Una fiscal pidió este miércoles que sean condenados a prisión perpetua siete expolicías bonaerenses acusados de ser coautores de la denominada «Masacre de Wilde», un emblemático caso de «gatillo fácil» cometido en 1994 en esa localidad del partido de Avellaneda, donde cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos policiales vestidos de civil que presuntamente los confundieron con delincuentes y los mataron a sangre fría.El pedido fue formulado por la fiscal Viviana Simón al alegar ante el Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, a cargo del debate.
Los acusados son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el exoficial Osvaldo Lorenzón; los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek; y los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, quienes llegaron al debate en libertad y acusados de asesinar a Edgardo Cicutín, Norberto Corbo, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa y de intentar matar al único sobreviviente Claudio Díaz.
Durante su alegato, la fiscal manifestó que en base a todos los elementos mencionados, analizados y valorados en el juicio se puede «tener por acreditado no solo el hecho sino también la coautoría penalmente responsable en el mismo de todos los procesados”.
Para Simón existió entre los imputados un «acuerdo previo para matar entre todos», ya que la prueba demuestra que «se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas», a las que emboscaron en la zona de Wilde.
«La acción de cada imputado no es de un mero partícipe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho», aseveró la representante del Ministerio Público al calificar el hecho como «un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado».
Por tal motivo, Simón pidió que los siete expolicías que son sometidos a juicio sean declarados «coautores penalmente responsables del delito de ‘homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”.
Además pidió que, de ser condenados, todos ellos queden «inmediatamente detenidos».
El juicio empezó el 17 de octubre de este año y continuará este jueves a las 9 con transmisión en vivo a través del canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando sea el turno del alegato del abogado Ciro Annicchiarico, quien representa a Raquel Gazzanego, esposa de Edgardo Cicutín, uno de los hombres asesinados en el hecho, a sus hijos y a Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre.
Raquel, en diálogo con Télam, dijo que el alegato de la fiscalía fue «muy bueno» y que «es necesario llegar a una justa justicia, no solamente para que me digan quién mandó a Edgardo sino también ‘por qué’ se confundieron y la razón de ese ‘lamentable error’ como ellos (los imputados) siempre dijeron que cometieron».
A su vez, la mujer agregó que la presentación de la fiscalía fue «contundente» porque «pidió una sentencia por las mismas cosas que vengo pidiendo».
«Fue un ‘pelotón de fusilamiento´ contra el auto de Claudio (Díaz, el único sobreviviente de la Masacre, quien fue uno de los testigos claves del juicio, que trabajaba y manejaba el auto en el que iba Cicutín el día del hecho), contra Edgardo y contra el auto de Norberto Corbo donde iban Bielsa y Mendoza».
«Pone en claro que no es solamente culpable aquel que haya gatillado contra alguien en concreto sino que hace responsable a todos y, principalmente, también nombra a la falta de respuestas del Estado, no solamente por la falta de Justicia, que tuvimos que esperar mas de 28 años. sino la indefensión por parte del Estado a todas nosotras, a todas las víctimas», concluyó Gazzanego.
Por su parte, Patricia Corbo, la mujer del remisero asesinado Norberto Corbo dijo a Télam estar contenta de que «se haya llegado finalmente al juicio oral» y agregó, respecto al alegato de la fiscalía, que fue «totalmente preciso y que no pasó por alto ningún detalle».
«Fue más que reconfortante para mi», dijo la mujer, quien también agradeció a los medios de comunicación y a los abogados querellantes que participan en el debate.
«Lo que mas deseo, como dice Raquel, que lo dice una y otra vez para que se grabe en la cabeza de todos, no solamente por nosotras sino por muchos como nosotros, que siempre se llegue a una Justa Justicia», concluyó Patricia.
La «Masacre de Wilde»
Ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Norberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Eduardo Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces clon pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi.
Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de «cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa», por la única víctima del ataque que sobrevivió.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que «aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos».