaron 280 kilogramos de cocaína, descubriéndose la que puede considerase la mayor red de lavado de activos del narcotráfico que haya operado en el país. Varios miembros de la familia Álvarez Meyendorff están procesados por este delito.
Así fue que Marteau explicó que «los involucrados en este ilícito primero inician un proceso de radicación, obteniendo documentación, constituyendo sociedades, comprando propiedades y participando en actividades rentables». Agregó que «hacen uso del sistema bancario, exteriorizan capitales y se integran a la vida cotidiana del lugar».
Luego alertó al decir que «si los narcotraficantes se vuelven fuertes en el país, los que sufren son los propios políticos porque ven condicionada su capacidad y obviamente la sociedad misma que ve como empresas criminales se montan al lado de sus casas».
El experto consideró que «existe una vulnerabilidad en el sistema nacional de detección de lavado de dinero». Además de catalogar como «ineficiente el funcionamiento de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)», sostuvo que «el blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno nacional en 2009 permitió a narcotraficante lavar dinero». Seguidamente mencionó también como otras actividades que apelan al lavado, el contrabando, la corrupción y la evasión.
Fue así que propuso encaminar acuerdos y acciones tendientes a un «sistema local de control de patrimonios ilícitos», mediante la «creación de una unidad de análisis patrimonial en la estructura del gobierno local». Agregó que «la Provincia puede tener un dispositivo institucional que ayude a prevenir eventuales patrimonios ilícitos».
Señaló que «para ello se debe dar un cruzamiento informativo entre diversas instituciones como ser Rentas, Habilitaciones, el Juego, Registros, Catastro y otros». Indicó que los objetivos son «identificar clientes de riesgo para el gobierno local, analizar los perfiles patrimoniales identificando el origen, cruzar información en las bases de datos del gobierno y realizar informes a la administración y auxiliar a la justicia».
Marteau concluyó su exposición elogiando la articulación que existe en Corrientes entre las distintas fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales e instó a la colaboración entre los sectores privados y estatales en materia informativa para «generar una estructura de detección temprana» del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros ilícitos. «Celebro esta invitación del Ministerio de Seguridad, nuestra fundación sólo va a los lugares donde vemos un compromiso real y donde las autoridades asumen esta problemática como un desafío clave», finalizó el experto.