El reclamo de los prestadores de discapacidad volvió a ganar centralidad en la agenda pública tras un fallo judicial que intimó al gobierno nacional a implementar, sin más demoras, la Ley de Emergencia en Discapacidad. A la par de esa resolución, el sector advirtió que la situación es límite: ajustes, deudas acumuladas y una marcada falta de empatía por parte de los funcionarios nacionales configuran un escenario que consideran insostenible.
La correntina Marcela Kriscovich, titular de Prestadores de Discapacidad, expresó su profunda preocupación por la inacción del Ejecutivo, incluso después de la intimación judicial. «Mi opinión es que el gobierno va a tratar de dilatar todo lo que pueda. Son realmente crueles», afirmó en declaraciones a Radionord, al tiempo que cuestionó lo que definió como un «relato oficial» que no se condice con los hechos.
La referente recordó que, de haberse iniciado la aplicación de la ley, el procedimiento debería haber sido publicado en el Boletín Oficial. «No ha salido nada. Nos subestiman y nos tratan como ignorantes», sostuvo, marcando el malestar de un sector que desde hace meses reclama respuestas concretas.
Según explicó Kriscovich, el sistema de discapacidad atraviesa una crisis profunda que combina ahogo financiero y desgaste emocional. «Los profesionales estamos endeudados, esperando y pidiendo que nos paguen. Los ajustes se reflejan en la reducción de sesiones y en la falta de autorización de prestaciones indicadas por los médicos tratantes», detalló.
La demora en los pagos es uno de los puntos más críticos. «Estamos terminando enero y todavía estamos esperando cobrar noviembre. En algunos casos, hay profesionales a los que se les adeuda desde agosto», señaló. A esto se suma la situación de distintas obras sociales, como Iosfa, que acumulan varios meses de deuda sin brindar respuestas a los reclamos presentados.
En paralelo, la Justicia Federal fijó un ultimátum claro. Un fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dispuso que la Ley de Emergencia en Discapacidad deberá estar plenamente operativa antes del 4 de febrero. El magistrado otorgó diez días hábiles al Poder Ejecutivo para garantizar su aplicación integral y exigió al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que informen, en cinco días, el estado real de avance de las medidas.
La resolución, dictada en plena feria judicial, advierte además que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse multas diarias a funcionarios nacionales de alto rango. Desde las organizaciones que impulsaron el amparo subrayan que ya pasaron más de 130 días desde la entrada en vigencia de la ley sin que se haya implementado efectivamente.
El fallo establece puntos clave que el gobierno debe cumplir: actualización de aranceles para prestadores desde enero de 2025, un plan de pago de deudas acumuladas, la apertura del programa ARCA para refinanciación, nuevos valores para las prestaciones y el decreto reglamentario de la Ley 27793, que continúa con meses de atraso.
Para el colectivo de familias, personas con discapacidad y prestadores, la resolución judicial representa un límite a las dilaciones administrativas. Sin embargo, advierten que el Ejecutivo podría intentar prolongar el conflicto, lo que derivaría en nuevos amparos en distintas jurisdicciones del país.
En ese contexto, también reclamaron una mayor participación de los actores sindicales y exigieron a la CGT que asuma un rol activo, con diálogo y acciones concretas en defensa de derechos que consideran vulnerados.
«Debemos seguir organizados y no bajar los brazos», concluyó Kriscovich. «Este gobierno muestra empatía solo para los temas que le interesan, pero con nuestro colectivo tiene cero empatía y actúa con crueldad». Una definición que sintetiza el clima de un sector que, entre la urgencia económica y el desgaste humano, espera que el ultimátum judicial marque un punto de inflexión.