EL 24 DE NOVIEMBRE, EL ESCUADRÓN Nº 7 DE LA GENDARMERÍA NACIONAL DE PASO DE LOS LIBRES REALIZÓ UN ALLANAMIENTO EN UNA ARROCERA DE CURUZÚ CUATIÁ Y CONSTATÓ QUE SERÍA EXPLOTADA EN FORMA ILEGAL POR UNA FIRMA DE ENTRE RÍOS, Y ADEMÁS LA EXISTENCIA DE UN TERRAPLÉN SOBRE EL RÍO MIRIÑAY QUE IMPEDÍA EL NORMAL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS.
La sede municipal de Perugorría fue el lugar de encuentro ayer de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, con los representantes de las arroceras de la zona de la cuenca del río Corriente, funcionarios municipales y del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente.
Del encuentro, en donde se planteó la preocupación y la indignación que generaron las imágenes viralizadas de cómo las bombas de extracción de agua de la firma multinacional Adecoagro absorbían en forma simultánea miles de litros de agua por minuto del río Corriente, contribuyendo a perjudicar a los pequeños arroceros río abajo, como también a los productores ganaderos, se llegó a un principio de acuerdo. Según se pudo saber, durante el encuentro se hizo un pedido a la empresa y los representantes se comprometieron a utilizar sólo una bomba de extracción de agua. Mientras que por parte del Icaa, se estableció el compromiso de control de recorrer todos los emprendimientos arroceros ubicados a lo largo de la cuenca del río Corriente para verificar el uso racional y equitativo del agua. Para ello se supo que el interventor del Icaa, Mario Salvia, designó al personal que recorrerá y verificará el cumplimiento del acuerdo. «Ojalá que se respete, porque hubo preacuerdos en años anteriores sobre el uso racional del agua del río que no se cumplieron», dijo el viceintendente de Perugorría, Ubaldo Leiva, durante una entrevista con radio Sudamericana, en la que también señaló: «En la reunión se habló de la enorme pérdida que puede ser para la provincia de Corrientes con esta situación que se está dando con respecto a la producción que realmente es muy importante».
«Una de las empresas tiene 11.000 hectáreas plantadas, y con sus bombas extrae la misma cantidad de agua que lo que obtienen los pequeños productores de arroz de la zona, que tienen plantadas entre 200 y 400 hectáreas, que están río abajo y que hoy no tienen para regar su arroz», detalló.
El viceintendente de Perugorría dijo: «La empresa manifestó que ellos tienen tres bombas sobre el río y que el resto son bombas internas. De esas tres sólo una usarán, más allá de que tienen un reservorio y la necesidad de que paren las bombas y comiencen a usar esos reservorios que era el pedido de los productores».
«Más allá del impacto ambiental que viene desde hace algunos años, pero también tiene que ver con la falta de precipitaciones y todo tiene que ver con todo. Hay productores ganaderos que tienen muchas cabezas que dependen del agua del río y cuando se ven afectados el daño no sólo es a la plantación, también para el ganado», concluyó.
Vale destacar que, según las fuentes consultadas, las gigantescas bombas de la firma Adecoagro que se observan en el video, son parte de un complejo de siete baterías de esas máquinas que extraen el agua del río que proviene de los Esteros del Iberá. El agua es usada para regar los sembradíos de la firma multinacional, que además dicen, cuatriplicaría el cupo asignado de siembra y perjudicaría severamente la ecología y el ambiente natural de ese recurso hídrico de la provincia.
El lugar de las bombas está ubicado unos kilómetros aguas abajo del puente del Paso López, de la Ruta Provincial 24 de acceso a Perugorría, en el río citado, en la estancia «Santa Irene», muy cerca de Palmita, a 10 kilómetros de Perugorría.
Explotación y terraplén
Como parte de una investigación que llevó adelante la Gendarmería Nacional con efectivos del Escuadrón Nº 7 de Paso de los Libes, junto con la Fiscalía Rural y Ambiental a cargo del Dr. Gerardo Cabral, se realizó un allanamiento el jueves 24 de noviembre de 2022. Según informaron, se realizó el operativo en la Estancia «Santa Victorina», propiedad de la familia Perazzo, en la que se constató la existencia de una arrocera que sería ilegal, explotada por una firma de San Salvador, Entre Ríos, Marcos Schmukler SA, y además un terraplén sobre el río Miriñay que impedía el normal escurrimiento de las aguas, ocasionando a los campos aguas abajo innumerables inconvenientes, además de destruir toda la biodiversidad del río al dejarlo seco. Se informó que en ese contexto «se dio intervención al Icaa para que realice los controles pertinentes, al ser el órgano de aplicación y garante de todas las cuencas hídricas de la provincia de Corrientes, conforme al Código de Aguas vigente». No obstante, la unidad fiscal avanzaría la semana próxima con las imputaciones por los delitos de Usurpación de Aguas previstos y penados por el art. 182 del Código Penal, contra los responsables de este hecho delictivo. Además se evalúa la posibilidad de un amparo ambiental para salvaguardar la vida acuática del río Miriñay