La Justicia de Chubut avanza en la investigación contra un médico acusado de falsificar certificados de aptitud psicofísica para la obtención de licencias de conducir. En una audiencia realizada el sábado 1 de marzo, el juez penal Fabio Monti ordenó la prisión preventiva del imputado, Diego Alejandro Soto Payva Plieticosich, por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la causa.
Según la acusación presentada por la fiscal general Julieta Gamarra y el funcionario Joaquín González, desde mayo de 2023 hasta enero de 2025 se habrían falsificado al menos 35 certificados en el Centro Médico Gaiman SRL, establecimiento que pertenece al imputado. La maniobra consistía en utilizar hojas en blanco con el sello de la psicóloga Julieta Ibarra, quien había dado de baja su matrícula en abril de 2023 y dejó de ejercer. A pesar de ello, los documentos se seguían emitiendo con su firma falsificada, lo que permitía otorgar licencias a personas que no cumplían con los requisitos psicofísicos.
Los investigadores sostienen que Soto Payva estaba al tanto de esta irregularidad y que incluso él mismo o algún dependiente eran los responsables de completar los formularios. Posteriormente, el médico certificaba la supuesta aptitud psicofísica del solicitante, avalando documentos adulterados.
La fiscalía solicitó la prisión preventiva por seis meses debido a la gravedad del delito y a la posibilidad de que la maniobra se haya extendido a Trelew y Dolavon. Además, argumentaron que la pena en expectativa podría alcanzar los 50 años de prisión, lo que aumentaría el riesgo de fuga.
Por su parte, el abogado defensor Fabián Gabalachis cuestionó la calificación del delito y sostuvo que no se trata de 35 víctimas individuales, sino de un solo perjuicio a la fe pública, por lo que la pena podría oscilar entre uno y seis años. También solicitó que su defendido acceda a una medida alternativa, como arresto domiciliario, al considerar que no existe riesgo de fuga.
Finalmente, el magistrado resolvió abrir la investigación penal preparatoria con un plazo de seis meses y ordenó la prisión preventiva del acusado por un mes, pudiendo revisarse la medida si surgen nuevas circunstancias en el caso.
Fuente: Ministerio Público Fiscal