Grupos políticos y cívicos de Perú iniciaron una campaña de recolección de firmas para tratar de forzar, mediante un referendo, que se celebren elecciones generales anticipadas ante la falta de definiciones concretas por parte del Ejecutivo y del Congreso.La campaña, que comenzó esta semana con el pedido de planillas oficiales para reunir firmas, es «un primer proceso político para unificar el sentir mayoritario de la ciudadanía”, le dijo a Télam Jarek Tello, representante legal del Partido Morado (PM), fuerza de centro que lidera la iniciativa al lado de al menos 36 organizaciones de alcance departamental.
A pesar de que las encuestas muestran que más de 90% de la ciudadanía pide elecciones generales anticipadas y que unas 60 personas murieron desde diciembre en movilizaciones exigiendo este reclamo, el Gobierno, y sobre todo el Congreso, ambos fuertemente desprestigiados, dilataron avanzar con el asunto.
Así, en sectores ciudadanos se instala la idea de que la presidenta Dina Boluarte y los congresistas pretendan quedarse hasta 2026, cuando termina el período original, pese a que analistas como Paulo Vilca ven prácticamente imposible que puedan lograrlo.
Tello, cuyo partido tiene como principal figura al expresidente interino Francisco Sagasti, indicó que la primera tarea será reunir las algo más de 75.000 firmas (0,3% del padrón electoral) que se necesitan para plantear un referendo que, de todas maneras, necesitaría del visto bueno de al menos 66 de los 130 congresistas.
Ante la falsa actuación del @congresoperu en no llegar a un consenso y la negativa de la presidenta Boluarte en renunciar, es crucial el fortalecimiento y la unidad ciudadana para lograr un adelanto de elecciones generales. Es momento de involucrarse. #ReferéndumYa. pic.twitter.com/rSaplIMVJy
— Partido Morado (@partidomorado) February 21, 2023
Ese número, según el abogado del PM, puede conseguirse con presiones de los movimientos departamentales sobre sus actuales legisladores.
La fuerza política tomó la iniciativa después de que sus principales dirigentes, tras una reunión privada con Boluarte, quedaron con la sensación de que la mandataria, a pesar de sus dichos, no se percibe a sí misma como una gobernante de transición que debiera salir anticipadamente.
“Esta respuesta refleja su falta de voluntad (de Boluarte) para abordar la crisis y su evidente interés en permanecer en el poder, a pesar de los fuertes cuestionamientos sobre su legitimidad en el cargo y las lamentables muertes producidas durante las protestas que piden con urgencia un adelanto de las elecciones generales”, señaló el PM en un pronunciamiento suscrito además por las agrupaciones regionales, varias de ellas con fuerte influencia en sus jurisdicciones
“De igual manera, se ha evidenciado que la mayoría del Congreso no tiene ninguna voluntad para convocar elecciones generales para este 2023, ni para los años siguientes. Su desconexión con la realidad nacional es una muestra clara de la superposición de sus intereses personales frente al real interés de la población”, agregó.
Aunque el Congreso aprobó en principio unas elecciones anticipadas para abril de 2024, todo volvió al limbo cuando los propios legisladores, por insistencia de Boluarte, dejaron atrás ese acuerdo para debatir la idea de que por la urgencia los comicios fueran ya en octubre de este año.
Pero diversos proyectos en ese sentido, incluido uno presentado por el Ejecutivo, fueron derrotados con diversos argumentos, por lo que, al margen de que el tema se mantenga abierto, no hay avances reales.
Tello indicó que el trabajo apunta a crear las condiciones para que el referendo se realice a mediados del año, aunque admitió que ya es “más realista” pensar que las elecciones se hagan en 2024 por la forma como corren los plazos.
Además, el dirigente aclaró que los comicios propuestos deben tener las características de los ordinarios, es decir, que quienes resulten elegidos para el Ejecutivo y el Legislativo lo sean por cinco años, en lugar de la propuesta que manejan varios congresistas de unos comicios “complementarios”, que solo generarían autoridades hasta julio de 2026, fin del actual mandato.
La realización de elecciones anticipadas requiere de una modificación constitucional transitoria, que ya tiene antecedentes en Perú, cuando en 2001, tras la caída del gobierno autoritario de 10 años de Alberto Fujimori, se hicieron comicios bajo la presidencia interina consensuada en el Congreso de Valentín Paniagua.
Una reciente encuesta de la firma Ipsos señaló que un 70% de los ciudadanos quiere que las elecciones sean este año, frente a un 22 % que las prefiere en 2024, contra apenas un 7% que pide que las cosas continúen como están hasta 2026.
Entretanto, los mismos sondeos indican que la desaprobación popular a Boluarte se acerca a niveles récords próximos a 80%.
La idea de seguir hasta 2026 solo es defendida en forma explícita por dos partidos de derecha dura, Renovación Popular y Avanza País. En las demás bancadas, de derecha e izquierda, se afirma que sí se quiere el adelantamiento, pero en el momento de resolverlo con votos en el plenario el asunto queda empantanado.
Boluarte no renuncia
Otra posibilidad constitucional para anticipar los comicios es que renuncie Boluarte, quien desde el 7 de diciembre reemplaza al destituido -y preso- Pedro Castillo, ya que eso le entregaría la jefatura de Estado interina al presidente del Congreso, José Williams, quien sí estaría obligado legalmente a convocar los comicios a la mayor brevedad posible.
Pero Boluarte, quien ha generado con varias bancadas una alianza que en opinión de Vilca es menos fuerte de lo que se pretende aparentar, descarta por completo la posibilidad de dimitir, con el argumento de que quienes quieren su salida, contra lo que indican los sondeos, son “sectores minoritarios, radicales y violentos”.
El anunciado propósito original de la presidenta de quedarse hasta 2026 desató protestas en todo el país, aunque con mayor intensidad en los siempre postergados Andes sureños, las que no se aplacaron cuando la mandataria retrocedió en esa posición y dijo que sí es partidaria de que haya elecciones en 2023, pero sin efectos reales.
Cuarenta y ocho civiles murieron en acciones de las Fuerzas Armadas; un policía fue incinerado por manifestantes y otras 11 personas fallecieron por consecuencias colaterales a la protesta. Los heridos se cuentan por centenares, en medio de denuncias de organizaciones nacionales y extranjeras sobre violaciones graves a los derechos humanos.
Las protestas amainaron en los últimos días, pero analistas creen que se trata solo de un repliegue por cansancio y que la acción probablemente volverá al no estar superadas las causas del malestar ciudadano.
En ese marco surgió la iniciativa del PM y sus aliados regionales -entre los que hay varios que ostentan o han ostentado gobiernos departamentales-, la que, aclaró Tello, está abierta a todos los sectores sociales, gremiales, sindicales y estudiantiles que quieran sumarse.